Los negocios detrás de los servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires han suscitado una ola de cuestionamientos. Desde la operación del subte hasta la recolección de residuos, el negocio de las concesiones parece estar plagado de polémicas que minan la transparencia y la eficiencia del sistema.
En la Ciudad de Buenos Aires, la privatización y concesión de servicios públicos se ha convertido en un tema recurrente y discutido. La operación de servicios esenciales, como el subte, la recolección de residuos y los comedores escolares, está marcada por una lógica que suscita numerosas preguntas y quejas entre los porteños.
Un primer punto a considerar es el origen del financiamiento cuando un servicio es privatizado o concesionado. “Somos las porteñas y los porteños los que ponemos el capital,” revela una fuente crítica, desmantelando la percepción común de que son las empresas encargadas quienes asumen el costo inicial y los riesgos económicos. En realidad, los ciudadanos son quienes, a través de sus impuestos, financian estas operaciones.
La situación se agrava cuando se aborda el mecanismo de ganancias para estas empresas. A diferencia de lo que se espera en un modelo de libre mercado, en el que la eficiencia y la calidad del servicio deberían determinar el éxito financiero, las concesionarias tienen sus ganancias garantizadas independientemente de su desempeño. Las empresas “tienen que cumplir con un mínimo de acarreos,” luego del cual “se quedan tomando mate.” Este enfoque socava la competencia libre y justa, deformando el mercado y beneficiando a unos pocos en detrimento de muchos.
Ejemplos de Concesiones Problemáticas
La operación del servicio de subtes es emblemática. A pesar de ser un negocio crítico para la movilidad urbana, en la última licitación solo hubo un oferente, lo que indica que otros potenciales inversores no ven el negocio atractivo bajo las condiciones actuales. Otro ejemplo es el servicio de bicicletas EcoBici, que también tuvo un solo oferente en su licitación, y los comedores escolares, donde “hace más de 20 años que 19 empresas se reparten este negocio multimillonario.”
El negocio de la recolección de residuos y el acarreo de vehículos también está plagado de irregularidades. Hace poco más de un año, Jorge Macri suspendió la licitación del servicio de grúas que había lanzado Horacio Rodríguez Larreta en 2022, un negocio que se estima en “360 millones de dólares.” Además, se reveló que las empresas a cargo del acarreo de vehículos “pagaban 50 mil pesos por mes y se quedaban con todo el dinero del acarreo de los autos,” una cantidad recuperada en apenas cinco minutos de operación diaria.
En un esfuerzo por cambiar esta dinámica, “Larreta dijo voy a cambiar esta lógica, voy a licitar el servicio,” pero con mecanismos que aún no garantizan una transparencia real o una competencia efectiva. La nueva licitación divide la ciudad en tres zonas y paga a las empresas en función de un número mínimo de acarreos, además de adelantarles “ocho millones de dólares para que puedan equiparse.”
Una Lucha por el Control de los Negocios
La disputa política y económica en torno a estos negocios no es trivial. Mientras algunos ven en Jorge Macri un intento de limpiar y transparentar estas concesiones, otros “piensan que estamos disputando quién maneja el negocio y no la lógica del negocio.” La presión por mantener estos acuerdos parece implicar un retorno más allá del beneficio directo a la ciudadanía, dejando en evidencia una red de intereses cruzados entre empresas y figuras políticas.
“El macrismo fue disruptivo porque apareció en la ciudad discutiendo la ciudad, discutiendo el vecinalismo,” algo que las fuerzas políticas alternativas aún encuentran difícil de contrarrestar. Sin embargo, la realidad diaria, palpable en los barrios de Buenos Aires, muestra la creciente necesidad de reconstruir un modelo de ciudad que atienda las demandas reales de sus habitantes.
La Cara Dura del Relato Oficial
El gobierno actual no solo ha sido hábil en construir un relato positivo sobre su gestión, sino que ha tergiversado sistemáticamente la realidad. “Grindetti anunció obras de agua y cloaca, por ejemplo, en la Villa 21-24, cuando sabemos que esas obras están suspendidas desde octubre,” denuncia una activista. La construcción de infraestructura en la costanera, en teoría destinada a resolver problemas hidráulicos, parece más bien orientada a beneficiar proyectos inmobiliarios de alto perfil, sin impacto real en la mitigación de inundaciones.
Necesidad de una Alternativa Disruptiva
La capacidad de instalar una “agenda alternativa” es crucial para desafiar el modelo actual. Las organizaciones vecinales y movimientos sociales buscan proponer soluciones que incluyan la participación ciudadana, y la devolución de la coparticipación se vislumbra como una oportunidad enorme para involucrar a los porteños en la toma de decisiones sobre los recursos públicos.
Para quienes habitan, trabajan y estudian en Buenos Aires, el relato oficial de una ciudad exitosa y ordenada contrasta fuertemente con la realidad de un espacio público deteriorado y servicios cada vez más precarios. “Es estratégico recuperar la ciudad de Buenos Aires en términos políticos,” ya que es un núcleo generador de liderazgos y tendencias nacionales, desde De La Rúa hasta Macri y Milley. La construcción de una visión disruptiva y participativa de ciudad es, por tanto, no solo un desafío local, sino una necesidad nacional.
La narrativa construida por años de gobierno, sostenida sobre concesiones cuestionadas y una gestión polémica de los fondos públicos, enfrenta el creciente clamor por una ciudad más justa y equitativa, donde las decisiones no se monopolicen, sino que reflejen la voluntad y las necesidades de quienes realmente viven y sufren las consecuencias de estas políticas.
