El anuncio del gobierno nacional de dar de baja 20.000 planes del Potenciar Trabajo ha encendido la alarma entre organizaciones sociales y trabajadores que dependen de este sistema para su sustento diario. Esta decisión, que se estima tendrá lugar en diciembre, ha desatado una serie de protestas en diferentes localidades del país, lideradas por movimientos sociales y gremiales como la CTA Autónoma, la FENAT, la CCC, y otras agrupaciones como el Frente Popular Darío Santillán, FOL, OLP y la UTEP. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la manifestación recorrió desde el Ministerio de Desarrollo Social hasta el Ministerio de Economía en un intento por visibilizar su descontento y exigir respuestas.
El Potenciar Trabajo es un plan del gobierno diseñado para “convertir lo que se llamaban los planes en trabajo genuino”. Sin embargo, la actual medida gubernamental ha generado una ola de indignación entre quienes consideran que “no son dádivas los planes, como muchos piensan”, sino una asistencia indispensable para aquellos que se encuentran en una situación laboral precaria. Las organizaciones sociales han destacado que de acuerdo a una auditoría reciente, de más de un millón de planes, sólo un 0,3% estaba mal distribuido. Esto equivale a unos 2.000 planes irregulares, un número significativamente menor a los 20.000 programas que se pretenden dar de baja.
Las movilizaciones no sólo se fundamentan en la defensa de estos planes, sino también en una serie de reclamos más amplios relacionados con la política económica del gobierno. Entre sus principales exigencias se encuentran “el aumento de emergencia para todos los trabajadores formales e informales, tanto trabajadores activos como jubilados”, así como “un bono de fin de año”. Estas demandas reflejan la necesidad urgente de respuesta a las dificultades económicas que enfrentan miles de ciudadanos en el país.
Un punto central de la protesta es también el desacople salarial que se ha evidenciado entre el salario social complementario y el salario mínimo vital y móvil. Las organizaciones advirtieron sobre las graves consecuencias de esta desconexión, señalando que “cuando aumente el salario mínimo vital y móvil, puede no aumentar el salario social”. Esta situación implicaría que quienes trabajan en tareas comunitarias o en promoción de derechos básicos podrían ver sus ingresos congelados o incluso disminuidos, agravando su situación económica en un contexto de inflación y subida de precios.
Además del impacto material en los ingresos de estos trabajadores, las organizaciones han denunciado el “simbólico” menosprecio que perciben por parte del gobierno al implementar estas medidas. Declararon que el gobierno, liderado en estas decisiones por el Ministro de Economía, Sergio Massa, está “convirtiendo a estos trabajadores y trabajadoras que perciben el salario social complementario en receptores de una dádiva”, menospreciando su papel como laboristas y reduciéndolos a meros beneficiarios de un subsidio.
En este sentido, organizaciones como la FENAT señalan que se está trivializando la importante función que cumplen estos trabajadores en la sociedad: actúan como promotores de políticas públicas en barrios vulnerables, llevando adelante labores esenciales en comedores comunitarios y otras áreas de alto impacto social. El hecho de considerar su salario como una simple política social y no un derecho laboral, según los manifestantes, degrada su dignidad como trabajadores.
Este ambiente de descontento refleja un malestar más amplio entre sectores sociales que ven en estas medidas un reflejo de un ajuste económico más amplio que profundiza la precariedad laboral y social en el país. Desde estas organizaciones se espera que el gobierno nacional tome conciencia de la situación y brinde respuestas concretas a sus demandas, que no sólo buscan proteger los ingresos actuales sino también establecer medidas sostenibles que aseguren la dignidad de los trabajos comunitarios a largo plazo.
La respuesta del gobierno ante estos reclamos sigue siendo esperada, en un contexto de creciente presión social que exige acciones concretas y dialogadas para evitar un incremento en la tensión social y económica del país. Lo que está en juego no es sólo una cuestión de cifras y números, sino el reconocimiento y valorización del trabajo genuino que muchos argentinos realizan día a día en busca de un sustento digno para sus familias.
