Familias de la Villa 31 enfrentan desalojos ilegales tras las elecciones primarias, sumando tensión a una situación ya de por sí complicada en uno de los barrios más vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires.
La tensionada Villa 31, un emblemático asentamiento de Buenos Aires conocido por sus desafíos socioeconómicos, se ha convertido en un nuevo campo de controversia política. Luego de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el gobierno de la Ciudad ha impulsado desalojos que han sido catalogados como ilegales, situando en una postura delicada a varias familias que ya enfrentan precariedades múltiples.
El gobierno encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, que no obtuvo los resultados esperados en las elecciones PASO, parece haber encontrado una suerte de “válvula de escape” en la Villa 31 y 31 Bis, situada en el barrio Carlos Mujica. Según denuncias, las autoridades solicitaron “el desalojo forzoso de varias familias” apenas unos días después del evento electoral. Este movimiento, sin embargo, contraviene tres leyes locales y nacionales que prohíben tales acciones sin un debido proceso y alternativas habitacionales dignas.
Detrás de esta operación presuntamente punitiva, se sospecha que el trasfondo está teñido de revancha política. “El gobierno derrotado de Horacio Rodríguez Larreta no tuvo mejor opción que buscar cierta revancha en la Villa, donde no le fue nada bien en esas elecciones”, afirman voces en crítica de la gestión actual. La Villa 31 y su vecina la Villa Rodrigo Bueno son territorios claves que el gobierno de la Ciudad anhela reestructurar y anexar a áreas más desarrolladas de Buenos Aires, como es el caso de Puerto Madero, consolidando así lo que popularmente se conoce como la “Costa Cheta”.
En su discurso de modernización y reurbanización, el gobierno ha propuesto reubicar a las familias de la Villa 31 en “una vivienda gigante y darle una habitación a cada familia, o sea, hacer un conventillo”. Esta propuesta no solamente subestima las necesidades reales de las familias afectadas, sino que también recuerda épocas antiguas en las que este tipo de soluciones habitacionales era la única respuesta frente a la crisis de vivienda. “Volver siempre la derecha, parece mentira, yo no quiero ser tan malo, pero la derecha siempre con sus ideas de futuro pasado, ¿no?”, expresa un analista social, destacando la paradoja de presentar una solución de antaño como innovadora.
Lo más alarmante para las familias de la Villa 31 es el contexto en el cual los desalojos están siendo impulsados. Con un apoyo muy limitado y una sensación de hostigamiento que se percibe en el ambiente, estas familias están recibiendo respaldo jurídico del Observatorio de Derecho a la Ciudad, con el abogado Jonathan Valdivieso al frente de la resistencia legal contra estos desalojos. “Hoy, en el 2023, el gobierno de la Ciudad plantea, como solución moderna, crear un conventillo con las familias que votaron a otras fuerzas políticas en las últimas elecciones paso, en las que él no pasó, justamente”, critica un especialista en derechos humanos.
El desalojo no solo implica la pérdida de vivienda, sino también un rompimiento de las redes comunitarias y de apoyo que son vitales para los residentes de barrios vulnerables. Además, se destaca que las decisiones políticas detrás de estos desalojos parecen estar motivadas por un “enojo con los vecinos que menos tienen, con los más débiles”, como una reacción directa al resultado electoral desfavorable para el partido de Rodríguez Larreta.
A medida que la situación se desarrolla, la atención se centra en cómo el gobierno de la Ciudad maneja este delicado asunto. Las familias afectadas por el desalojo en la Villa 31 están en la línea de fuego de una contienda que va mucho más allá del ámbito local, destacando las tensiones sociales y políticas que atraviesan Buenos Aires en su totalidad. La lucha por un espacio digno y por el respeto a los derechos adquiridos enfrenta así una prueba de fuego en este 2023, poniendo a prueba no solo a las instituciones, sino también a la sociedad civil y su capacidad colectiva de respuesta frente a las injusticias.
Mientras tanto, la ciudad espera ansiosa el próximo encuentro, donde se espera un debate profundo sobre esta problemática que afecta no solo a la comunidad de la Villa 31, sino también a la percepción y realidad de la justicia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La batalla por los derechos básicos, entre ellos el derecho a una vivienda digna, continúa siendo una lucha que no conoce de treguas ni de derrotas sencillas.
