La relevancia del acceso a Internet como derecho humano fue cimentada por la ONU el 4 de julio de 2018. La organización internacional declaró de manera unánime que “el acceso a Internet es un derecho humano”, subrayando su importancia como herramienta esencial para obtener información libre de sesgos y participar en la vida moderna. Sin embargo, la lucha por materializar esta declaración enfrenta serios obstáculos en distintos contextos socioeconómicos.
En un reciente análisis del censo nacional, se reveló que el “22% de los hogares en nuestro país no tienen acceso a Internet”, destacando una problemática que se agravó durante la pandemia. En ese entonces, impartir educación a distancia se convirtió en un desafío mayúsculo. A pesar de trabajar en una escuela con relativo buen contexto socioeconómico, un docente compartió que “muchos de los alumnos no podían tener la disponibilidad de acceso todo el tiempo”, lo cual impactó negativamente en su aprendizaje comparado con aquellos que sí tenían conectividad adecuada.
El acceso a Internet no solo es crucial para la educación, sino que también es vital para acceder a información, entretenimiento y servicios esenciales. Internet trascendió su origen como “un servicio que era de informáticos o de nerds”, para convertirse en una herramienta indispensable en la vida diaria. Incluso fue reconocido por el gobierno nacional como un “servicio público”, una designación que implica que el Estado debe garantizar su acceso para todos. Sin embargo, hay una gran disonancia entre la teoría y la práctica.
La realidad es que existe una “justicia que no responde al interés de las mayorías”, como lo evidencia el fallo judicial que revocó la normativa decretada por el Estado para regular los precios de acceso a Internet. La anulación de esta medida, que buscaba democratizar la conectividad al fijar precios más asequibles, mostró cómo las empresas pueden ejercer su poder para proteger sus intereses económicos, dejando de lado el bienestar social.
Esta situación se agrava cuando se observa cómo las tarifas por servicios de telefonía e Internet pueden incrementarse hasta “30% o 40%” mensualmente sin un control efectivo. A menudo, las compañías ofrecen descuentos significativos solo cuando el usuario está por cancelar el servicio, revelando “que claramente es un negocio” donde el beneficio no se traduce en mejorar el acceso para todos. Lo preocupante es que estas estrategias lucrativas alientan un entorno donde “los medios para esparcir diferentes…” mensajes están controlados por intereses particulares.
Además, el fenómeno de la Big Data alimenta esta desigualdad, recopilando vastas cantidades de información sobre los usuarios para impulsar aún más el negocio digital, mientras que el costo de brindar el servicio en sí es mínimo para las empresas. Es irónico que, ante esos ingresos corporativos, aún existan comunidades que no puedan “garantizar ni siquiera aquello que nos permite… acceder a los servicios de salud, a los servicios de educación”.
En conclusión, es imprescindible promover una discusión más amplia sobre Internet como derecho humano a la luz de estas problemáticas. Mientras los agentes judiciales, económicos y mediáticos alineen sus intereses lejos de las necesidades del pueblo, la equidad en el acceso seguirá siendo una aspiración más que una realidad tangible. Al considerar la conectividad como un derecho y no como un lujo, abrimos la puerta para un futuro más justo, donde cada persona pueda participar plenamente de las oportunidades que el mundo digital tiene para ofrecer.
