En el siempre dinámico y conflictivo mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, un nuevo proyecto de ley ha generado una tormenta de opiniones divididas, malestar entre los inversores y los políticos, y esperanza para los defensores de los derechos de los inquilinos. Gervasio Muñoz, representante de la organización Inquilinos Agrupados, ha llevado a la legislatura porteña una propuesta con la ambiciosa meta de regular las viviendas ociosas en la ciudad.
El concepto fundamental del proyecto es sencillo pero profundamente provocador para los intereses establecidos. “Establecemos la prohibición de que una vivienda vacía lo esté por más de 90 días,” explicó Muñoz. La medida apunta directamente a la especulación inmobiliaria, donde las propiedades son adquiridas y mantenidas vacantes para inflar su valor en el mercado, negando así acceso asequible a quienes más lo necesitan.
El proyecto propone un “sistema de alquiler protegido”, una estructura donde el Estado administra los alquileres de las viviendas que permanecen vacantes sin justificación. “El precio que se fija sea del 1% del valor fiscal,” un monto significativamente bajo comparado con los precios de mercado actuales, lo que, en teoría, haría los inmuebles accesibles para un abanico más amplio de la población. Esta medida apunta a revertir lo que se percibe como una privatización de las viviendas por parte de actores poderosos en el sector.
Muñoz critica que “en la Ciudad de Buenos Aires hay un montón de viviendas con herencia vacante,” las cuales, en lugar de beneficiar al público, son rematadas a favor de corredores inmobiliarios y otros entes privados. El proyecto aboga porque estas propiedades se gestionen como “alquiler público”, facilitando el acceso a la vivienda mediante tarifas más humanas y justas.
La reacción a esta propuesta ha sido mixta, con gran resistencia desde sectores económicos que sienten que tales regulaciones limitarían su capacidad de lucro. “El mercado cree que está por encima del Estado y cree que está por encima de la sociedad,” advirtió Muñoz sobre la reticencia de las fuerzas económicas y políticas de Buenos Aires en adoptar medidas que regulen sus prácticas.
El espectro político también se muestra tímido en su apoyo al proyecto. “Nadie del Frente de Todos dio su opinión. Absolutamente nadie,” señaló Muñoz, indicando así una posible crisis interna de identidad dentro de uno de los principales frentes políticos. Esta falta de respaldo parece reflejar una inseguridad colectiva sobre cómo equilibrar los intereses del mercado con las necesidades urgentes de los ciudadanos.
Este contexto no es nuevo. Inquilinos Agrupados ya ha peleado batallas legislativas significativas. Lograron en el pasado que las comisiones de las inmobiliarias las paguen los propietarios y no los inquilinos—aunque, en su momento, parecía una lucha insostenible. Muñoz resaltó que “es muy difícil una vez que llega a la discusión al Congreso o a la Legislatura, hacerse el distraído.” Por tanto, existe una firme esperanza de que al menos el tema se discuta ampliamente a nivel legislativo.
Aspiran a recolectar 38,000 firmas para forzar el tratamiento del proyecto en la legislatura porteña. Este esfuerzo no sólo es una movida política sino también un intento de movilizar a la ciudadanía en torno a una cuestión urgente. “Hay mucho más apoyo de lo que parece,” reafirma Muñoz, al destacar la receptividad que han encontrado dentro de la ciudadanía común, aquella que enfrenta el peso de alquileres impagables y la precariedad de acceso a viviendas dignas.
Detrás de cada proyecto de ley se presentan barreras que involucran intereses creados, miedo al cambio y una cultura implícita de desconfianza hacia el involucramiento estatal en asuntos del mercado. No obstante, Muñoz y su equipo persisten en su esfuerzo. Están convencidos de que “iniciativas audaces y creatividad” pueden llenar los vacíos que el mercado ha dejado abiertos y crear un espacio seguro y justo para inquilinos e inquilinas.
La respuesta de los grandes medios, quienes claramente defienden las posiciones del mercado estable, ha sido de ‘pánico’ y ‘terror’. Sin embargo, la voz de quienes sienten la presión del actual sistema de alquileres resuena con un eco de esperanza y apoyo hacia seguir un camino que pueda llevar al cambio. En última instancia, este proyecto destaca una confrontación esencial entre lo establecido y lo necesario, una lucha entre la perpetuación de la desigualdad inherente al status quo y el compromiso con un futuro donde la vivienda no sea un privilegio sino un derecho inalienable para todos los ciudadanos.
Este empeño por cambiar la narrativa deja una pregunta abierta: ¿Podrá una ciudad como Buenos Aires romper con viejas estructuras y adoptar nuevos paradigmas que prioricen el bienestar de sus ciudadanos sobre el beneficio de unos pocos? La batalla está en marcha, y solo el tiempo y la voz del pueblo podrán dar la respuesta.
