El pasado 8 de noviembre, la CTA Capital, representada por Pablo Clayman, coordinador del equipo jurídico de la central, participó en un plenario conjunto de las comisiones de trabajo, justicia y asuntos constitucionales de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objetivo: expresar su posición sobre los proyectos de ley que proponen la creación de un fuero laboral y su código procesal correspondiente en la ciudad. Sin embargo, este ambicioso proyecto ha levantado dudas y polémicas debido a la cuestión fundamental de si Buenos Aires debería ser equiparada con una provincia en términos jurídicos.
Desde el inicio del debate, ha quedado claro que “la creación del fuero laboral en la justicia de la ciudad estaría en duda”. La razón principal radica en que la constitución nacional hace una clara diferenciación entre “las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, sugiriendo que la capital no tiene el mismo rango que una provincia.
Pablo Clayman, al tomar la palabra en la legislatura, subrayó la importancia de abordar este tema desde un punto de vista constitucional: “La ciudad de Buenos Aires no es una provincia, entonces ya tenemos un problema ahí constitucional”. Esta afirmación se apoya en el artículo 75 de la Constitución Nacional, que especifica las competencias del Congreso y las provincias, pero no delinea un rol similar para la Ciudad de Buenos Aires en relación con los códigos de fondo.
El trasfondo legal y constitucional que impide considerar a Buenos Aires como una provincia es detallado y complejo. Como Clayman explicó, “no es una provincia porque su origen es diferente al resto de las provincias; las provincias son preexistentes a la nación”. Esta distinción histórica y jurídica es crucial para entender las limitaciones actuales de la ciudad en adoptar un sistema judicial similar al de las provincias.
Un elemento adicional aportado al debate fue el análisis del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuya opinión fue citada por Clayman: “Considerar a la ciudad de Buenos Aires, más allá del estado de ciudad, como una provincia […] supondría desconocer el origen histórico y jurídico de las provincias en el sistema constitucional argentino”. Este comentario refuerza la idea de que la ciudad no puede ser tratada como una provincia sin modificar la legislación vigente.
La discusión se complica aún más por los intentos previos de la ciudad de establecer su propia justicia laboral. Clayman comentó que “hay una obsesión con la justicia laboral” en Buenos Aires, que no se ve reflejada en otros ámbitos legales, como los casos de accidentes de tránsito o sucesiones, lo que sugiere una motivación específica detrás de estos proyectos.
Sin embargo, el establecimiento de una justicia laboral propia no es solo una cuestión de competencia y derechos, sino también de practicidad. Según Clayman, adoptar este enfoque “lo que va a hacer esto es traer mayor litigiosidad, no menos, más años de tramitación”, dado que los planteos de inconstitucionalidad probablemente surgirán, prolongando los procesos judiciales en lugar de agilizarlos.
Otro tema polémico asociado a estos proyectos es la llamada “industria del juicio”. Clayman, sin embargo, refutó esta noción argumentando que el número de casos registrados no corresponde con las cifras que sostendrían tal industria: “En la justicia nacional se iniciaron 60.000 causas el año pasado. ¿Dónde está la industria del juicio?”. Por tanto, lo que algunos consideran un exceso en litigios, para otros, es simplemente “trabajadores reclamando por sus derechos”.
La disyuntiva actual, por tanto, no es sencilla. La posibilidad de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adquiera más autonomía judicial enfrenta desafíos no solo por las limitaciones impuestas por la Constitución Nacional sino también por las consecuencias prácticas de semejante cambio. A pesar del fervor con que algunos han promovido el proyecto, la conclusión de la CTA Capital es clara: “Por ser inconstitucional, más tarde o más temprano, este proyecto […] va a fracasar”.
Este debate es, en última instancia, una reflexión sobre el equilibrio de poder y la autonomía local dentro de un marco nacional, un tema que seguirá suscitando pasiones y argumentos tanto en la capital como en todo el país. La creación de un fuero laboral podría transformar profundamente el sistema judicial de la ciudad, pero también obliga a reconsiderar qué significa ser una “Ciudad Autónoma” en Argentina y hasta dónde alcanzan los límites de esa autonomía.
