María Eva Koutsouvitis, integrante de la Cátedra Libre de Ingeniería Civil y del Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, se refirió a esta dualidad en la gestión de los recursos de la ciudad como una cuestión alarmante. Durante una entrevista reciente, Koutsouvitis afirmó que la administración actual tiene “una compulsión de desprenderse del patrimonio público del bien común para entregárselo a privados”, destacando que los inmuebles se están vendiendo “a valores muy por debajo del valor del mercado, cotizados a dólar oficial y además pagados en pesos”. Esto, según explica, es un beneficio del que no gozan las familias al momento de adquirir viviendas en Buenos Aires.
Las prácticas de desprendimiento de bienes públicos no son nuevas, pero el ritmo con el que la ciudad ha vendido sus activos desde el inicio de la pandemia es notable, con más de 80 inmuebles ya vendidos de un total de 100 que se intentaron rematar. Este movimiento resultó en ventas como la del edificio ubicado en la calle Beruti, que alberga funciones administrativas importantes y que fue vendido a IRSA por solo 20 millones de dólares. Koutsouvitis se cuestiona la lógica detrás de considerar tales edificaciones como innecesarias cuando existen otras instituciones que carecen de espacios propios.
Este tipo de decisiones, argumenta, no son justificadas con instancias de participación pública, creando una desconexión evidente entre el gobierno y las necesidades de sus ciudadanos. “La verdad es que esos inmuebles los necesitamos justamente para poder cubrir ese déficit histórico que la ciudad de Buenos Aires tiene en términos de vacantes en los niveles iniciales y en el nivel maternal”, añade Koutsouvitis, subrayando la falta de consideración por el bienestar público en favor de intereses privados.
Por otro lado, el anuncio de los nuevos espacios verdes despierta escepticismo. Si bien la creación de áreas verdes sería una noticia bienvenida en una ciudad que, según Koutsouvitis, es una de las capitales con menos espacios verdes por habitante, la realidad detrás de estas promesas parece ser más compleja. Al indagar en los proyectos específicos, se revela que muchos de ellos, como el de Costa Urbana, son en realidad negocios inmobiliarios camuflados que priorizarán el desarrollo privado sobre el bienestar ambiental y público.
Koutsouvitis aclara que “lo que estamos obteniendo son algunos retazos de espacios verdes para poder garantizar grandes negocios inmobiliarios”. La noción de espacios verdes se diluye cuando se consideran iniciativas como las “calles verdes”, que se limitan a ser veredas con vegetación, lejos de ser espacios donde el agua lluvia pueda ser absorbida naturalmente o que ofrezcan un pulmón efectivo para la ciudad.
La venta de inmuebles y la promesa de nuevos espacios verdes dibujan un escenario en el que el desmantelamiento de los bienes públicos se combina con el negocio inmobiliario, sin un claro beneficio para los residentes de Buenos Aires. La dicotomía en la gestión urbana plantea una pregunta urgente: ¿a quién realmente benefician estas decisiones?
En respuesta a la pregunta de qué ocurre con la sociedad ante estas prácticas, Koutsouvitis enfatiza la falta de debate público sobre el modelo urbano que desea la ciudadanía. Este año electoral, señala, ofrece una oportunidad para generar una discusión necesaria sobre “cómo queremos vivir nuestra ciudad” y considera que la ciudad podría ser el catalizador de debates nacionales más amplios.
Sin embargo, también hay signos de resistencia y organización ciudadana. La creciente movilización de los vecinos de diversos barrios para frenar proyectos que no reflejan sus intereses o mejorar sus entornos, demuestra que hay un deseo colectivo de proteger los espacios comunes y el patrimonio urbano.
Examinar estas ventas y promesas en un contexto más amplio revela un modelo de gobierno que Koutsouvitis describe como basado en “la lógica del despojo”, priorizando las oportunidades de negocio de un pequeño sector sobre las verdaderas necesidades de la población en términos de espacio verde, educación y vivienda.
En conclusión, la estrategia urbana presentada por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aboga por una revisión crítica que incluya la voz de sus ciudadanos. Las promesas de espacios verdes, aunque atractivas, deben ser sopesadas honestamente contra las políticas de venta de inmuebles para asegurar que la metrópoli avance en equidad y sostenibilidad, y no simplemente en la expansión de intereses privados a expensas del bien común. Mientras los anuncios oficiales continúan, es imperativo que los porteños continúen alzando sus voces para defender su ciudad y el futuro que desean construir en ella.
