En un esfuerzo por mejorar el sistema de atención médica para los adultos mayores, la diputada María Sol Méndez ha presentado un ambicioso proyecto de ley que ha levantado múltiples expectativas y también una serie de debates. Su propuesta es clara y sencilla: dar prioridad de turnos a personas mayores de 65 años en cada establecimiento de salud pública que dependa del gobierno de la ciudad. Esta novedosa iniciativa pone de relieve un problema crítico en el actual sistema de salud y propone una solución centrada en las necesidades de los más vulnerables.
La legisladora, en su exposición de motivos, señala una realidad a menudo pasada por alto: “las personas mayores son los usuarios más frecuentes de los servicios de salud”. Este grupo demográfico enfrenta desafíos únicos debido a su edad, lo que implica que la atención médica debe adaptarse a esas circunstancias particulares y a una frecuencia de enfermedades significativamente mayor. La propuesta de Méndez subraya que, a pesar de ser los usuarios más asiduos, “en la actualidad no cuentan con ningún trato preferencial y los tiempos de espera sobrepasan lo aconsejable según su edad”.
Pero, ¿por qué es tan crucial este trato preferencial? Según Méndez, el fundamento es la “mayor vulnerabilidad” de las personas mayores. Con el avance de la edad, el organismo se vuelve más susceptible a una variedad de condiciones médicas que pueden ir desde enfermedades crónicas hasta dificultades físicas que complican la movilidad. Este estado de vulnerabilidad requiere, por tanto, un acceso más ágil al sistema de salud para prevenir complicaciones serias.
El proyecto de ley también se fundamenta sobre una otra razón de peso: “la frecuencia de enfermedades y necesidad de medicamentos” en los mayores de 65 años. Es bien sabido que a medida que se envejece, es más probable que surjan enfermedades que necesitan atención continua y, en muchos casos, tratamiento farmacológico prolongado. La falta de atención oportuna a estas necesidades no solo afecta la calidad de vida de los individuos, sino que también puede llevar a un uso más intensivo y costoso del sistema de salud en el mediano y largo plazo.
Implementar un régimen preferencial no solo significaría tiempos de espera más cortos, sino también un reconocimiento institucional de que la salud de los mayores debe ser una prioridad. Esta regulación podría establecer un precedente importante en la manera en que las políticas de salud pública se diseñan, poniendo a las personas en el centro del sistema. Esto no solo es un acto de humanidad y dignidad hacia la tercera edad, sino también una forma lógica de administrar de manera más efectiva los recursos sanitarios.
La iniciativa de Sol Méndez enfrenta aún el desafío de ser debatida y aceptada en el ámbito legislativo. De ser aprobada, los establecimientos de salud pública deberán adaptar sus sistemas de turno para implementar de manera efectiva este cambio en el protocolo de atención. Será crucial contar con un plan detallado que especifique cómo se hará esta implementación para asegurar que la prioridad otorgada no desvirtúe otros aspectos del servicio de salud.
El comité legislativo correspondiente deberá deliberar sobre la viabilidad de la propuesta, anticipando posibles retos operativos y financieros que el proyecto conllevaría. Sin embargo, hay un consenso general en que la protección y atención a los más vulnerables debe ser un pilar fundamental en cualquier sociedad.
El proyecto de ley llega en un momento en que la población de adultos mayores está en crecimiento, aumentando así la presión sobre los servicios de salud. Este tipo de iniciativas son necesarias para garantizar que nuestro sistema sea sostenible a largo plazo y que esté preparado para los desafíos demográficos que se avecinan.
Además, esta medida no solo tendría un impacto en la salud física sino también en el bienestar emocional y psicológico de los mayores. Sentirse cuidado y valorado por el sistema no solo mejora la satisfacción con los servicios recibidos, sino también la percepción general del estado de salud, lo cual es crítico para el bienestar general.
La decisión ahora recae sobre los legisladores y las autoridades sanitarias que evaluarán cómo integrar este enfoque preferencial dentro de las políticas de salud existentes. La propuesta de Méndez destaca la urgencia de tomar medidas para atender a los miembros más vulnerables de la sociedad, asegurándoles que, en los momentos de necesidad, su salud será una prioridad.
El camino hacia una sociedad más justa e inclusiva pasa sin duda por reconocer el valor y las necesidades de todos los segmentos poblacionales, especialmente aquellos que más dependen del cuidado y la atención dedicada y oportuna. La discusión está sobre la mesa, y los próximos movimientos definirán no solo el devenir de este proyecto de ley, sino también las condiciones en las que nuestros mayores vivirán y serán atendidos en el futuro próximo.
