La noticia del posible retiro de los subsidios nacionales al transporte público en la Ciudad de Buenos Aires ha generado un gran debate sobre el impacto que esta acción podría tener, especialmente en la clase trabajadora. Para Jonathan Valdivieso, del Observatorio de Derecho a la Ciudad, son varias las dimensiones y aspectos que deben considerarse al abordar esta medida.
Valdivieso resalta que “esta discusión se tiene que abordar en varias dimensiones o temas que están entrelazados”. El primer aspecto clave es el traslado de la competencia de Administración de Servicios Públicos de Colectivos Internos a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este cambio, afirma, podría facilitar la regulación del servicio público de transporte de colectivos y abrir el debate sobre la conveniencia de que este servicio sea privatizado o gestionado públicamente.
“El traspaso se tiene que dar”, sostiene Valdivieso, explicando que permitiría a los ciudadanos de Buenos Aires reconsiderar aspectos como el recorrido de las líneas y debatir la naturaleza del servicio, similar al proceso que se experimentó con el sistema de subterráneos. Esta transferencia, considera, podría ser una oportunidad para que el gobierno de la ciudad acepte la responsabilidad y avance en la regulación del transporte urbano.
Sin embargo, el tema de la tarifa genera otra dimensión importante en la discusión. Jonathan Valdivieso argumenta que, si bien el traspaso no debería automáticamente significar la pérdida de subsidios, en caso de que ocurra, “el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se debería encargar que eso no genere un impacto en los ingresos de las familias”. Esto se debe a tres razones fundamentales: la inestabilidad económica actual, la capacidad económica de la ciudad para absorber estos costos, y el efecto perjudicial que tarifas dispares tendrían en el sistema de transporte metropolitano.
“En primer lugar, estamos en una situación económica muy complicada”, señala Valdivieso. Destaca que la ciudad tiene capacidad financiera para hacer frente a los subsidios y critica la falta de un sistema tributario más progresivo que genere los recursos necesarios. Enfatiza que un sistema donde algunas líneas podrían tener tarifas casi tres veces más caras que otras sería desastroso para el transporte metropolitano, creando desequilibrios significativos en la afluencia de pasajeros.
La propuesta de Valdivieso de forma innovadora para enfrentar este desafío es la creación de un fondo metropolitano de movilidad, similar al “fondo subte” existente, que permita acumular ingresos de diversas fuentes—como impuestos y peajes—para sostener los subsidios del transporte público. “Ese fondo subte se podría transformar en un fondo de la movilidad”, propone, sugiriendo que con estas herramientas novedosas, sería posible mitigar el impacto de la pérdida de subsidios y mantener tarifas accesibles para los residentes de la ciudad.
Este debate también lleva a la necesidad de planificar el transporte a nivel metropolitano, por encima de las jurisdicciones individuales. “Esta discusión la vemos como bastante interesante en el sentido de que empezar a pensar el transporte a nivel metropolitano”, comenta Valdivieso, subrayando la importancia de una visión unificada y coordinada del transporte urbano que contemple el bienestar general de la población, sin importar qué entidad específica administre cada línea.
Aunque el ajuste de subsidios puede parecer a primera vista una cuestión técnica o presupuestaria, la realidad es que toca fibras profundas respecto al derecho a la movilidad y la calidad de vida en un contexto urbano. Este tipo de medidas nos invita a repensar cómo se distribuyen los recursos públicos y a recordar que, en última instancia, “el impacto de la medida, se lo va a comer la clase trabajadora” si no es cuidadosamente gestionado.
Ante estos desafíos y oportunidades, es esencial un debate inclusivo que contemple todas las caras del problema. Soluciones creativas y una planificación metropolitana robusta podrían ser el camino para asegurar que las decisiones que se tomen hoy realmente beneficien a la población en su conjunto y solidifiquen un sistema de transporte justo y eficiente.
La posible eliminación de subsidios es, sin duda, una prueba para la capacidad de gestión de la ciudad de Buenos Aires, pero también una oportunidad para que el liderazgo local demuestre su compromiso con el bienestar social y económico de sus ciudadanos. Con un enfoque equilibrado y estratégico, es posible evitar que los costos de estos ajustes recaigan sobre los que menos pueden soportarlos, abriendo camino hacia un sistema de transporte más equitativo y sostenible en el largo plazo.
