En las últimas semanas, “se lanzó una campaña para mejorar la calidad de la alimentación escolar de la niñez en las escuelas públicas”, detalla Baldiviezo. Lo que está en juego aquí no es solo el bienestar nutricional de los estudiantes, sino también un sistema que parece priorizar el beneficio económico sobre el derecho a una comida nutritiva y adecuada. “Abundan los alimentos ultraprocesados, alimentos con baja cantidad de proteínas, con mayor cantidad de almidón”, destaca.
A este problema se suma un proceso burocrático engorroso que agrava la situación. Las familias, tanto aquellas con hijos becados como no becados, deben completar un trámite burocrático que implica entregar “información sensible” al gobierno. Aquellas que no logran completar estos trámites pueden dejar a las escuelas sin las raciones necesarias, llevando a situaciones absurdas en las que “hay escuelas que le faltan 50 o 100 raciones de comida”. Baldiviezo denuncia que “al gobierno le importa más que las familias entreguen sus datos que alimentar a la niñez”.
Las familias, muchas de las cuales han estado reclamando a través de cooperadoras y comisiones de comedores, han comenzado a unirse en redes para exigir una revisión profunda del sistema de alimentación escolar. Aprovechando que el gobierno ha iniciado un proceso de licitación del servicio de alimentación por los próximos cuatro años, se están organizando para presentar sus reclamos. Esto involucra un presupuesto no menor: “aproximadamente 50.000 millones de pesos”, sin embargo, “la alimentación de la niñez está muy lejos de los valores que el Estado gasta”.
La campaña impulsada tiene metas claras: concienciar sobre la baja calidad del servicio actual, señalar que las mismas empresas que han fallado en el pasado siguen ganando concesiones, y resaltar que la obligatoriedad de un “certificado de pobreza” para acceder a esta alimentación es inconstitucional. “La escuela es una política universal y gratuita”, subraya Baldiviezo, quien destaca la incongruencia de que el acceso a la alimentación no se trate dentro de los mismos términos.
El Observatorio de Derecho a la Ciudad, junto con cooperadoras, ha llevado estas inquietudes a la legisladora Feliz Fernández, quien ha presentado un proyecto de ley. Este busca eliminar las becas, mejorar la calidad y control de la alimentación y garantizar que el servicio no esté en manos de grandes corporaciones. Se propone que las comidas se preparen nuevamente en las escuelas, con productos de pequeños productores, pymes, y agricultores agroecológicos, alejándose de empresas que “únicamente en aras de rentabilidad sacrifican la alimentación y la salud de la niñez”.
La problemática no es nueva. Se han escuchado quejas desde que, hace unos años, se quitó el pan del menú escolar “en aras de mejorar la nutrición”. Y la situación no es exclusiva de las escuelas, ya que en “comedores comunitarios también pasa lo mismo”. A veces, cambia el menú de acuerdo a la estación del año, eliminando comida más sustanciosa porque ‘hace calor’.
Se supone que hay un control nutricional detrás del menú escolar. Según Baldiviezo, los nutricionistas “te dicen cuánto es la cantidad de gramos que tiene que consumir de tal tipo de alimentos”, pero el sistema “piensan así, que no sobrepasen un gramo más por temor a que los chicos coman bien”. Y con un control deficiente, los concesionarios aprovechan la situación para recortar y maximizar sus ganancias. “El día que no lo cuentas es el día que faltan”, comenta irónicamente sobre el control de los alimentos.
Para aquellos interesados en apoyar el proyecto de ley y la acción judicial que el Observatorio planea presentar, se invita a firmar y apoyar la causa. Las cooperadoras de aproximadamente 40 escuelas ya se han sumado a la campaña. Sin embargo, la batalla no es fácil. Según Baldiviezo, “no existe una práctica cotidiana de democracia interna en las escuelas”, y aunque hay directivos preocupados, también temen represalias o sanciones.
La falta de apertura y diálogo del gobierno con la comunidad educativa es uno de los mayores obstáculos. Un verdadero cambio requeriría no solo movilización ciudadana, sino un compromiso desde el estado para abrazar una mayor “democracia participativa en el ámbito educativo”.
En conclusión, el estado actual del sistema de alimentación en las escuelas públicas de Buenos Aires es precario y requiere una reforma urgente. La calidad de los alimentos, el acceso condicionado por trámites burocráticos y la falta de control y transparencia son problemas que afectan directamente al desarrollo y bienestar de miles de estudiantes. Esta movilización busca no solo mejorar las condiciones actuales sino establecer un precedente de cómo la comunidad puede y debe ser parte activa en la toma de decisiones que afectan sus vidas diarias.
