La propuesta de ley de reiterancia levanta sospechas y controversias en torno a su verdadero propósito y posible impacto sobre el derecho a manifestarse. Gabriel Solano, legislador del POFITU, analiza los riesgos de esta herramienta represiva en una conversación esclarecedora.
La constante presión y persecución hacia organizaciones sociales y movimientos populares ha tomado formas cada vez más sofisticadas y polémicas. La más reciente propuesta que amenaza con desafiar los derechos fundamentales de protesta es la denominada “ley de reiterancia”. En una reciente entrevista, el legislador Gabriel Solano del Partido Obrero FITU arrojó luz sobre el verdadero propósito y consecuencias de dicha ley.
Desde el primer momento de la conversación, Solano recordó una declaración clara y explícita de Jorge Macri, nuevo jefe de gobierno, durante su juramento el 10 de diciembre, en la cual mencionó sin ambages el objetivo de la ley de reiterancia: penalizar la protesta social. Una afirmación que no deja lugar a interpretaciones y subraya la naturaleza controversial del proyecto.
Reiterancia vs. Reincidencia: La Delgada Línea Roja
El legislador del POFITU se tomó el tiempo necesario para explicar una de las diferencias clave que confunde pero que es crucial para entender el peligro de esta nueva herramienta legal. La reincidencia, señaló, implica la repetición de un delito ya probado y castigado, mientras que la reiterancia se refiere simplemente a la repetición de una misma conducta denunciada, incluso sin pruebas concluyentes ni juicio previo.
Solano apuntó que bajo la ley de reiterancia, una simple acusación sin pruebas definiría el destino de una persona. Por ejemplo, si un individuo participa en dos marchas, podría considerarse que ha “reiterado” su conducta, lo cual abre la puerta para la aplicación de una prisión preventiva no basada en un delito probado, sino en la mera presunción de una posible reiteración.
Eliminación de la Presunción de Inocencia y Juicios Subjetivos
Uno de los aspectos más inquietantes de este proyecto de ley, según explicó Solano, es la eliminación de la presunción de inocencia. La propuesta de reiterancia introduce un tercer criterio para dictar prisión preventiva: la posibilidad de que la persona cometa el mismo “delito” nuevamente, aunque no se haya probado que incurrió en un delito en primer lugar.
La peligrosidad de este criterio radica en que se basa en el juicio subjetivo del fiscal o juez, abandonando la imparcialidad y objetividad que debería caracterizar a la justicia. Se juzga la propensión de una persona a cometer actos delictivos sin que tales actos hayan sido probados, socavando principios fundamentales del sistema judicial.
El Caso de Mendoza y Su Posible Expansión
En un esfuerzo por ilustrar con ejemplos concretos, Solano mencionó que la ley de reiterancia ya tiene presencia en la provincia de Mendoza y que Jorge Macri ha manifestado querer replicar ese modelo en la Ciudad de Buenos Aires. Este modelo ya ha generado situaciones preocupantes para los defensores de derechos humanos y activistas, al imponer medidas extremas basadas en la acumulación de causas sin resolución.
El Papel del Artículo 194 del Código Penal
El artículo 194 del Código Penal, que data de la época de Longanía, se cita frecuentemente en estos casos, con penas mínimas de seis meses y máximas de dos años. Pero Solano destacó una paradoja: esas penas no conducen a prisión efectiva. Sin embargo, bajo la ley de reiterancia, una acusación recurrente podría justificar la prisión preventiva, lo que resulta incoherente desde un punto de vista legal.
La Importancia Estratégica de la Ciudad de Buenos Aires
Otro punto fundamental señalado por el legislador es la naturaleza especial de la Ciudad de Buenos Aires. Al ser la sede de los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales de la nación, es un punto focal para las manifestaciones de ciudadanos de todo el país. La implementación de la ley de reiterancia en este territorio no solo afectaría a los residentes locales sino también a cualquier persona que viaje a la ciudad para ejercer su derecho a protestar, convirtiendo a Buenos Aires en un campo minado para la protesta social.
¿Qué Podemos Hacer?
La entrevista concluyó con un llamado a la acción. Solano instó a los ciudadanos a estar atentos y a correr la voz sobre el contenido y las implicaciones de la ley de reiterancia. Explicó que, si bien el proyecto aún debe ser debatido en la legislatura, es crucial mantener una campaña activa para impedir su aprobación. Llamó a participar en audiencias públicas y usar todos los canales posibles para difundir la información y movilizar a la opinión pública.
Conclusión
La ley de reiterancia representa un nuevo capítulo en la lucha por los derechos civiles en Argentina. Bajo una aparente preocupación por la seguridad y el orden, se esconde una herramienta que podría criminalizar la protesta y eliminar derechos fundamentales. La vigilancia y la participación pública serán claves para asegurar que este proyecto no se convierta en un arma contra la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Como bien advirtió Gabriel Solano, los derechos conquistados no deben darse por sentado y requieren una defensa activa y colectiva.
