La lucha fue ardua y prolongada. Desde el momento en que se firmó el convenio entre el gobierno de la ciudad y la empresa IRSA, “autorizaba construir torres de 145 metros de altura en plena costanera sur, al lado de la reserva ecológica”, la oposición fue contundente. A través de diversas organizaciones como el Observatorio del Derecho a la Ciudad y la CTA Autónoma, se llevaron a cabo acciones legales que culminaron en lo que Koutsouvitis llama “un fallo histórico”.
Este dictamen pone en evidencia no solo las irregularidades del proceso, sino también “la falta de participación ciudadana previo a la firma del convenio, y la ausencia de un estudio de diagnóstico y una adecuada evaluación de impacto ambiental”. La falta de respeto a las mayorías constitucionales y la aprobación del convenio en “una de las sesiones más escandalosas de la historia de la Ciudad de Buenos Aires” el 2 de diciembre del año pasado, son solo algunas de las irregularidades que el fallo judicial ha logrado desarticular.
La resonancia de este fallo trasciende el ámbito eminentemente legal, ya que representa una crítica frontal al modelo de desarrollo urbano que muchas veces ha primado en la ciudad. No es la primera vez que los porteños ven cómo se “destina el destino de nuestras vidas a las grandes desarrolladoras inmobiliarias en convivencia con el poder político”, lo que llevó a la constitución de movimientos ciudadanos como “La Resistencia Verde” y “La Ciudad Somos Quienes La Habitamos”.
Este reciente logro es un contundente recordatorio de que “otro modelo de ciudad es posible”, en palabras de Koutsouvitis. Buenos Aires se enfrenta a múltiples crisis: climática, ambiental y habitacional. Sin embargo, la respuesta gubernamental a menudo ha sido insatisfactoria, como lo menciona nuestra entrevistada: “lo único que nos ha propuesto es algunas cámaras más de seguridad y algunos kilómetros más de ciclovía”. En contraste, la organización ciudadana ha sido robusta y efectiva, demostrando que existe “un movimiento ciudadano que, de alguna manera, lo que está planteando es que otro modelo de ciudad es posible”.
Este activismo, en auge y compuesto por diversas asambleas barriales y movimientos, revela un cambio de paradigma. A través de acciones coherentes y coordinadas, esta resistencia ha logrado influir en la política pública y demostrar que “las porteñas y los porteños queremos ser protagonistas de la ciudad en la que queremos vivir”.
Una de las metas inmediatas tras este fallo, según Koutsouvitis, es “recuperar la totalidad de nuestra costanera para uso común del conjunto de nuestra ciudadanía”. La lucha por Costa Urbana es un microcosmos de una batalla mayor por un espacio urbano que no solo es más justo, sino también más protector del medio ambiente y de sus ciudadanos.
El camino por delante aún es largo. No obstante, este fallo marca un precedente y muestra que los ciudadanos pueden tener un impacto significativo cuando se organizan y utilizan la democracia participativa para moldear su entorno. “Las conquista ciudadanas que se vienen llevando a cabo en la ciudad de Buenos Aires” son un indicativo de que las mejoras urbanas pueden y deben surgir desde las bases comunitarias.
María Eva Koutsouvitis y los otros defensores de la ciudad han demostrado que la resistencia organizada no solo es posible, sino también necesaria para enfrentarse a “una especie de monarquía inmobiliaria financiera que destine el destino de nuestras vidas”. Y a medida que las voces ciudadanas se alzan cada vez más, queda claro que el desarrollo de una ciudad que integre y acoja a todos sus habitantes ya no es una opción, sino una imperiosa necesidad.
