La reciente sentencia a cadena perpetua para tres policías de la Ciudad de Buenos Aires llama a la reflexión sobre la recurrente violencia institucional y el tratamiento mediático de estos casos.
La trágica historia que lleva hoy a la condena de estos policías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es un hecho aislado. Casos similares son numerosos y documentados, como lo evidencia el archivo de Correpi, una organización que recopila anualmente casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal.
Uno de estos casos, que ocurrió a tan solo cuatro cuadras del lugar donde fue asesinado Lucas González, tiene una narrativa inquietantemente similar. En aquel entonces, tres jóvenes circulaban en un automóvil cuando fueron perseguidos por un vehículo sin identificación, conducido por el oficial de la Policía de la Ciudad, Adrián Otero. El policía disparó más de 10 veces, matando a Cristian Toledo, un menor de edad. Los otros dos ocupantes del auto, uno de ellos también menor, se salvaron de milagro y, en lugar de recibir ayuda, fueron arrestados bajo acusaciones infundadas de intento de robo.
En contraste, la muerte de Lucas González generó una reacción más rápida y coordinada en los medios. En menos de 20 minutos desde que aparecieron las primeras noticias, trabajadores de prensa comenzaron a desmentir la versión oficial. Un periodista deportivo fue el primero en revelar la verdad gracias a la intervención del club Barraca Central, al que pertenecían Lucas y sus compañeros. Esta rápida acción de desbaratar la versión policial dio una lección sobre la importancia de la veracidad en los informes periodísticos.
La condena de los tres policías por el asesinato de Lucas González no es la única de su tipo y, seguramente, no será la última. Es esencial recordar otros casos como el de Facundo Ferreira, un niño de 12 años asesinado mientras viajaba en moto en Tucumán, y cuyos titulares en la prensa lo catalogaron injustamente como un “precoz motochorro abatido”.
La cobertura mediática de estos incidentes frecuentemente adopta la versión policial sin cuestionamientos. Esta práctica sistemática mantiene un ciclo de impunidad y desinformación que solo se rompe con una mayor responsabilidad y verificación de los hechos por parte de los periodistas.
La reciente condena a cadena perpetua de los policías responsables del asesinato de Lucas es un pequeño avance hacia la justicia. Sin embargo, como bien señala María del Carmen Verdú, representante de Correpi, la visibilidad de estos casos es crucial. Cada condena debe servir no solo para sancionar a los culpables, sino para exponer y reducir la incidencia de estos trágicos eventos, promoviendo una verdadera rendición de cuentas en la fuerzas de seguridad.
La lucha por una cobertura mediática más crítica y justa debe continuar, porque solo así podremos evitar que estos hechos se repitan y empezar a desmantelar una política de Estado que permite y perpetúa la violencia institucional.
