Los inquilinos argentinos en vilo ante la posible modificación de la ley de alquileres: un derecho fundamental en juego.
En los últimos días, la discusión sobre la Ley de Alquileres ha acaparado la atención en el Congreso argentino. Con la Cámara de Diputados debatiendo modificaciones impulsadas por el mercado inmobiliario, se pone en juego un derecho esencial para millones de inquilinos en el país. La actual falta de regulación y control estatal sobre los alquileres ha dejado a muchas familias desprotegidas y a merced de la lógica del mercado. ¿Puede esta ley, concebida para proteger a los inquilinos, revertir una realidad que parece cada vez más adversa?
Una Ley en la Cuerda Floja
La Ley de Alquileres vigente, aunque imperfecta, significó una serie de beneficios para las familias inquilinas, como contratos de tres años y aumentos regulados en función de la inflación y los ingresos. Sin embargo, la falta de control estatal ha permitido que el mercado inmobiliario, a través de un persistente lobby mediático y político, genere un consenso en contra de la regulación.
La narrativa predominante, adoptada por sectores que abogan por el libre mercado, sostiene que cualquier tipo de intervención estatal es perjudicial para todas las partes involucradas. Sin embargo, este argumento olvida que la cuestión de la vivienda es un derecho humano fundamental y que la relación entre propietarios e inquilinos es inherentemente desigual.
¿A Quién Protege Realmente el Mercado?
Uno de los argumentos más utilizados por quienes se oponen a la regulación es el del “pobre jubilado” que compensa su magra jubilación con la renta de uno o dos departamentos. Este cuadro se presenta para desviar la atención de los verdaderos beneficiados: grandes corporaciones inmobiliarias y propietarios con múltiples propiedades, quienes ven en cualquier intervención estatal una amenaza a sus ganancias.
En este escenario, no existe un registro oficial de propietarios ni de rentistas, lo que complica la identificación de las partes realmente afectadas por la ley. Además, el enfoque del “jubilado rentista” ignora a aquellos jubilados que, siendo inquilinos, padecen aún más al tener que destinar gran parte de sus escasos ingresos a pagar alquileres cada vez más elevados.
El Senado y Una Nueva Esperanza
El paso de la modificación de la ley al Senado ha abierto una nueva posibilidad, con la convocatoria a inquilinos y al sector inmobiliario para presentar sus argumentos. Aunque no es un triunfo claro, esta apertura genera una luz de esperanza para quienes defienden la regulación estatal como una forma de garantizar un alquiler justo y accesible.
La intervención estatal es fundamental en esta relación asimétrica para proteger a los más vulnerables. La modificación propuesta busca acortar contratos a dos años y permitir aumentos cuatrimestrales sin topes fijos, lo que solo incrementará la inseguridad y los costos para las familias inquilinas.
Solo el Principio de una Larga Lucha
A pesar de la presión y el lobby del mercado inmobiliario, la convocatoria en el Senado representa una oportunidad para que las voces de los inquilinos sean escuchadas. La lucha por una vivienda digna y un alquiler justo continúa, con la clara consigna de que el Estado debe intervenir para equilibrar una relación profundamente desigual.
La pelea no ha terminado, y como afirma Tamara, una de las voces defensoras de la regulación: “El Estado tiene que intervenir porque estamos ante una relación desigual y sacar los puntos más importantes de la ley es dejarnos totalmente desamparados a merced del mercado.” Los próximos días serán cruciales para determinar el futuro de millones de inquilinos en la Argentina.
