La reciente polémica en torno a la privatización de la empresa estatal de servicios de agua y saneamiento AYSA ha desencadenado un acalorado debate sobre el manejo de los recursos hídricos en Argentina. En un contexto donde “el acceso al agua como un derecho humano” se ve amenazado, las voces críticas señalan que tal decisión podría repercutir negativamente en la igualdad de condiciones para todos los ciudadanos.
La posible privatización de AYSA ha sido vinculada a la denominada Ley Bases, una legislación que busca ampliar el ámbito de privatizaciones en varios sectores estratégicos del país. Uno de los argumentos presentados para justificar esta decisión son las supuestas “pérdidas millonarias” que sufriría la empresa en 2024. Sin embargo, expertos y críticos cuestionan estas cifras, sugiriendo que se debe analizar si la empresa podría estar operando con déficit debido a la ejecución de obras públicas o por mantener tarifas asequibles, y no necesariamente por una mala gestión.
Un punto de gran controversia es la afirmación del gobierno de cerrar el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), acción que ha sido interpretada por algunos como un intento adicional por diluir la función pública en el manejo del agua. Como señala el análisis de expertos, ENOHSA es un “organismo que planifica, ejecuta y administra obras de agua y cloaca en todo el país”, y su eliminación podría ser un retroceso significativo en términos de política pública nacional de agua y saneamiento.
La situación actual del país, donde “7 millones de personas no acceden al agua potable y 20 millones no acceden a la cloaca”, plantea un desafío estructural que, según críticos, sería agravado por la privatización. Las estadísticas demuestran que hay una profunda injusticia en relación a la desigualdad en el acceso al agua. Por ejemplo, en ciertos barrios de Buenos Aires, solo el 4% de los habitantes superan los 60 años, en comparación con un 25% promedio en el resto de la ciudad. Estas cifras son una ilustración clara de los efectos devastadores que la falta de acceso a servicios básicos puede tener en las comunidades marginalizadas.
La participación de Mekorot, una empresa estatal de aguas israelí, en la planificación de estrategias de agua en Argentina, ha sido otro foco de indignación. La presencia de Mekorot en el país, desde la firma de acuerdos durante administraciones anteriores, ha sido vista como una amenaza a la soberanía nacional sobre los recursos hídricos. “La discusión estratégica en torno al agua tiene que ver con nuestra soberanía”, afirman defensores de la autonomía local, que abogan por el uso de los recursos y conocimientos nacionales para manejar las políticas de agua.
Las experiencias pasadas con la privatización del sector del agua en Argentina, cuando “una empresa francesa se hizo cargo del servicio de agua y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana”, han sido un precedente negativo para muchos. Aquella privatización no solo fracasó en mejorar la cobertura, sino que también “dejó enormes pasivos” ambientales, como los desequilibrios hídricos que continúan afectando al conurbano bonaerense.
El caso de AYSA y ENOHSA refleja un dilema mayor sobre la manera en que Argentina debería manejar sus recursos naturales esenciales. La privatización de servicios públicos como el agua no solo amenaza el acceso igualitario a un recurso vital, sino que también plantea la cuestión de la sostenibilidad de tales políticas a largo plazo. Los críticos piden que, en vez de proceder con la privatización, el país se enfoque en “cerrar la profunda brecha de desigualdad” en servicios básicos de agua y saneamiento, invirtiendo en infraestructura y políticas que beneficien a todos los ciudadanos por igual.
El gobierno está llamado a reflexionar sobre las implicaciones humanas y sociales de trasladar servicios esenciales al sector privado, una acción que podría aumentar la desigualdad y limitar el acceso justo al agua. Para muchos, la pregunta más apremiante es: ¿debería el beneficio económico inmediato de la privatización primar sobre el derecho inalienable al agua y la salud pública de millones de personas?
En este escenario, es crucial que cualquier acción futura se base en un diálogo abierto y transparente que considere el bienestar de la población y la sostenibilidad de las políticas de recursos hídricos. Como sociedad, Argentina enfrenta el desafío de equilibrar las necesidades económicas y políticas con la garantía de derechos fundamentales de sus ciudadanos. La respuesta a este dilema definirá el rumbo del país en la gestión de uno de sus recursos más preciados.
