La situación en el barrio Rodrigo Bueno es crítica, y las palabras de María Cristina, integrante del movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, reflejan la gravedad del conflicto. Habitantes de este barrio histórico, en el corazón de la Costanera Sur, enfrentan la amenaza de desalojo y la destrucción de sus viviendas como consecuencia de las obras impulsadas por el Gobierno de la Ciudad y privadas de grupos inmobiliarios.
La problemática expuesta
María Cristina señala una situación alarmante: “Las máquinas que metieron para hacer el borde costero para favorecer al grupo IRSA nos está perjudicando… Hay muchas familias que sus viviendas están en peligro de derrumbe.” El Instituto de la Vivienda responde a esta emergencia movilizando a la Guardia de Auxilio para desalojar a las familias afectadas y trasladarlas a hoteles en barrios como Constitución y San Telmo, donde viven en condiciones deplorables — “con cucarachas, con ratas, en medio de drogas, y quedaron abandonados a su suerte.”
Rodrigo Bueno es un barrio con más de 40 años de historia, hogar de más de mil familias. Este enclave popular ha sido continuamente amenazado por el poder inmobiliario debido a su ubicación estratégica junto a Puerto Madero. Aunque en 2017 se sancionó una ley de urbanización para el barrio que debía contar con instancias participativas, las decisiones gubernamentales muchas veces han ignorado la voz de los vecinos.
Relocalizaciones forzosas y precariedad
El testimonio de María Cristina sobre la violencia institucional y los abusos sufridos por los residentes es escalofriante. Los contratos firmados para las nuevas viviendas del gobierno incluyen “cláusulas abusivas”, y muchas familias han sido forzadas a abandonar sus hogares para vivir en condiciones de hacinamiento en hoteles, una espera que se ha prolongado por años sin una solución definitiva a la vista. “Hace cuatro años que están hacinadas en una pieza de hotel esperando la solución habitacional definitiva que les corresponde, que les corresponde por ley.”
La construcción del Borde Costero y sus consecuencias han sumido a los habitantes en un estado de “sismo permanente,” debido a las vibraciones causadas por las enormes grúas y maquinaria pesada. El suelo del barrio, un terreno ganado al río, ya de por sí inestable, se ha vuelto aún más frágil. Las constantes obras están “destruyendo las viviendas del barrio” con daños estructurales significativos como “paredes rajadas de punta a punta” y “pisos hundidos.” A pesar de los informes técnicos que alertaban sobre la incompatibilidad de estas vibraciones con la estructura de las viviendas, el gobierno ha continuado con las obras, agravando la situación.
Un barrio al borde del colapso
La respuesta gubernamental ha sido enviar a la Guardia de Auxilio para desalojar a las familias de sus hogares dañados y “relocalizándolos en piezas de hoteles.” Este modus operandi ha generado una fuerte resistencia entre los vecinos, decididos a no permitir más desplazamientos forzosos. “No permitiremos eso, ninguno de los vecinos lo vamos a permitir. Nosotros necesitamos que el gobierno de la ciudad se haga presente y nos dé una solución a todos los vecinos.”
Según los números oficiales, el 50% de los porteños se encuentra en situación de indigencia, pobreza, vulnerabilidad o fragilidad. La Ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país, ve cómo el 10% de su población pasa hambre y el 40% de sus niñas, niños y adolescentes viven en la pobreza. En contraste, la ciudad se convierte cada vez más en una “puesta en escena” destinada al turismo y la inversión inmobiliaria.
El próximo gobierno, posiblemente liderado por Jorge Macri, proyecta continuar y profundizar un modelo urbano que favorece a los sectores de mayores ingresos, consolidando la brecha social y económica. Macri ya ha anunciado planes para la costanera que transformarían ese espacio en una zona destinada a los ricos, alejando a la mayoría de los porteños del acceso al río y a espacios verdes.
Privatizaciones y resistencia
La privatización y concesión de tierras públicas en la costanera, sellada con precios irrisorios y contratos de larga duración, es otra muestra de las políticas que favorecen al sector privado en detrimento del público. María Cristina y otros activistas piden que “empecemos entonces por terminar con las concesiones ilegales y vencidas para ir recuperando totalmente la costanera.”
Desde el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, se exige una solución legítima y justa para las familias de Rodrigo Bueno. La resistencia y organización comunitaria son fundamentales para evitar que más personas sean desplazadas y forzadas a vivir en condiciones indignas. La lucha sigue y la vigilancia ante cada acción del gobierno es crucial para proteger los derechos de los habitantes del barrio Rodrigo Bueno y asegurar su futuro.
