Desde la quiebra de la fábrica Celta y el desalojo que enfrentan, las familias de Santa Cruz 140 dan una batalla sin cuartel para mantener un techo sobre sus cabezas. Este relato ilustra una realidad que afecta a los más vulnerables en la ciudad.
En la intersección entre la ciudad y la vulnerabilidad se encuentra el edificio de Santa Cruz 140, un símbolo de resistencia y lucha comunitaria. Este inmueble, que una vez fue sede de la fábrica Celta, quedó deshabitado hasta que en 2002 varias familias decidieron recuperarlo y convertirlo en su hogar. Sin embargo, desde hace 13 años, estas familias enfrentan un juicio de desalojo que parece no tener fin.
La disputa comenzó en 2010 cuando “el edificio se vende por una deuda de agua” y fue adquirido por Leonardo Raturni, a quien una de las residentes se refiere como “un especulador inmobiliario que tenía negociados con el gobierno”. Raturni no es cualquier propietario, según la residente, “es bastante conocido” y se ha ganado la etiqueta de “desalojador serial” debido a sus repetidos intentos de expulsar a familias de sus hogares, incluso en otros casos similares.
El desalojo que enfrentan las familias de Santa Cruz 140 no es un evento aislado, sino parte de una tendencia mayor en la ciudad. La semana pasada, ellos esperaban un operativo policial con “vallas y todo, con infantería”, lo cual ilustra la magnitud de la represión a la que se enfrentan. El despliegue de más de “600 efectivos policiales” para desalojar a “familias con 100 pibes adentro” parece un exceso y resalta la desproporción de la respuesta del sistema judicial en situaciones de vulnerabilidad.
El episodio reciente de violencia y represión también pone de manifiesto la precariedad de las herramientas legales disponibles para las familias. Estos residentes sabían que “el expediente judicial venía avanzando” y que el “oficio estaba en manos del oficial de justicia”. Sin embargo, los plazos eran sumamente cortos: “decían desde el 31 de octubre y después del mandamiento de lanzamiento decía que era el 31”. Esto les dejó poco margen de maniobra para organizarse y defenderse.
Las imágenes y videos en redes sociales y medios de comunicación mostraron un “operativo policial con vallas y todo”, elevando aún más la tensión. Sin embargo, la comunidad de Santa Cruz no estaba sola. Contaron con el apoyo de diversas organizaciones políticas y sociales como el MTL, la CTA Capital, el Polo Obrero, y medios de comunicación alternativos como Revista Cítrica y otros reporteros gráficos. Este apoyo fue crucial para evitar que el operativo se convirtiera en un “vale todo con la policía reprimiendo”.
La resistencia de los residentes fue organizada y estratégica. “Los niños estaban en las ventanas”, mostrando al mundo la realidad de quienes se verían directamente afectados por un desalojo violento. Con redoblantes y tapas de ollas, los residentes y sus aliados hicieron “mucho quilombo, mucho bochinche” para asegurarse de que su voz fuera escuchada. Este ruido era un grito de ayuda y un recordatorio de que no estaban solos en su lucha.
Los momentos previos al operativo fueron críticos. “A las cuatro de la mañana, ya empezaron a bajar las vallas” y el parque alrededor del edificio quedó cortado para el tránsito. Tal situación hizo casi imposible que los residentes salieran de su hogar sin enfrentar algún tipo de violencia. La sensación de inseguridad era palpable, no solo por la presencia policial sino también porque “nadie nos garantizaba la seguridad de nuestra integridad”.
En medio del caos, las negociaciones con las autoridades no cesaron. “Había salido una sentencia de Cámara por el amparo que nosotros le veníamos realizando desde el 2019”, lo cual abrió una ventana de tiempo para “leer esto” y “saber cuál es el fallo”. Aunque el juez indicó que “las familias a paradores no van”, las negociaciones para una solución definitiva continuaban.
Finalmente, después de largas horas de tensión, “se llegó a un acuerdo” que permitía a las familias quedarse por seis meses más mientras se trabajaba en una solución definitiva. Según los residentes, esta resolución es solo un paso intermedio y no está exenta de sacrificios. Se vieron obligados a aceptar un “contrato de locación” temporal y ceder parte de sus demandas para evitar un desalojo violento.
Hoy, una semana después de estos eventos, las familias de Santa Cruz 140 mantienen vivas sus esperanzas, pero saben que la lucha está lejos de concluir. La suspensión de 180 días les da un respiro y la oportunidad de continuar su batalla por una solución permanente. Están comprometidos a usar este tiempo sabiamente para “trabajar la solución definitiva y las relocalizaciones” con la esperanza de lograr su objetivo final de asegurar una vivienda digna y permanente.
En este conflicto no se trata solo de un edificio ni de un desalojo; es un reflejo de la lucha diaria de cientos de familias que enfrentan la exclusión y la precariedad en la ciudad. La historia de Santa Cruz 140 es una llamada a la acción y una prueba de que la organización comunitaria y la resistencia pueden marcar una diferencia significativa. El camino es largo y arduo, pero como demostraron estos valientes residentes, es posible avanzar, paso a paso, hacia una solución justa y humana.
