El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires otorga concesiones y organiza eventos masivos en áreas verdes, afectando el uso público y la preservación ecológica.
En los últimos meses, el Parque Sarmiento ha sido el centro de controversia debido a decisiones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, según denuncian vecinos y activistas, están convirtiendo este espacio verde en un terreno privatizado. Este año, el parque ha sido escenario de eventos masivos, como el mega recital de marzo y el próximo festival Primavera Sound en noviembre, utilizando áreas destinadas a reservas ecológicas y recreación pública.
Los hechos comenzaron a escalar cuando el gobierno decidió reprivatizar un sector del parque. Se cedieron 22.000 m² a Sebastián Battaglia, exjugador de Boca Juniors, para instalar un complejo deportivo-gastronómico. Esta concesión incluyó 13 canchas de fútbol, canchas de pádel, un salón de eventos, bares y estacionamientos, entre otros.
La adjudicación se hizo a un valor irrisorio: menos de 500 pesos por metro cuadrado, una cifra imposible de encontrar en cualquier otra parte de la ciudad. Esta privatización, realizada sin pasar por la Legislatura porteña, contraviene una ordenanza de los años 90 que prohíbe privatizar espacios verdes sin autorización legislativa.
El uso del Parque Sarmiento se ha tornado más exclusivo. Ahora, los ciudadanos deben pagar entradas e incluso reservar turnos para ingresar, algo sin precedentes en la historia de los parques públicos de Buenos Aires, ni siquiera durante la pandemia.
Además de la privatización y el uso comercial, la instalación de infraestructuras como canchas de fútbol con césped sintético compromete la capacidad del parque para absorber agua de lluvia, un factor crucial dada la vulnerabilidad de la cuenca del arroyo Medrano, que ya sufrió graves inundaciones en 2013. Esto pone en peligro no solo al ecosistema propio del parque sino también a la seguridad de los barrios circundantes.
Destaca también la falta de estudios de impacto ambiental para autorizar eventos de gran escala como los recitales. Estas actividades no solo aportan ruido y circulación de personas en exceso, sino que tienen lugar cerca de reservas ecológicas, vitales para la biodiversidad urbana.
Activistas ya han llevado el caso a la justicia, solicitando medidas cautelares para detener estas operaciones y están considerando presentar denuncias penales contra los responsables de estas concesiones. “Hay leyes que prohíben privatizar un parque. Es muy evidente la ilegalidad”, indicó Jonathan, uno de los líderes en la resistencia vecinal.
Es imperativo que la comunidad y las autoridades reflexionen sobre la importancia de mantener los espacios verdes y públicos, no solo como áreas de recreación sino también como pulmones verdes cruciales para el bienestar ambiental y social de la ciudad.
