En un movimiento que ha encendido alarmas en diversos sectores, el gobierno ha promulgado una nueva ley de acceso a la información pública que, en lugar de expandir la transparencia, la restringe significativamente. La medida ha sido ampliamente criticada, principalmente por organizaciones de prensa que ven en ella una amenaza directa al ejercicio del periodismo y a la libertad de expresión.
La reciente legislación impuesta a través de un decreto de necesidad y urgencia limita el concepto de información pública, excluyendo toda información con datos de naturaleza privada. Esta exclusión ha generado un fuerte repudio, ya que, según se argumenta, un estado democrático no debería poseer información de carácter privado.
La ley establece que cualquier solicitud de información que intente ingresar a la esfera “doméstica” de los funcionarios será inválida. Esta introducción de un ámbito supuestamente privado para información pública ha sido criticada por intentar ocultar datos que deberían ser transparentes.
Además, el decreto prevé sanciones para quienes, según el gobierno, realicen pedidos de información de “mala fe”, basándose en una controvertida interpretación del abuso de derecho. Esta ambigüedad en la normativa preocupa a medios y comunicadores, quienes ven en ella una herramienta para censurar y reprimir investigaciones legítimas.
Otra reforma preocupante es la relativa a la información clasificada respecto a defensa y política exterior, que ahora puede ser reservada sin mayores controles. Esta disposición impide que los ciudadanos conozcan detalles sobre el gasto y las decisiones estratégicas del país, bajo un manto de secretismo que va en contra de la transparencia democrática.
FATPREN, la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa de la República Argentina, ha emitido un comunicado alertando sobre el impacto negativo de esta medida sobre la libertad de prensa y la comunicación. La federación destaca que restringir el acceso a la información pública cercena la capacidad de los periodistas para investigar y difundir noticias, reduciendo así la libertad de expresión en el país.
El ejercicio periodístico se basa en decodificar, analizar, y visibilizar información relevante para la sociedad, y cualquier limitación en el acceso a la información pública es un golpe directo a este deber fundamental.
El gobierno, que alguna vez clamó por la libertad, ha mostrado su verdadera intención al implementar regulaciones que constriñen el derecho de los ciudadanos a estar informados. Al escudarse en decretos de necesidad y urgencia, se ignora el derecho humano fundamental de acceder a la información, un derecho que es vital para la rendición de cuentas y el funcionamiento de una democracia.
Lo que se revela con este decreto es una tendencia preocupante: la desintegración del estado de derecho en favor del ocultamiento y la concentración de poder. Esta ley no solo atenta contra los principios de transparencia, sino que también pone en riesgo la esencia misma de una democracia que se basa en la participación y fiscalización ciudadana. Ante este panorama, es crucial que tanto los ciudadanos como las organizaciones de prensa se mantengan vigilantes y defiendan con firmeza el derecho a la información.
