En un análisis profundo de las dinámicas urbanas y los derechos civiles, Cristina Sotile nos lleva a explorar un tema que afecta a todos los que habitan la Ciudad de Buenos Aires: la diferencia esencial entre ser un vecino y ser un ciudadano. A primera vista, ambos términos pueden parecer intercambiables, pero, según Sotile, llevan implicaciones y responsabilidades marcadamente diferentes. “El vecino es alguien que habita un lugar, que tal vez se preocupa por sus inmediaciones inmediatas, pero no incorpora el rol activo que define a un ciudadano”, argumenta Sotile.
La distinción no es meramente semántica. Sotile subraya que la noción de ciudadanía implica un vínculo con la Constitución y las leyes, al igual que con el ejercicio activo de los derechos y la supervisión de la gestión pública. “Hablar de ciudadanía es mencionar algo on algo bastante más profundo”, indica. En contraste, el vecino puede simplemente esperar que “los colectivos funcionen y pasen a horario”, sin involucrarse en decisiones más amplias que impactan su entorno.
Esta diferencia se hace evidente en el contexto del desarrollo urbano de Buenos Aires, y el caso del Metrobús sirve como un ejemplo candente. La iniciativa del Metrobús fue rechazada por tres comunas debido a la falta de consulta con las comunidades locales, lo que resultó en un amparo colectivo que sigue en proceso. “La jueza Liberatori, al recibir este caso, hizo la pregunta crucial: ¿ha pasado esta obra por las comunas?”, relata Sotile. La respuesta fue un rotundo no.
La jueza, reconociendo la falta de consulta, convocó a los consejos consultivos y a las juntas comunales a presentar sus opiniones y preocupaciones sobre el proyecto. “Rápidamente, en las comunas, se hicieron informes, algunos marcando más inconvenientes, otros menos, depende de la zona”, explica Sotile. Este esfuerzo colectivo ha resultado en la planificación de una “mesa de trabajo entre el Ejecutivo y las partes interesadas”, donde se discutirán modificaciones potenciales para hacer la obra viable y beneficiosa para todos.
El reconocimiento de la jueza hacia las comunas como partes interesadas es visto por Sotile como un avance significativo. “A mí, sinceramente, me parece que es un gran paso que una jueza de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires haya dicho: ‘pero ¿cómo? Aquí falta la voz de las comunas'”, sostiene. Es un testimonio del poder y del potencial de las comunidades locales para influir en las decisiones que afectan su calidad de vida.
La conversación se extiende más allá del Metrobús, tocando la cuestión del presupuesto comunal y cómo las comunas tienen sus capacidades limitadas debido a la centralización de recursos. La iniciativa de ley que Sotile menciona, destinada a establecer un presupuesto participativo comunal, promete darle a las comunidades locales más control sobre sus prioridades y necesidades. “Esto es un camino arduo, que no es corto, pero me parece que vamos bien”, afirma esperanzada.
En un ámbito donde las decisiones de gestión urbana a menudo son tomadas sin consultar a los directamente afectados, la batalla por los derechos ciudadanos es tanto un acto de soberanía como de responsabilidad cívica. El ejemplo del activismo en torno al Metrobús y otros proyectos en Buenos Aires ilustra el poder potencial de los ciudadanos para “torcerle la mano a esta política de hechos consumados” y participar activamente en la formación de su entorno.
En conclusión, Sotile enfatiza la importancia de reconocer el papel de la ciudadanía en el ámbito urbano. La distinción entre vecinos y ciudadanos no es trivial; es fundamental para asegurar que aquellos que viven en la ciudad tengan una voz real en su administración. Como Sotile concluye, no es suficiente ver pasar el progreso; los ciudadanos deben estar activos en decidir qué aspecto tendrá dicho progreso en su comunidad. Como tal, se anima a todos aquellos que habitan Buenos Aires a adoptar su papel de ciudadanos, no solo como observadores, sino como participantes activos en el desarrollo de su ciudad.
