En un marco de creciente preocupación y movilización, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se convirtió en el escenario de intensos debates el viernes pasado, cuando se trataron las modificaciones impulsadas por el gobierno local al Código de Planeamiento Urbano. La jornada estuvo marcada por la intervención de distintas organizaciones vecinales y sociales, decididas a defender un desarrollo urbano más equitativo y sostenible.
“El diablo mete la cola”, dijeron algunos, refiriéndose a los intereses inquebrantables del mercado inmobiliario que ronda cada modificación a la normativa urbanística. Las críticas señalaban que las modificaciones propuestas exacerban una problemática ya presente: “quieren construir, construir, construir y convertir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en algo invivible”, denunció María Eva Koutsouvitis de la organización La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. Según ella, estas nuevas disposiciones no solo profundizarán la crisis habitacional, sino que también amplificarán problemas como la contaminación y la gentrificación, desplazando a las familias tradicionales de sus barrios.
La resonancia de las palabras de Koutsouvitis encontró eco en varias voces del ámbito vecinal que se hicieron oír en el recinto. Martina Miravalles, representante de Villa Crespo Activa, resumió la indignación colectiva: “esto es una lucha que plantea qué ciudad queremos. Una ciudad que queremos como hábitat, que nos incluya a todos y no una ciudad como mero soporte de la renta inmobiliaria de las grandes desarrolladoras”. Según Miravalles, a pesar de la introducción de algunas modificaciones positivas logradas por la presión vecinal, el núcleo del proyecto sigue beneficiando a los intereses del gran capital inmobiliario.
Un punto de particular controversia fue la llamada “zona de compensación”, una propuesta que permite a las desarrolladoras sobreconstruir en barrios del sur para obtener permisos de construcción adicional en zonas más codiciadas del norte. “Para este gobierno llevar desarrollo al sur de la ciudad no es llevar agua, cloaca, hospitales y escuelas, es simplemente garantizarle a las grandes desarrolladoras inmobiliarias que, si construyen en el sur, van a recibir premios para sobreconstruir en otras partes de la ciudad”, advirtió Koutsouvitis, en un claro cuestionamiento a las políticas de desarrollo impulsadas por el ejecutivo local.
Isabel D’Amico, de la Asociación Amigos de la Estación Coglan, también puso de manifiesto las complicaciones que estas construcciones podrían acarrear en términos de infraestructura y calidad de vida urbana: “los otorgamientos de permiso no van de la mano de un relevamiento de las cloacas, de la parte eléctrica, del agua. Entonces nos preocupa qué va a pasar con esta densificación”. En otras palabras, la ampliación del desarrollo inmobiliario sin la debida planificación en servicios públicos y espacios verdes podría deteriorar aún más la ya tensa situación de la infraestructura urbana.
La densificación propuesta y la consecuente elevación en las alturas de las construcciones también representaron un punto de gran inquietud para D’Amico y muchos otros presentes. “Nos preocupa también, como a todos, los espacios verdes. Por un lado, porque los espacios verdes sin follaje no tienen sentido… Y los árboles están enfermos y hay que tratarlos”, relató D’Amico, sugiriendo que las modificaciones al código no solo descuidan la vida de las personas, sino también el bienestar ecológico de la ciudad.
Pero la crítica más aguda quizás se dirigió a la indiferencia manifiesta del proyecto hacia la problemática habitacional: “los barrios populares apenas tienen una página de mención en el código, o sea, es una burla. Y desde ya, la problemática de los jóvenes, los jóvenes que no pueden alquilar, no pueden comprar, es ausente”, remarcó Miravalles. En un contexto donde la crisis de vivienda se profundiza, cualquier proyecto que ignora esta realidad socava su validez y sostenibilidad a largo plazo.
Entre las voces, se oyó una preocupación recurrente sobre la afectación a la fauna y flora locales, un aspecto generalmente no contemplado en los debates urbanísticos. “Las torres, se interponen en los corredores de las aves, cosas que no tenemos en cuenta, pero nos vamos a dar cuenta cuando en nuestras terrazas no tengamos más ese disfrute”, señaló Miravalles, subrayando las implicancias ecológicas que en muchas ocasiones pasan desapercibidas.
Con un tono cargado de información y alerta, las distintas organizaciones vecinales presentes se unieron en un llamado a la participación y la defensa común de la calidad de vida urbana. “Pensamos que sin la participación ciudadana, vecinal, popular, esto está regalado. Y no pensamos en regalar nuestro hábitat”, declaró Miravalles, resumiendo el sentimiento de resistencia de una ciudadanía que no está dispuesta a aceptar pasivamente imposiciones que afecten su cotidianeidad y su entorno.
En suma, la jornada en la legislatura dejó claro que las modificaciones al Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires no son simplemente un tema técnico, sino una cuestión profundamente política y social. De cómo se resuelvan estas disputas depende en gran medida el futuro del tejido urbano y comunitario de una ciudad que, para muchos de sus habitantes, debe primar el bienestar colectivo sobre el interés financiero de unos pocos. La lucha por un desarrollo urbano equitativo continúa, y con ella, la búsqueda de una Buenos Aires más inclusiva y sostenible.
