La manifestación llega en un contexto donde el Foro Multisectorial contra los Tarifazos y la Asociación de Defensa del Derecho de Usuarios y Consumidores (ADUC) han presentado una acción de amparo ante la Justicia Federal. Su objetivo es revocar los aumentos que consideran “irrazonables y confiscatorios” en servicios esenciales como electricidad, gas, agua, y telecomunicaciones. Estas tarifas, vitales en la cotidianidad de los ciudadanos, han escalado hasta tal punto que se cuestiona su status lógico como servicios públicos básicos.
En su demanda, las organizaciones hacen un llamado de atención no solo al gobierno nacional, liderado por el presidente Javier Millei y el ministro de Economía, Luis Caputo, sino también a los entes reguladores y empresas prestatarias de estos servicios. Estas denuncias resaltan especialmente en contextos municipales de la provincia de Buenos Aires y en la capital del país, donde el impacto de estas alzas ha sido más severo.
Osvaldo Bazano, presidente de ADUC, enfatiza en la necesidad imperiosa de respaldar a los consumidores, especialmente en una economía donde la capacidad de ingresos de los ciudadanos no ha seguido el mismo ritmo que las tarifas. “El foro de asociaciones y multisectorial de inquilinos, jubilados, asociaciones de consumidores, se conformó por esta disparada descomunal de aumentos en los servicios públicos de luz, gas y agua […] que afectan pura y exclusivamente por la baja de ingresos que tienen los consumidores”, dice Bazano, subrayando cómo estas condiciones violan derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional.
El artículo 42 de la Constitución, que manda al Estado a proteger a los consumidores, junto con el artículo 75, inciso 21, que introduce el concepto de razonabilidad, son utilizados como pilares en esta batalla judicial. “Si no hay ingreso, no puede cobrarse un servicio público que es un derecho humano. Nadie en el siglo XXI puede usar servicios públicos, no usarlos”, añade Bazano, detallando la incoherencia entre los ingresos de los consumidores y las tarifas actuales, que han experimentado incrementos exorbitantes de hasta “700, 800, 1000%”, comparados con incrementos de ingresos que apenas superan “el 4 o 5%”.
El apagón convocado es solo una de las medidas propuestas por las organizaciones. “También se llegó a acuerdos para organizar distintas medidas, como acciones judiciales, reclamos, presentaciones ante los órganos de control, ante el Estado”, comenta el titular de ADUC. Aunque la principal herramienta es la acción de amparo ante la Justicia, la escalada del conflicto social y económico obliga a pensar en estrategias múltiples y sostenidas para lograr un cambio real.
Más allá del daño económico que estas tarifas infligen en el ciudadano promedio, Bazano destaca un problema estructural y ético en toda esta situación. Señala que los costos que debería asumir el Estado se trasladan en mayor medida a los usuarios, presentando esto como una “estafa energética”. Los jubilados y ciudadanos con bajos ingresos no deben ser los que sostengan a empresas “cuyas tarifas son precios en dólares […] un jubilado, un desocupado tiene que sostener a Mindlin, Roca o Macri”.
La crisis no solamente representa un debate legal sobre la constitucionalidad del Decreto 70-23, que facilitó estas alzas, sino que también refleja una profunda lucha social. Cada paso que toman estas asociaciones busca proteger a quienes están al borde del colapso financiero debido a estas políticas. Sin duda, esta iniciativa es un clamor de justicia, pidiendo que los componentes del Estado cumplan con su deber fundamental: “la protección económica del consumidor”, en palabras de Bazano.
Este debate no solo se juega en los tribunales, sino también en el escenario público. A medida que las tensiones económicas se intensifican, los consumidores alzan una bandera de resistencia. El apagón de mañana es una declaración simbólica pero potente, un llamado urgente a la acción, a un cambio sistémico que garantice tarifas justas y razonables para todos los ciudadanos. Mientras esperamos ver el desenlace de este amparo judicial, recordamos lo que está en juego: la dignidad y la esencia misma de los derechos humanos básicos en nuestra sociedad.
Para seguir de cerca esta importante causa, los interesados pueden visitar el sitio web de ADUC y estar al tanto de los desarrollos futuros en esta pelea por una vida digna y justa para todos.
