Los detalles de una concesión a precio irrisorio y la controversia política que envuelve a la gestión de Jorge Macri
Jonathan Baldiviezo, director del Observatorio del Derecho a la Ciudad, ofreció detalles reveladores sobre una controvertida concesión de terrenos públicos en la ciudad de Buenos Aires. Este caso, que involucra la transferencia de un terreno de 5.000 metros cuadrados en Palermo a una empresa ligada a la familia Caputo, ha suscitado una serie de preguntas incómodas y ha puesto en el ojo del huracán a la actual administración de la ciudad.
La Transacción Cuestionada
Según Baldiviezo, la empresa AUSA, que administra las autopistas de Buenos Aires, ha otorgado la concesión de este terreno por 25 años a la empresa MechSRL, presuntamente administrada por allegados a los hijos de Nicolás Caputo. La cifra adjudicada para esta operación ha generado un fuerte revuelo: 3.7 millones de pesos mensuales, que se traducen en 750 pesos por metro cuadrado. Este monto es muy inferior al alquiler estándar en Buenos Aires, donde los precios de mercado son significativamente más altos tanto para residencias como para locales comerciales.
Impacto y Críticas de la Comunidad
Baldiviezo cuestiona duramente la legitimidad y transparencia de este proceso, subrayando que AUSA, una empresa estatal, no debería involucrarse en la privatización de bienes públicos sin la debida autorización de la legislatura porteña. “Privatizar tierra pública de dominio público requiere, por ley, el consenso de 40 votos legislativos y debe pasar por doble lectura”, explica, sugiriendo que la administración está esquivando estos requisitos legales mediante maniobras jurídicas cuestionables.
La desorganización y la falta de votos suficientes en la legislatura son argumentos que subrayan la necesidad de vías alternativas para asegurar estas transacciones. Sin embargo, estos métodos no solo eluden el marco legal establecido, sino que también privan a los ciudadanos de la capital de una discusión abierta y democrática sobre el uso del terreno público.
El Peso Político y las Influencias de AUSA
Más allá de la transacción financiera, la conexión personal y política detrás de esta concesión arroja más sombras sobre el incidente. Carlos María Frugoni, director de AUSA, tiene estrechas conexiones con la familia Caputo y con Mauricio Macri, quien había supervisado la renovación de la concesión de AUSA. Estas relaciones personales levantan sospechas sobre la imparcialidad de la concesión, cuestionando si la decisión se tomó en el mejor interés del público o para beneficiar a círculos internos.
Los Reclamos y la Resistencia en la Legislatura
El Observatorio del Derecho a la Ciudad ya está tomando medidas legales, buscando impugnar esta concesión. Identificando fisuras en la unidad política del bloque ‘Juntos por el Cambio’, Baldiviezo precisa que la coalición cívica y algunos radicales están presentando pedidos de informes y manifestando su desacuerdo con esta privatización. “Nos encontramos con sectores legislativos que están rompiendo la orgánica tradicional”, comenta, sugiriendo que esta falta de cohesión podría ser un punto de inflexión para bloquear esta medida.
El hecho de que se desaten controversias dentro de la misma coalición señala un momento crítico en la política porteña, sugiriendo una revisión de cómo se gestiona lo público y estableciendo nuevos desafíos para la administración de Jorge Macri. Los legisladores disidentes argumentan que este terreno podría tener usos sociales y comunitarios, como la creación de un polideportivo público, que serían más beneficiosos para la población en general.
Perspectivas y Futuro
La cuestión de esta concesión subraya un conflicto más amplio sobre la administración de bienes públicos en Buenos Aires. En un contexto en el cual la gestión de lo público se enfrenta a presiones y nubarrones, la transparencia y la legitimidad en decisiones como estas se vuelven más cruciales que nunca. Baldiviezo concluye reflexionando sobre la importancia de este escrutinio: “En un escenario de desafíos nacionales y locales, es imperativo que la ciudadanía y los representantes públicos defiendan lo público y exijan rendición de cuentas”.
Este caso puede no solo determinar el futuro de 5.000 metros cuadrados en Palermo sino también marcar una pauta sobre la integridad en la gestión de tierras y recursos públicos en Buenos Aires. Las próximas semanas serán cruciales, con posibles respuestas legales y movilización ciudadana que podrían redefinir el balance de poder y transparencia en la ciudad.
Conclusión
El episodio de la concesión de terrenos en Palermo no es solo un escándalo aislado, sino un reflejo de una problemática más profunda en la administración de bienes públicos. La histórica falta de transparencia y las conexiones personales en la política argentina agregan capas de complejidad a la hora de tomar decisiones que afectan a la ciudadanía. La entrevista con Jonathan Baldiviezo no solo ilumina estos problemas, sino que también invita a un debate necesario sobre el futuro de la gestión pública en Buenos Aires.
La historia aún está en desarrollo y promete más capítulos conforme se revele cómo la legislatura y la ciudadanía abordarán esta complicada, pero vital cuestión para el bien común.
