La Ciudad Autónoma de Buenos Aires enfrenta una crisis habitacional agravada por políticas cuestionables del gobierno local.
En los últimos años, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha visto cómo varias de sus propiedades públicas, potencialmente solubles al déficit habitacional drástico, han sido rematadas a precios ostensiblemente bajos en operaciones que levantan sospechas. Estos bienes podrían haber sido destinados a fines públicos, como la creación de viviendas accesibles, pero en vez de eso, han sido adquiridos por grupos privados que continúan lucrando con la emergencia habitacional.
En un análisis profundo sobre este fenómeno, conversamos con Tamara, integrante de Inquilinos Agrupados, quien nos ofrece una mirada crítica sobre estas prácticas y sus implicaciones para la sociedad.
El Problema del “Remate”
“El gobierno de la Ciudad ha rematado una serie de viviendas y propiedades,” comenta Tamara. Ella aclara que llamar “remate” a estas operaciones puede ser engañoso, ya que la terminología sugiere una venta rápida y a precios ínfimos, lo cual, en muchos casos, es una realidad.
Tamara destaca la existencia de una mafia de martilleros y compradores que operan en estos remates, muchas veces en bloque, impidiendo que ciudadanos comunes puedan participar de manera justa. Esta práctica, en vez de transparentar la venta, perpetúa un ciclo de exclusividad y lucro privado a costa del patrimonio público.
Propiedades en Juego
El stock de propiedades que pertenece al gobierno de la Ciudad muchas veces proviene de herencias vacantes. Según establece la ley, si alguien fallece sin herederos, sus propiedades pasan a manos del Estado. En teoría, estas deberían ser destinadas a mejorar la vida pública: políticas de vivienda, educativas, sociales, etc. Sin embargo, Tamara explica que, en realidad, son usadas para hacer negocios privados.
Un estudio de Inquilinos Agrupados analizó 948 casos de remates de herencias vacantes entre 2018 y 2023. Del total, 461 propiedades estaban listadas como herencias vacantes. De estas, 455 fueron efectivamente subastadas. Más alarmante aún es el tipo de propiedades incluidas: departamentos, PH, terrenos, locales, lotes, y edificios completos que podrían haber aliviado la crisis habitacional.
Cifras y Destino de los Recursos Públicos
En términos concretos, Tamara indica que estas 455 propiedades podrían haber albergado a 245 hogares, beneficiando entre 600 y 800 inquilinos. Estas cifras demuestran una oportunidad desperdiciada para paliar el gravísimo problema de vivienda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un escalofriante ejemplo de estas ventas es el icónico edificio del Mercado del Plata, ubicado sobre la Av. 9 de Julio. Este edificio, conocido por albergar oficinas y juzgados de tránsito, fue vendido por 68 millones de dólares a Eduardo Elstein, propietario de IRSA y del Banco Hipotecario. IRSA planea convertir el edificio en viviendas temporales tipo Airbnb, lo que aumentará las dificultades para los inquilinos locales que ya enfrentan costos inalcanzables.
El Impacto en los Inquilinos
La situación para los inquilinos en Buenos Aires es particularmente crítica. La derogación de la ley de alquileres y la reescritura del Código Civil y Comercial bajo el Decreto 70.2023 han desregulado completamente el mercado de alquileres. Tamara señala que esto no solo retornó a un escenario legal previo a la ley de alquileres de 2020, sino que lo ha empeorado drásticamente.
Ahora, no hay límites de duración para los contratos ni topes de actualización de precios. Las propiedades pueden ser alquiladas en dólares o incluso en Bitcoin, y se aplican los índices de ajuste más inverosímiles, como el aumento de la prepaga o el IPC acumulativo. Esto deja a los inquilinos en una posición extremadamente vulnerable y sin protección legal.
Una Crisis en Ascenso
Además del problema estructural de los alquileres, hay una desconexión total entre los aumentos de costos y los ingresos de los trabajadores. Los salarios no pueden seguir el ritmo de los incrementos en los alquileres, lo que lleva a una situación insostenible donde cada vez más personas no podrán pagar sus rentas.
Tamara pinta un panorama sombrío:“Es imposible sostenerlo en el largo plazo. Los contratos son abusivos, y la legislatura no ofrece amparo para los inquilinos.”
Conclusión
La política de remates y ventas de propiedades públicas en Buenos Aires es un claro ejemplo de cómo las decisiones oficiales pueden exacerbar las crisis sociales. En vez de utilizar estos bienes para resolver problemas habitacionales críticos, se opta por favorecer a un pequeño grupo de empresarios, desatendiendo las necesidades de miles de ciudadanos.
La conversación con Tamara de Inquilinos Agrupados revela una realidad en la que los intereses privados predominaron sobre el bien común, drenando recursos públicos que podrían haber sido empleados en soluciones habitacionales. Urge repensar estas decisiones y colocar a las personas y sus necesidades en el centro de las políticas urbanas.
