Guillermo Parodi, Secretario Adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), describe la reforma como un intento del Poder Ejecutivo de ganar control sobre las designaciones en las instituciones educativas. En sus propias palabras, el nuevo esquema “pretende romper este esquema de estabilidad que tenemos los docentes, para pasar a tener ingerencia directa del Poder Ejecutivo en la designación”. La clave, señala Parodi, es que bajo el actual estatuto, las designaciones se realizan mediante concursos públicos que consideran antecedentes académicos, capacitación y una serie de méritos acumulativos. La nueva reforma, sin embargo, reduciría el peso de estos factores en favor de las decisiones del Poder Ejecutivo, poniendo la autonomía educativa en entredicho.
La Experiencia Docente Bajo Ataque
Según Parodi, los argumentos utilizados por el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y su administración para justificar estas reformas se construyen sobre estigmas y falacias. Afirma que se ha llevado a cabo una campaña de desprestigio hacia los docentes, acusándolos de falta de capacitación y baja competencia educativa. Rodríguez Larreta alega que el actual estatuto permite a los docentes simplemente “sentarse a ver pasar los años”. Parodi desmiente esta afirmación subrayando que “lo que es la antigüedad docente, que nosotros llamamos experiencia, y en cualquier profesión se llama experiencia”. Argumenta que en cualquier otra profesión, como la medicina o la ingeniería, la experiencia es un valor apreciado y necesario. En el ámbito educativo, la experiencia es solo un componente de muchos que determinan el avance profesional, siendo “la capacitación, los cursos, los antecedentes” los factores centrales.
Esto no solo es un ataque a los docentes, sino que representa un desdén hacia los procesos de selección transparentes y basados en mérito que garantizan la calidad y la independencia educativa. Parodi ilustra la rigurosidad del actual sistema recordando que un “supervisor escolar es un docente que pasó por cuatro concursos de oposición y antecedentes”. Estos procesos son comparativamente más exigentes que muchas otras posiciones en diversas profesiones, lo que hace que las críticas sean aún más injuriosas.
Las Prácticas Laborales y el Control Educativo
Parodi también conecta las reformas al estatuto con otras políticas educativas recientes, como la introducción de prácticas profesionalizantes para alumnos de quinto año y la ampliación del horario escolar en escuelas primarias. Aunque a primera vista aumentar las horas de clase parece positivo, el trasfondo revela intenciones menos altruistas. “Cada día de clase cuenta”, es una afirmación repetida por Rodríguez Larreta que, paradójicamente, se contradice al sacar 120 horas lectivas para prácticas laborales que no necesariamente son de valor pedagógico.
Estas medidas, advierte Parodi, forman parte de un plan más amplio para “ir lavando cerebros y lavando la educación para que queden alumnos mansos”. La eliminación de contenidos críticos y la imposición de una currícula enfocada en el mérito económico son movimientos que intentan encuadrar a los estudiantes dentro de un marco de “emprendedurismo neoliberal”. Esto se refleja en un discurso oficial que intenta evitar lo que denominan “adoctrinamiento” en las escuelas, que para ellos incluye la enseñanza de derechos humanos y ciertas perspectivas históricas. Este tipo de intervención busca restringir la “libertad de cátedra”, limitando la capacidad de los docentes para abordar temas desde un punto de vista pedagógico integral.
Una Lucha por la Autonomía Pedagógica
La discusión sobre el estatuto docente es más que un simple desacuerdo sobre políticas de gestión educativa. Es un debate sobre la misma esencia de lo que se considera educación de calidad y sobre quién debe tener el poder de definirla. El trasfondo político es claro, con un gobierno que busca “ponerle precio al conocimiento” y reconfigurar el sistema educativo para que se ajuste a sus necesidades político-económicas.
Guillermo Parodi destaca la importancia de esta lucha al afirmar que “nosotros entendemos el conocimiento como parte de ese derecho social”. Es un llamado a mantener la lucha por un sistema de educación inclusivo, que valore la experiencia, promueva la independencia y garantice que las futuras generaciones tengan acceso a una educación verdaderamente equitativa y rica en contenido crítico y diverso.
La comunidad educativa se enfrenta ahora al desafío de resistir esta reforma y otras medidas que amenazan con socavar la estabilidad y la calidad del sistema educativo público. La batalla por la educación es, en muchos sentidos, una lucha por el futuro de la sociedad. Como señala Parodi, es esencial recordar que la educación no es solo un conjunto de contenidos académicos, sino una estructura vital para la equidad, la libertad de pensamiento y la justicia social.
