Las dos caras de una misma moneda: El Gobierno nacional propone renunciar a subsidios en el transporte público, mientras la Justicia intima al Gobierno de la Ciudad a garantizar el acceso al agua potable en las villas.
En el contexto de un escenario político complejo y lleno de confrontaciones, donde las propuestas y represalias se lanzan sin cesar, una nueva iniciativa del Gobierno nacional busca provocar un debate poderoso sobre el rol del Estado en la vida de los ciudadanos. En una medida que parece ser la contraparte a la propuesta de “paternidad opcional” del partido La Libertad Avanza, se ha puesto sobre la mesa la opción de que cada ciudadano renuncie voluntariamente al subsidio en el transporte público.
Esta idea, aunque para muchos puede sonar utópica, invita a aquellos que promueven la mínima injerencia del Estado a poner sus principios en práctica. Imaginemos un escenario donde el boleto de colectivo costara 700 pesos y el de tren 1100. Las cifras, aunque debatibles, reflejan una realidad dura: pasar de gastar alrededor de 5000 pesos mensuales a 20000 pesos solo en transporte. ¿Cómo afectaría esto a la vida cotidiana de aquellos que eligen este camino? Posiblemente tendrían que buscar trabajos adicionales, utilizar aplicaciones de entrega y, en el peor de los casos, sacrificar horas de sueño para llegar a fin de mes.
La Urgencia del Agua: La Justicia Intima al Gobierno de la Ciudad
En contraste con este debate surge una realidad crítica y apremiante: la falta de acceso al agua potable en las villas de Buenos Aires. La Justicia Federal ha ordenado al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, liderado por Horacio Rodríguez Larreta, que garantice el suministro de agua segura y potable en estos barrios, un fallo que data de mayo de 2020 y que hasta la fecha no ha sido cumplido.
Esta situación se agravó durante la pandemia de COVID-19, cuando la necesidad de medidas sanitarias básicas, como lavarse las manos, se convirtió en una cuestión de vida o muerte. Las organizaciones barriales y sus referentas presentaron un recurso ante la Justicia, demandando la provisión de este recurso esencial. Ahora, tres años después, la Justicia renueva su mandato con un plazo de 10 días para que el Gobierno cumpla con la sentencia.
Un Distrito Rico con Pobreza Oculta
El cuadro se torna aún más sombrío al recordar que la Ciudad de Buenos Aires es el distrito más rico del país. Aun así, el 15% de sus habitantes, aproximadamente 400,000 personas, viven en villas y asentamientos sin acceso formal al agua potable ni saneamiento cloacal. La inacción del Gobierno no solo viola un fallo judicial, sino que pone en riesgo la salud y la dignidad de miles de personas.
El incumplimiento de este mandato judicial no solo refleja una negligencia administrativa, sino una indiferencia hacia una parte significativa de su población. Aunque la Justicia ha dado un paso adelante al imponer este plazo, la verdadera expectativa de cambio es limitada. Sin embargo, la organización popular se mantiene como una herramienta de resistencia esencial.
Reflexión Final
Estas dos realidades opuestas —la opción de renunciar a los subsidios y la lucha por el acceso al agua— revelan las profundas contradicciones y desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Ambos casos nos llaman a reflexionar sobre el rol del Estado en garantizar derechos básicos y sobre la responsabilidad que cada uno debe asumir en la creación de una sociedad más justa e inclusiva. No se trata solo de ideologías en competencia, sino de vidas que dependen de decisiones políticas concretas, decisiones que no pueden esperar.
