Muñoz advierte que el debate sobre la vivienda no puede desvincularse de la discusión más amplia sobre la distribución del ingreso. “El acceso a la vivienda en realidad configura una cuestión más estructural, que tiene que ver con la distribución del ingreso, con la desigualdad”, argumenta, sugiriendo que la intervención estatal en el mercado de alquileres es esencial en la lucha contra las desigualdades económicas. En este contexto, se hace imperativo reconsiderar las políticas actuales que, bajo la influencia de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, promueven la desregulación del mercado inmobiliario.
Historia reciente: alquileres congelados y el auge de propietarios
La historia argentina ofrece ejemplos concretos de cómo las políticas de vivienda pueden moldear una sociedad. Durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen en la década de 1920, se tomaron medidas drásticas para contrarrestar las crecientes desigualdades. En respuesta a la huelga inquilina de 1907, Yrigoyen “congela el precio de los alquileres, retrotrae los precios 12 meses para atrás” en un intento por aliviar la carga económica sobre los trabajadores.
Un ejemplo más impactante es el del gobierno de Juan Domingo Perón, quien no solo congeló los precios de los alquileres, sino que también prohibió que las viviendas vacías permanecieran sin arrendar por más de tres meses. “En 1949, la Constitución argentina plantea la función social de la vivienda”, explica Muñoz. Este enfoque no solo protegía a los inquilinos, sino que fomentaba el acceso a la propiedad de la vivienda. Así, el porcentaje de propietarios en el Gran Buenos Aires aumentó notablemente, pasando del 43% en 1947 al casi 70% a principios de la década de 1960.
La regulación estatal del mercado de alquileres logró que “una familia destinaba solamente el 2.6% de su salario al pago del alquiler”. Este incremento en el acceso a la propiedad demostró que intervenir en el mercado de la vivienda no solo es justo, sino también viable, dado que tal intervención fomenta una distribución más justa de los recursos económicos. Lamentablemente, estas políticas comenzaron a revertirse con el advenimiento de sucesivas dictaduras y políticas neoliberales que apostaron por la desregulación del mercado.
El desafío de la desregulación en el neoliberalismo
Con la llegada de los años 80 y la consolidación de las políticas neoliberales, acompañadas por una creciente desregulación del mercado, se comenzó a desandar el camino hacia una sociedad más equitativa. Muñoz denuncia cómo estas políticas han permitido que “la patria rentista” resurja, beneficiando a un puñado de propietarios a costa de la mayoría inquilina. En la actualidad, familias enteras destinan hasta el 50% de sus ingresos al pago de un alquiler, una situación insostenible que profundiza aún más la desigualdad.
Este es el contexto en el que Muñoz y otros defensores de los derechos de los inquilinos buscan “que el precio del alquiler debe ser tratado de igual forma que el resto de los precios de la economía”. ¿Por qué no puede el Estado regular el precio de los alquileres, como se hace con los alimentos y los medicamentos, se pregunta Muñoz? “Esa es la gran pelea que nosotros tenemos que dar para recuperar lo que la última dictadura destruyó”.
El problema, según Muñoz, radica en que sectores económicos se han acostumbrado a hacer negocios rentables con una necesidad básica como la vivienda. “Eliminó la posibilidad de que hacer negocios con la necesidad de vivienda de otro sea rentable”, reflexiona en referencia a las políticas peronistas. Hoy, sin embargo, estas prácticas se han naturalizado, fomentando desigualdades que parecen insalvables dentro del marco actual.
La batalla por el futuro: volver a regular para igualar
Ante este escenario, las organizaciones de inquilinos tienen una tarea monumental por delante. Ellos buscan que “el Estado que tenga una actitud siempre para garantizar que cualquier persona pueda acceder a la vivienda de forma digna”. En sus esfuerzos, están preparando una reunión con el Secretario de Comercio, donde argumentarán que el rol regulador del Estado es esencial para garantizar la función social de la vivienda.
Como sociedad, enfrentamos el reto de desnaturalizar las prácticas de la renta descontrolada y reconocer que “la renta no genera ningún empleo”. En lugar de facilitar una vida digna, permite una transferencia de los salarios de las mayorías hacia una minoría privilegiada. Según Muñoz, la única salida es “desarmar, desnaturalizar” este esquema de desigualdad.
La discusión sobre el futuro de la vivienda no es una mera cuestión de números o políticas. Es, en última instancia, una cuestión de justicia social, equidad y los valores que queremos promover como comunidad. La batalla por la regulación del mercado inmobiliario representa una oportunidad para que el Estado reafirme su rol como garante de derechos fundamentales, como el acceso a una vivienda digna, y que sirva, además, como un contrapeso frente a las fuerzas del mercado que buscan lucrar con la necesidad de otros. A través de estas acciones, se espera no solo mejorar la calidad de vida de millones de personas, sino también avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa.
