Jonathan Valdivieso y el Observatorio del Derecho a la Ciudad presentan recurso de amparo contra los aumentos desproporcionados en el transporte subterráneo.
En una ciudad donde los aumentos de precios se han convertido en un dolor de cabeza cotidiano para los porteños, el incremento en las tarifas del subte emerge como uno de los temas más controversiales. Jonathan Valdivieso del Observatorio del Derecho a la Ciudad ha dado un paso al frente, impulsando un recurso de amparo colectivo para frenar estos incrementos. Analicemos los puntos clave de esta batalla legal y social.
Contexto del Incremento Tarifario
El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha aprobado, tras una audiencia pública, un aumento escalonado en las tarifas del subte que se implementarían en tres etapas: 570 pesos a partir del 17 de mayo, 650 pesos en los primeros días de junio, y 757 pesos en el primero de agosto. Valdivieso sostiene que estos aumentos infringen el principio de tarifas “justas y razonables” establecidas por ley, ya que representan un costo exponencial comparado con los ingresos promedio de los ciudadanos.
La Intervención Judicial
En respuesta a la resolución del gobierno, se presentó un recurso de amparo. Así, la jueza Liberatori dictó una medida precautelar que suspende el aumento hasta que el gobierno presente la documentación completa de los expedientes tramitados en la audiencia pública. La jueza exige especialmente un informe final sobre los criterios y críticas adoptadas de la ciudadanía, fundamentado en la Ley 6 de Audiencias Públicas, que obliga al gobierno a considerar y explicar las razones detrás de aceptar o rechazar las propuestas ciudadanas.
Justificación y Críticas a los Aumentos
Valdivieso subraya dos argumentos principales detrás del recurso de amparo. En primer lugar, la falta de cumplimiento de todas las etapas de participación ciudadana que establece la legislación local. En segundo lugar, el carácter desproporcionado del aumento en sí. Históricamente, el gasto en subte representaba entre un 2 y un 3 por ciento del salario mínimo vital y móvil; con estos aumentos, se elevaría a entre 10 y 13 por ciento, un incremento insostenible para muchas familias.
Desglose de la Tarifa Técnica
Otro punto de conflicto es la tarifa técnica, que calcula el costo total del pasaje del subte. Actualmente, este costo es de 859 pesos. Tradicionalmente, el usuario pagaba alrededor del 40 por ciento de esta tarifa técnica. Con los nuevos aumentos, los usuarios estarían pagando hasta un 90 por ciento del costo total, rompiendo con la distribución histórica de los costos.
Subsidios: Debate entre Políticas Focalizadas y Universales
El recurso de amparo también toca otro aspecto fundamental: el rol de los subsidios. En el modelo actual, el subte se financia tanto por aportes de los usuarios como por los impuestos recolectados. Esta estructura tiene como fin que no solo se beneficie el usuario directo, sino la comunidad porteña en general, dado que el subte es un medio de transporte eficiente y ecológico. La tendencia actual del gobierno parece inclinarse hacia una política más neoliberal, en la que el costo del subte recaería casi exclusivamente en los usuarios.
Falsedad en los Argumentos del Gobierno
Valdivieso también denuncia la manipulación de cifras por parte del gobierno de Buenos Aires. Según sus informes, la diferencia histórica en los costos del subte y colectivo ha sido de entre 50 y 40 por ciento. Sin embargo, el gobierno falsea estos números para justificar un incremento que establece una diferencia del 151 por ciento, un margen nunca antes visto.
Consecuencias a Largo Plazo
El argumento de Valdivieso también toca las implicaciones futuras de estos aumentos. Al encarecer el pasaje, el subte podría perder usuarios de manera significativa, llevando a un círculo vicioso donde cada vez menos personas puedan costear el servicio, obligando al gobierno eventualmente a reintroducir subsidios o ver cómo el sistema se deteriora por falta de fondos.
En resumen, la lucha por mantener una tarifa de subte razonable y justa en Buenos Aires es un microcosmos de debates más amplios sobre participación ciudadana, políticas públicas, y justicia económica. La batalla legal liderada por Jonathan Valdivieso y el Observatorio del Derecho a la Ciudad es un esfuerzo por frenar una serie de aumentos percibidos como desmedidos y que ignoran las etapas procesales y participativas que deberían guiar decisiones de esta índole. A medida que la jueza Liberatori evalúa los argumentos y la documentación, los porteños esperan con expectativa el desenlace de un debate que afecta su día a día y su bolsillo.
