Los hechos ocurrieron bajo las miradas impasibles de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano, las cuales captaron el violento desenlace. Un hombre entre 30 y 40 años, cuya identidad aún permanece desconocida, se vio envuelto en una pelea con dos sujetos que intentaron robarle “lo poco que tenía”. El enfrentamiento, que comenzó con golpes de puño, terminó de manera fatal cuando uno de los atacantes lo apuñaló en el torso, dándole el golpe final.
Las imágenes proporcionadas por las cámaras fueron cruciales para que la policía pudiera localizar y detener a los presuntos responsables poco tiempo después. Esteban Machado, de 33 años, y Rubén Decler, de 56, fueron capturados por las autoridades bajo la acusación de robo seguido de homicidio. Sin embargo, “aunque no se sabe quién la apuñaló y mató a la víctima”, ambos enfrentan cargos graves debido a su implicación en el suceso.
El incidente en Recoleta pone nuevamente sobre la mesa la discusión sobre la seguridad en las zonas urbanas y el tratamiento de las personas en situación de calle, quienes a menudo carecen de protección y viven expuestos a múltiples riesgos. Este trágico hecho no solo refleja un caso más de violencia en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad, sino que también resalta la ausencia de políticas efectivas para abordar la situación de los indigentes. Para muchos, la vulnerabilidad de estas personas no radica únicamente en su desprotección física, sino también en la falta de recursos adecuados para integrarlos nuevamente en la sociedad de manera segura.
Los ataques entre personas en situación de calle no son nuevos. Tales acciones están, muchas veces, motivadas por la desesperación, el hambre o la lucha diaria por sobrevivir, lo que se traduce en enfrentamientos que lamentablemente pueden terminar en tragedias como la acontecida en Recoleta.
En cuanto al pasado de los detenidos, la policía informó que “ambos contaban con antecedentes”, lo que complica aún más su situación legal. Este dato no sorprende en casos de indigencia, donde la reincidencia es común debido a la ausencia de apoyo para lidiar con adicciones o problemas mentales que puedan tener.
Las autoridades locales, por su parte, enfrentan críticas sobre su manejo de estos casos y la falta de medidas preventivas que podrían evitar incidentes semejantes. La reacción del público ha sido mixta, con voces que cuestionan tanto la eficiencia de la seguridad urbana como la humanidad con que se debe tratar a las personas sin hogar.
Frente a esta situación, el gobierno portuario ha recordado la disponibilidad de servicios de apoyo a través de diferentes canales. Para casos de emergencia relacionados con el coronavirus y la violencia de género, se ha habilitado un servicio de atención por WhatsApp, al 1150 50 0147, disponible las 24 horas del día. Además, la línea 108 continúa ofreciendo atención social inmediata para quienes lo necesiten.
En este contexto, es imposible obviar la urgente necesidad de políticas inclusivas y programas de reintegración para personas en situación de calle. Estos deben ir acompañados de una revisión exhaustiva del sistema de vigilancia y protección en zonas urbanas, para evitar que la necesidad y la desesperación deriven nuevamente en actos de violencia.
La confluencia de factores que llevaron al homicidio en Recoleta indica un problema que va más allá de este evento aislado. Requiere una atención integrada que considere aspectos socioeconómicos, de salud mental y de seguridad ciudadana, procurando salvaguardar tanto a las personas en situación de calle como a los ciudadanos en general.
El camino hacia una solución es complejo y exige la cooperación de diversas fuerzas de la sociedad, incluyendo actores gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y la propia comunidad. Solo mediante un enfoque holístico se podrá prevenir que más tragedias como la de Recoleta sigan ensombreciendo las calles de Buenos Aires.
