María Eva Koutsouvitis, de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, ofrece una mirada crítica sobre el anuncio. “Desde ya estamos de acuerdo con el diseño de políticas sociales universales que potencien la escolaridad de nuestras infancias. Con lo que no estamos de acuerdo es con la estigmatización y con la penalización de la pobreza”, señala contundentemente. La línea de acción que propone Larreta no es nueva; el programa Ciudadanía Porteña, instituido por la ley 1878, ya contempla en su diseño la corresponsabilidad de la escolaridad, tal como enfatiza Koutsouvitis.
El programa al que hace referencia es Ciudadanía Porteña, diseñado para asistir a familias con mayores necesidades, otorgándoles un promedio de $11,000 pesos mensuales para destinarlos exclusivamente a alimentos, limpieza o útiles escolares. A pesar de que el programa ya estipula la presentación de constancias de regularidad escolar cada trimestre, Larreta propone un control bimensual, una medida que implicaría modificar la ley existente.
Lo que subyace tras esta medida es una política que, según Koutsouvitis, carece de humanidad. “Es inaudito que el Estado castigue quitándole un derecho, y en este caso, quitándole un derecho a nuestra infancia”, declara. La cuestión no es solo que se pueda estar violando una ley, sino que, en términos prácticos, el enfoque punitivo carga sobre las espaldas de las familias más vulnerables, aquellas que habitan en condiciones precarias sin acceso a necesidades básicas como el agua corriente o el saneamiento.
Durante la pandemia, el gobierno porteño fue criticado por no proporcionar dispositivos de conectividad a los sectores más vulnerables para asegurar la continuidad pedagógica. Además, las medidas de ayuda alimentaria fueron duramente cuestionadas debido a los sobreprecios y la baja calidad de las canastas nutritivas distribuidas. “Con sobreprecios del 100%, el gobierno porteño entregaba la famosa canasta nutritiva, en donde había unos poquitos productos que no tenían ningún valor nutricional”, sostiene Koutsouvitis, apuntando hacia los intereses comerciales detrás de la concesión de los comedores escolares.
Esta disparidad en la gestión se refleja también en el manejo presupuestario. Durante el primer trimestre, el gobierno subejecutó partidas destinadas a la educación pública, impactando negativamente en la infraestructura escolar y en los subsidios que reciben las cooperadoras de las escuelas. “Este programa, el programa Ciudadanía Porteña, está destinado a las familias con mayor vulneración de derechos. Estamos hablando de familias que no acceden al agua potable. Familias que habitan en condición de hacinamiento”, subraya Koutsouvitis.
Quizás lo más alarmante de este escenario es la profundización de la brecha en la expectativa de vida y bienestar entre distintas zonas de la ciudad. En las comunas del sur de Buenos Aires, donde uno de cada tres habitantes no tiene acceso formal al agua potable, la tasa de mortalidad infantil se duplica en comparación con las comunas del norte. “Ahí, quienes nacen y habitan en las comunas del sur, nacen condenadas y condenados a vivir en promedio 10 años menos”, afirma Koutsouvitis, evidenciando una grave desigualdad en la calidad de vida que debería ser resuelta por el Estado.
El enfoque de Larreta parece dirigirse no solo a proporcionar servicios sociales, sino también a controlar y vigilar a las poblaciones más pobres. Esto resuena con una larga historia de discriminación social en la ciudad, donde las políticas tienden a criminalizar la pobreza en lugar de proporcionar soluciones efectivas. “Este mismo gobierno, que es importante, si bien parece una nota de color, en este escenario, este domingo, el gobierno porteño va a gastar 100 millones de pesos en hacer un nuevo festival del asado en el obelisco”, menciona Koutsouvitis, señalando una desconexión entre las prioridades del gobierno y las necesidades de la población.
La reacción de figuras como María Eva Koutsouvitis y otras organizaciones sociales es una clara señal de la insatisfacción con las actuales medidas y la administración de las políticas sociales en Buenos Aires. La controversia alrededor de la condicionalidad de la asistencia escolar para recibir ayuda estatal es una discusión compleja que refleja tensiones más profundas sobre la dirección que toma la ciudad en cuanto a la inclusión social y la justicia económica.
Estas decisiones reavivan un debate sobre las responsabilidades del gobierno en facilitar un entorno donde todas las familias tengan acceso igualitario a oportunidades y recursos. En un contexto donde la educación es vista como una herramienta para romper el ciclo de la pobreza, el enfoque debe ser fortalecer las estructuras que permitan a las familias salir de la precariedad, no añadir más barreras al ya desafiante camino hacia un futuro más digno.
Mientras se espera alguna respuesta oficial que pueda suavizar la controversia, la esperanza recae en que se logre una comprensión más profunda de la relación entre infraestructura urbana, acceso a servicios básicos y el bienestar educativo y social de las comunidades más afectadas. Las palabras finales de Koutsouvitis resuenan como un llamado a la acción: “De esto debería ocuparse el gobierno porteño, de garantizarle al conjunto de nuestras infancias igualdad de oportunidades”. En una ciudad que se enorgullece de su historia y su cultura, los desafíos de hoy deben enfrentarse con políticas innovadoras y compasivas que no dejen a nadie atrás.
