El estallido público del caso tuvo lugar cuando el magistrado Gallardo cuestionó y posteriormente suspendió el uso del sistema de reconocimiento facial que empleaba datos biométricos de los ciudadanos. Según Gallardo, la aplicación del sistema estaba dentro de un marco de irregularidades que no garantizaban ni la privacidad ni la adecuada protección de los derechos individuales de los porteños. La intervención del juez generó un revuelo político y judicial, debido a que el gobierno de la ciudad defendía la eficacia del sistema como herramienta para reforzar la seguridad pública.
Por su parte, el gobierno porteño no tardó en reaccionar a las decisiones del juez Gallardo. “Solicitaron el apartamiento de Gallardo por temor de parcialidad”, indicando que la suspensión del sistema representaba un obstáculo al legítimo ejercicio de las políticas de seguridad del Ejecutivo. El Ejecutivo porteño argumentó que el sistema de reconocimiento facial, lejos de ser una amenaza, actuaba como un recurso de avanzada tecnología diseñado para mejorar la protección de los ciudadanos en un entorno urbano cada vez más complejo.
El paso siguiente en la saga judicial fue el recurso de inconstitucionalidad presentado por la administración de la ciudad, apelando en dos instancias hasta alcanzar el Tribunal Superior de Justicia. Este último, al reconocer la preocupación del Ejecutivo sobre una posible parcialidad de Gallardo, hizo lugar al recurso, allanando el camino para que su intervención fuese revocada y fuese necesario el sorteo de un nuevo magistrado.
La jueza Liberatori, quien asumirá el caso una vez concluida la Feria Judicial de Invierno, la cual se prolongará hasta el 31 de julio, es conocida por su enfoque meticuloso y objetivo en los temas de derechos humanos y protección de los ciudadanos. Estas cualidades la perfilan como una figura clave para desentrañar el espinoso asunto del reconocimiento facial en la capital argentina. Sin embargo, el entorno continúa dominado por la incertidumbre sobre cuál será su postura frente a este delicado equilibrio entre seguridad ciudadana y privacidad personal.
El uso de tecnologías de reconocimiento facial es un debate que no solo agita las aguas en Buenos Aires sino que ha encontrado eco en ciudades de todo el mundo, dada la creciente preocupación sobre las libertades civiles y la vigilancia estatal. En esta línea, múltiples organizaciones de derechos civiles han enfatizado la importancia de contar con criterios rigurosos cuando se adopten tales tecnologías, asegurando que estas no vulneren los derechos básicos de los individuos ni promuevan una vigilancia masiva desproporcionada.
Mientras tanto, la opinión pública se encuentra dividida. Muchos ciudadanos valoran un posible incremento en la seguridad y la comodidad que tales sistemas podrían ofrecer, recordando situaciones como identificación de criminales y extraviados en tiempo récord. Otros, en contraste, temen que pueda derivar en un estado de vigilado constante que observe y registre cada movimiento realizado en espacios públicos.
El caso, al estar en manos de la jueza Liberatori, dará paso a un proceso judicial que podría sentar las bases para futuras políticas tecnológicas de seguridad en la ciudad. A medida que el tema evolucione y más detalles sobre la postura de Liberatori se revelen, la comunidad legal, los organismos de derechos humanos, así como los ciudadanos atentos seguirán de cerca la evolución de este caso, que promete redefinir el papel de la tecnología en la vigilancia pública.
La actuación de la jueza podría influir considerablemente en el equilibrio entre el uso de nuevas tecnologías al servicio de la seguridad y la salvaguarda de las libertades civiles. Al final, la cuestión primordial es encontrar el punto medio correcto que no solo garantice la protección ante posibles amenazas, sino que también respete y preserve la esfera privada de todos los ciudadanos, evitando que la tecnología se trasforme en un instrumento para usos invasivos.
El seguimiento de este proceso no solo será crucial para el desenvolvimiento inmediato de la situación en Buenos Aires, sino que también podría ofrecer lecciones valiosas sobre cómo otras ciudades y países pueden abordar la integración de tecnologías avanzadas en sus sistemas de seguridad ciudadana sin comprometer los valores democráticos esenciales. En manos de la jueza Elena Liberatori, esta causa podría definirse en una nota de equilibrio y justicia que, en última instancia, ayude a reconocer el papel de la tecnología en el mundo actual.
