La historia de La Litoraleña es la historia de muchos otros emprendimientos que, luego de años de operación, se han visto obligados a cerrar sus puertas. Fundada hace medio siglo, la fábrica tuvo que enfrentar en 2016 el amargo desenlace de la quiebra, debiendo cesar sus actividades. Desde entonces, los empleados han estado en una lucha constante para retomar las operaciones. Gran parte de su esfuerzo se centró en obtener un permiso de explotación que les permitiría gestionar la fábrica como una cooperativa, pero “el cual fue denegado” por la justicia, frustrando así el primero de sus intentos por salvar sus puestos de trabajo y seguir con la producción.
La solicitud actual es clara en su objetivo: consideran necesario que “se declare de utilidad pública y sujeta a expropiación tanto de los bienes muebles e instalaciones como de los bienes intangibles”. Esta medida no solo incluiría los activos tangibles, sino también “los inmueblecitos en Calle Giradot 331 y 345”, que son estratégicos para la futura operatividad de la empresa. Además, el proyecto de ley también busca que la futura cooperativa que gestione La Litoraleña sea eximida “del pago de todo el impuesto, taza, sellado o timbrado” relacionado con las licencias y habilitaciones que resulten de la reactivación de la actividad industrial.
El apoyo a la iniciativa no solo proviene de los círculos internos de la empresa, sino que también cuenta con el respaldo significativo de trabajadores de otras cooperativas que ven en la expropiación una oportunidad para retomar el control de sus medios de producción y asegurar las condiciones laborales. El movimiento cooperativista entiende la importancia de estas luchas como un medio para garantizar el trabajo en un contexto económico incierto y desafiante, donde las empresas recuperadas están mostrando resiliencia y compromiso con el desarrollo social y económico local.
La historia de La Litoraleña y sus trabajadores no es única, pero su lucha resalta la realidad de muchas empresas y empleados en búsqueda de formas no tradicionales de mantener vivas sus fuentes de trabajo. Las experiencias de recuperaciones de empresas cuentan con antecedentes positivos, demostrando que las unidades productivas gestionadas por sus trabajadores pueden ser sostenibles y rentables, garantizando además una distribución más equitativa de las ganancias y mejores condiciones laborales.
El camino hacia la expropiación no es sencillo. Requiere del análisis y aprobación legislativa, así como del apoyo político y un marco legal adecuado que asegure que los procesos se lleven a cabo de forma transparente y equitativa. Sin embargo, los trabajadores de La Litoraleña continúan adelante con su plan, impulsados por la convicción de que el control de su espacio de trabajo es fundamental para su supervivencia económica y su dignidad laboral.
El caso de esta emblemática fábrica refleja una realidad más vasta, donde son numerosos los empleos y economías personales en juego. Las cooperativas que apoyan al proyecto saben que el éxito de esta expropiación podría convertirse en un ejemplo inspirador para otras organizaciones en situaciones similares, ofreciendo una hoja de ruta clara para abordar la falta de alternativas directas frente al cierre de empresas debido a la falta de rentabilidad o mala gestión por parte de sus propietarios originales.
Por supuesto, el contexto actual presenta desafíos adicionales debido a la incertidumbre económica global y local que impacta el funcionamiento de empresas de todos los tamaños. Pero la propuesta de expropiación y conversión a cooperativa de La Litoraleña busca reafirmar la viabilidad de un modelo donde el esfuerzo colectivo y la solidaridad laboral se conviertan en las verdaderas palancas de la producción.
De lograrse, la expropiación de La Litoraleña no solo sería una victoria para sus empleados actuales, sino también marcaría un precedente valioso sobre cómo la fuerza de trabajo unida puede superar adversidades aparentemente insalvables. La movilización y el respaldo que han conseguido hasta ahora son señales claras de que los trabajadores no están dispuestos a rendirse y que esperan sumar cada vez más apoyo a su causa.
Este esfuerzo encarna el espíritu de resistencia y el ingenio de los trabajadores urbanos que buscan resguardar su lugar en la economía. La solución propuesta por ellos no solo apunta a rescatar sus empleos, sino también a mantener vivas las tradiciones industriales locales que son parte del tejido mismo de la comunidad y contribuyen a su identidad cultural y económica.
En definitiva, el proyecto de ley para la expropiación de La Litoraleña es una manifestación de la voluntad de sus trabajadores de no quedarse de brazos cruzados frente a la adversidad, sino de forjar un camino nuevo donde la posibilidad de gestionar el destino de su fuente de sustento económico dependa directamente de su esfuerzo colectivo, determinación y solidaridad en momentos críticos.
