En una reciente conversación con Karina, vecina del barrio porteño de Barracas, se plantea una cuestión alarmante sobre la instalación de cárceles modulares en distintas áreas de la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo Barracas, Flores y Chacarita. Estas instalaciones han provocado una fuerte reacción entre los residentes, quienes argumentan que estas medidas no solo son ilegales, sino que también exacerban la inseguridad y dañan el tejido social de los vecindarios.
Karina revela que los vecinos se enteraron de la construcción de estas cárceles en mayo, a raíz de informes mediáticos sobre fugas de detenidos en comisarías. “Nos enteramos por los medios que, bueno, que se iba a dar algún anuncio de, bueno, de esta idea, de este experimento que están haciendo de insertar en los barrios cárceles modulares, módulos carcelarios”, comenta. Esta información desató una preocupación inmediata en el vecindario, el cual ya estaba lidiando con cuestiones de inseguridad relacionadas con otras instalaciones gubernamentales como los Centros de Inclusión Social (CIS).
La controversia no se limita a la instalación per se, sino que también incluye críticas hacia las políticas de ubicación de estas cárceles modulares. Karina menciona que estos módulos carcelarios se están colocando en áreas no aptas para habitabilidad según el código urbanístico de la ciudad, especialmente en espacios bajo autopistas. “El código urbanístico no permite que se pongan instalaciones para que la gente viva. Entonces, desde ese punto de vista, ya de por sí poner una cárcel, aunque el gobierno de la ciudad no la llame cárcel, es una cárcel”, enfatiza.
Las promesas de mejoramiento urbano por parte del gobierno parecen haberse desvanecido para los vecinos, quienes ahora se sienten abandonados y expuestos a la inseguridad. “Las promesas eran de mejorarnos la vida, y bueno, y nos damos cuenta que, bueno, en mayo nos encontramos con esta situación de que, bueno, finalmente se estableció un decreto… con un tema tan complejo como es una cárcel, donde hay estándares específicos para construir una cárcel, medidas de seguridad, bueno, nada de eso vamos a tener”, denuncia Karina.
Otro punto de preocupación es la falta de control sobre quiénes serían los detenidos alojados en estas nuevas instalaciones. Las autoridades locales han comunicado a los vecinos que se trataría de presos de diversa índole, incluidos delincuentes peligrosos. “En la Defensoría del Pueblo nos dijeron que a Chacarita van a ir presas mujeres, y a Barracas van a traer hombres, y preguntamos qué perfil podíamos pensar que iban a traer, y nos dijeron violadores, violadores alrededor de los colegios”, informa Karina, manifestando un profundo malestar y preocupación por la seguridad de los niños y jóvenes que frecuentan las escuelas y clubes cercanos.
Los vecinos no se han quedado de brazos cruzados ante esta situación. Karina detalla que se han organizado en asambleas, han convocado marchas, y han tenido reuniones con la Defensoría del Pueblo y otros organismos del gobierno. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, se sienten desoídos. “Lamentablemente estamos abandonados, y bueno, y las promesas de campaña quedan en promesas de campaña, y bueno, estamos padeciendo los efectos de la política rancia que toma el ciudadano de rehén, y que bueno, no salimos de nuestro asombro a pesar de todo lo que estamos haciendo, no nos escuchan, no escuchan al vecino”, expresa con desánimo.
La falta de personal idóneo para gestionar estas cárceles es otra de las críticas más contundentes. Los módulos estarán bajo la custodia de la policía de la ciudad y no del servicio penitenciario, lo que genera aún más inseguridad. “Lo que percibimos es que va a haber más de 100 reclusos bajo la custodia de policías de la ciudad que no están capacitados para esa labor. Les están dando un curso, pero los policías están más perdidos que el turco en la neblina”, declara Karina, evidenciando una preocupación generalizada sobre la eficiencia y seguridad de estas cárceles.
La instalación de estas cárceles modulares en barrios residenciales también ha desencadenado una amplia reflexión sobre las políticas urbanas y de seguridad que implementa el gobierno de la ciudad. Muchos vecinos argumentan que estas decisiones perpetúan la marginalización de ciertas áreas y no abordan las verdaderas raíces de la inseguridad. “Esto no es una solución de fondo. Esto es producto de una política mal pensada, una mala política”, sentencia Karina.
Los residentes de Barracas están utilizando las redes sociales, como la página “Barracas Dife Basta”, para canalizar su indignación y organizarse. La lucha vecinal es ardua, y buscan asegurarse de que sus voces sean finalmente escuchadas por las autoridades pertinentes.
En conclusión, la instalación de cárceles modulares en Buenos Aires ha encendido una llama de protesta y preocupación en los barrios afectados. Los vecinos de Barracas, y otros barrios como Flores y Chacarita, están en pie de lucha contra estas medidas que consideran ilegales y perjudiciales para su calidad de vida. La incertidumbre y la sensación de inseguridad se ciernen sobre estas comunidades, quienes demandan soluciones de fondo y políticas urbanas que realmente beneficien a todos los ciudadanos.
