El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció el cierre del Hogar Curapaligüe, provocando críticas por un ajuste en servicios sociales y especulaciones sobre intereses inmobiliarios en la zona. El cierre afectará a más de 20 niños y niñas, además de dejar sin trabajo a 50 empleados.
El reciente anuncio del cierre del Hogar Curapaligüe generó indignación y preocupación entre los ciudadanos de Buenos Aires. Este hogar, que ha sido un refugio para más de 20 niños, niñas y adolescentes separados de sus familias, se enfrenta ahora al fin de sus operaciones debido a lo que el gobierno describe como “problemas estructurales”. Sin embargo, detrás de esta justificación subyace un trasfondo de especulación inmobiliaria y ajuste en políticas públicas que despierta críticas y profundiza el debate sobre la gestión de recursos para los más vulnerables.
En el contexto de este cierre, la Junta Interna de ATE del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ha elevado su voz exponiendo que, además de precarizar las condiciones laborales con “magros salarios que se ubican por debajo de la línea de pobreza”, ahora se suma “la vulneración directa a las niñeces con el vaciamiento de los programas, la falta de recursos y el cierre de los hogares porteños”. La incertidumbre es evidente no solo para los pequeños que dependen del hogar para una vida más estable, sino también para los trabajadores que ahora ven sus empleos y formas de vida en riesgo.
La decisión de cerrar el Hogar Curapaligüe vino acompañada de un intento inicial de proponer mudanzas para su renovación estructural. No obstante, el giro inesperado hacia el cierre definitivo y la tercerización del servicio tomó a todos por sorpresa. “De un día para el otro, la idea de la mudanza se cambió por el cierre del hogar y la tercerización del mismo”, señalaron fuentes cercanas, sumando a la desconfianza sobre los motivos reales detrás de esta medida.
La ubicación del hogar, en una zona privilegiada de Parque Chacabuco, en Curapaligüe al 571, es otro punto que alza sospechas. Con su cercanía a arterias principales como Rivadavia y Pedro Goyena, el terreno es valioso para desarrollos inmobiliarios. “Curapaligüe al 500 está en una zona muy cara… el gobierno seguramente en lugar de arreglar ese edificio lo dará en consignación, en venta, en lo que sea”, se menciona en los círculos críticos como una maniobra que deja entrever oportunidades de negocio para allegados al poder.
Fuentes locales advierten que esta no es la primera vez que se observa un pacto entre intereses inmobiliarios y la administración de la ciudad. “El modus operandi del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires consiste en transformar espacios destinados a servicios sociales en negocios lucrativos para el sector privado, desatendiendo las necesidades comunitarias”, mencionan con preocupación.
El escenario es aún más alarmante para aquellos que apostaron por espacios públicos educativos, como en el caso de vecinos reclamando un jardín en la calle Pringles, donde instalaciones del gobierno que podrían convertirse en escuelas son contempladas para ventas, dejando de lado las demandas educativas básicas del barrio.
Por otro lado, al tercerizar el cuidado de estas infancias a “hogares privados, a lugares donde se los aloja y se los contiene, entre comillas, a cambio de un pago por parte del gobierno de la ciudad”, se plantea una desconexión entre la responsabilidad estatal y el fortalecimiento de vínculos comunitarios genuinos. Esta situación, según críticos, representa un desplazamiento pernicioso de lo público a lo mercantil, en detrimento de los derechos esenciales de la infancia.
A la luz de estos acontecimientos, muchos se congregarán este miércoles en una radio abierta a las puertas de la legislatura porteña en un clamor de justicia. La protesta tiene un objetivo claro: que se escuche el rechazo a estas decisiones que afectan a los sectores más vulnerables.
Esta controversia se inserta dentro de un marco mayor de “vaciamiento de las políticas públicas para los sectores más vulnerables”, como destacan quienes observan la política de ajuste no solo en la ciudad, sino también a nivel nacional. Se cuestiona un modelo de gestión que ha mantenido un mismo partido político, bajo diferentes rostros como el actual de Jorge Macri, durante dos décadas, reiterando “la misma política con distintas caras”.
En definitiva, el cierre del Hogar Curapaligüe no solo deja al descubierto necesidades estructurales no atendidas sino también un patrón de decisiones que priorizan un tipo de crecimiento económico sobre el bienestar social. En esta tensión, las voces críticas reclaman un reequilibrio hacia una política pública inclusiva y equitativa, que ponga en el centro a quienes más lo necesitan.
