Las cooperadoras escolares han sido, históricamente, un pilar fundamental en el apoyo a las escuelas públicas. Estas asociaciones están compuestas por personas que “donan su tiempo para mejorar la escuela pública”, un trabajo que no busca réditos económicos, sino que se centra en el bienestar de los estudiantes y la mejora de las condiciones educativas. Sin embargo, el reciente proyecto de ley presentado por el gobierno de la ciudad ha sido percibido como una amenaza a la participación comunitaria que estas organizaciones fomentan.
Según López, el proyecto de ley del gobierno porteño fue presentado a espaldas de las propias cooperadoras escolares, sin consultar ni integrar las voces de aquellos que están en el terreno. “Nos dejó más afuera que adentro”, sentenció López, aludiendo a la falta de inclusión de las diversas realidades que enfrentan las escuelas. Este proyecto parece desconocer la rica diversidad de experiencias y necesidades de las cooperadoras, que en algunos casos están enfocadas en “comprar aire acondicionado, mientras que otras luchan por simplemente formarse”.
Uno de los puntos más polémicos introducidos por la nueva ley es el cambio en la categorización de los socios de las cooperadoras. Anteriormente, cualquier persona que pagara la cuota podía ser parte de la comisión directiva y tener voz y voto. Sin embargo, el nuevo marco legal introduce una distinción entre los socios, clasificándolos en “socios de primera” y “socios de segunda”. Los primeros serían los familiares de los estudiantes, mientras que los segundos, a pesar de pagar su cuota, no tendrían el mismo nivel de participación si no tienen hijos en la escuela, incluyendo exalumnos y vecinos interesados en colaborar. Esta segmentación, sostiene López, “limita mucho la participación de toda la comunidad educativa”.
Otra restricción que genera preocupación es la limitación del tiempo que se puede dedicar a la cooperadora. El proyecto establece que los miembros de la comisión directiva solo pueden servir dos años, con la posibilidad de extender su participación por dos años más como una excepción. López critica esta medida, subrayando que “es más complejo aún” para aquellos que ya están donando su tiempo de manera desinteresada, dificultando la continuidad y el aprendizaje necesario para quienes asumen estos roles.
Al discutir la motivación detrás de estas restricciones, López plantea la hipótesis de que se trata de una estrategia de persecución hacia cualquier tipo de organización que pueda cuestionar las políticas del gobierno. “La cooperadora es un ente político”, dice, recalando en que aunque su accionar no es partidista, es innegable que busca “mejorar la escuela”, lo que puede entenderse como un acto de acción política en sí.
Este escenario se enmarca dentro de una tendencia más amplia de disminución de recursos educativos en la ciudad. De acuerdo con López, “desde hace 12 o 14 años el presupuesto para la educación pública viene bajando sistemáticamente”, lo cual se alinea con una política de desfinanciamiento que afecta directamente a las cooperadoras y a las escuelas que buscan apoyar.
En cuanto a las acciones futuras, representantes de las cooperadoras han iniciado un diálogo con la legisladora Teresa Patroner, buscando corregir el rumbo de esta normativa. Aunque sienten que las bases para este diálogo no fueron suficientemente inclusivas, hay un compromiso de parte del gobierno de revisar los artículos más problemáticos de la ley en su articulación.
El futuro de las cooperadoras escolares en Buenos Aires sigue siendo incierto, pero las comunidades educativas permanecen firmes en su voluntad de seguir abogando por un marco normativo que realmente refleje sus necesidades y valore su inestimable aporte. “Finalmente, lo que ustedes quieren es poner su tiempo para que los pibes se eduquen mejor”, concluye López, en un llamado a entender que el corazón de este debate no es otro que el bienestar de los estudiantes.
El caso de la ley de cooperadoras escolares en Buenos Aires es un ejemplo de cómo las políticas educativas no solo impactan en las infraestructuras o en los recursos financieros, sino que también afectan a la participación ciudadana y a la construcción de una comunidad escolar robusta y comprometida con el futuro de las nuevas generaciones. Mientras la ciudad avanza en la implementación de la ley, la asociación de cooperadoras escolares continúa luchando con la esperanza de que sus voces sean finalmente escuchadas y valoradas en un sistema que depende, en gran medida, de su desinteresada contribución.
