En un contexto donde la seguridad ciudadana se encuentra en el centro del debate político, el anuncio del ministro de Seguridad Porteño, Eugenio Burzaco, sobre la implementación de las pistolas Taser en las fuerzas policiales de la ciudad ha generado un intenso debate. Descritas en ocasiones como “picanas a distancia”, estas armas no letales provocan una fuerte corriente eléctrica para incapacitar temporalmente a una persona. A partir de junio, un cargamento de 90 pistolas Taser estará disponible para su uso en la Ciudad de Buenos Aires, una decisión que ha sido largamente deseada por “la derecha neoliberal en nuestro país”, según indica Burzaco.
El ministro detalló que estas Taser serán empleadas por “un personal más especializado”, subrayando así la importancia de un uso responsable y controlado de las mismas. La tecnología Taser será desplegada especialmente en “sitios con mucha concentración de gente y en brigadas de acción rápida”. Este enfoque busca intervenir de manera eficaz en situaciones críticas, especialmente en aquellas “en las que una persona tiene un arma o un brote psicótico”.
Bajo este esquema, las Taser se presentan como una alternativa para reducir riesgos en intervenciones policiales que podrían escalar hacia la violencia letal. Con el objetivo de neutralizar amenazas sin recurrir al uso de armas de fuego, estas unidades especializadas estarán capacitadas para manejar escenarios donde el control de la situación con el menor daño posible es prioritario.
El uso de las Taser en escenarios específicos es una respuesta a la necesidad de contar con métodos disuasorios no letales, aunque no exentos de riesgos y controversias. Los críticos señalan que el impacto de un “shot eléctrico” puede variar según las condiciones de salud de la persona afectada, advirtiendo posibles consecuencias sobre aquellos con “problemas psiquiátricos” o condiciones médicas subyacentes. En este sentido, Burzaco hizo hincapié en que “si sos de tener algún problema psiquiátrico, no te olvides de tomar la pastillita”, haciendo alusión a la preocupación por el potencial uso en personas con trastornos mentales no controlados farmacológicamente.
La decisión de implementar las Taser llega después de años de debate sobre su lugar en los protocolos de seguridad pública. Sus defensores argumentan que proporcionan una forma de acción menos violenta en situaciones tensas, reduciendo el riesgo de muertes tanto para los civiles como para los efectivos policiales. Sin embargo, esta medida ha sido objeto de intensas discusiones éticas y legales, puesto que la línea entre la seguridad pública y el abuso de poder puede ser difusa en su aplicación práctica.
La controversia no es ajena a otros países donde las Taser ya han sido implementadas. En muchas ciudades de Estados Unidos y Europa, estas pistolas eléctricas han sido utilizadas ampliamente y han demostrado tanto su efectividad en la reducción de muertes por intervención policial como también han sido objeto de críticas por su abuso y por los potenciales riesgos para la salud de los individuos afectados.
En Argentina, la introducción de estas herramientas de coerción no letal forma parte de un repertorio más amplio de medidas de seguridad que buscan modernizar la policía y proporcionar a los agentes de la ley mejores herramientas para manejar situaciones potencialmente peligrosas. Sin embargo, el éxito de esta iniciativa no solo dependerá del equipamiento, sino también de la formación y del marco normativo que regule su uso. Está por verse cómo esta nueva adición al armamento de la policía porteña será recibida por la ciudadanía y qué tan efectivo será el despliegue propuesto por el Ministerio de Seguridad en resolver las situaciones de crisis con el mínimo daño posible.
En conclusión, las pistolas Taser representan una herramienta controversial pero potencialmente útil en los esfuerzos de la policía para enfrentar situaciones peligrosas de manera efectiva. El desafío radica en su aplicación ética y responsable, garantizando que estas “picanas a distancia”, como algunos las han denominado, se usen estrictamente en los contextos adecuados, protegiendo tanto los derechos de los ciudadanos como la integridad de los agentes de seguridad. Con el inicio de su implementación en junio, se abre un nuevo capítulo en el debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos en el ámbito de la seguridad pública en Argentina.
