En una reciente comunicación con Jimena Frankel, coordinadora del proyecto, surgieron inquietantes revelaciones sobre la situación actual en Argentina respecto a las medidas del gobierno para enfrentar a los movimientos sindicales y sociales. “Desde el primer momento, Javier Milei declara su enfrentamiento respecto a las organizaciones sindicales, movimientos sociales, de derechos humanos, todo lo existente que tenga carácter colectivo”, comentó Frankel, mostrando cómo el gobierno ha delineado su postura hostil desde la toma de poder.
La polémica figura de Patricia Bullrich, a cargo de la cartera de seguridad, es un elemento central en este panorama de represión. Su historial en el manejo de protestas violentas, especialmente durante las manifestaciones de diciembre de 2017, es un recordatorio de las tácticas severas que puede implementar el gobierno. “Vemos un poco eso se repite en esta nueva gestión, pero sean algunos pasitos más”, agregó Frankel, subrayando la escalada en las tácticas represivas.
Desde el inicio de la actual administración, el 10 de diciembre pasado, hasta el 30 de septiembre, se han registrado cincuenta y cinco represiones en todo el país, resultando en 1132 personas heridas y 145 detenidos, según los datos del monitor. “Este gobierno no solo reprimió en forma clásica toda protesta que ocurrió…, sino también en acciones que ponían en cuestión las leyes que querían pasar o los vetos que querían pasar”, explicó la coordinadora.
Más allá de estas acciones directas, las tácticas del gobierno incluyen la demonización de organizaciones y movimientos sociales. Frankel mencionó que se llevaron a cabo al menos sesenta y cuatro allanamientos en toda la nación, desatando una serie de causas legales contra diversos dirigentes sociales, quienes son acusados de manera infundada para encorsetar cualquier intento de resistencia. “La respuesta es, allanamos, iniciemos una causa para justamente poder encorsetar o intentar encorsetar cualquier acción de resistencia”, afirmó.
El gobierno también ha sido criticado por recortar recursos esenciales a las comunidades más vulnerables. “No entrega alimentos a los comedores”, destacó Frankel, evidenciando el uso de tácticas que van más allá de la represión directa, afectando a quienes dependen de estos servicios básicos.
La implementación de diversas leyes y normativas está diseñada para respaldar las tácticas represivas. Entre estas se encuentran el protocolo Antipiquetes y la ley de reiterancia en la capital federal. Son instrumentos legales, según Frankel, que no solo advierten a las organizaciones populares sino que, además, intentan dar un marco normativo a la represión.
La aprobación reciente de la Ley Antimafia ha sido vista como otro movimiento táctico del gobierno para perseguir disidentes bajo la fachada de enfrentarse al crimen organizado. Frankel describió cómo, al llamar “mafia” a ciertos grupos, el gobierno puede desplegar medidas represivas contra sindicatos y colectivos disidentes bajo el paraguas de la legalidad. “Para ellos la mafia tiene cara de sindicalista, ¿no? La mafia tiene cara de colectivo”, subrayó.
El desafío que supone el aumento de la represión también lleva consigo una oportunidad para la organización y el análisis crítico, algo que Frankel y su equipo ven como crucial. El Monitor de Respuestas Represivas no es solo una herramienta de denuncia, sino una plataforma para entender y prever los movimientos del gobierno. “La única forma de poder combatirlos es siempre saliendo a la calle, pero también es conociendo cómo se mueve nuestro enemigo”, afirmó Frankel.
A pesar de la difícil situación, aún existen espacios de soporte y denuncia. Frankel hizo un llamado a utilizar otras organizaciones y redes, como la red Federal por los Derechos Humanos y la Democracia, que sirven como una línea de defensa para aquellos que se enfrentan a las tácticas represivas.
Estos esfuerzos de documentación y denuncia culminaron en la presentación de una mesa de análisis sobre la Ley Antimafia, organizada por la CTA Nacional, donde se discuten los impactos potenciales de estas leyes en las organizaciones sociales y partidarias. “Nos quedó algo por contar, algo por decir”, enfatizó Frankel, antes de añadir que próximamente se publicará un informe con un recuento detallado de lo ocurrido a lo largo del año en curso.
En medio de este clima tenso, las acciones colectivas y el esfuerzo por monitorizar las represalias son fundamentales. Como Frankel destacó, “la acción es el mensaje”. Al conocer y difundir estos datos, tanto el Sindicato Autónomo como otras organizaciones y grupos cívicos mantienen viva la esencia de resistencia y protegen a quienes día tras día alzan su voz por la justicia social. Con las alarmantes cifras de represión, es esencial apoyar a las organizaciones que ofrecen recursos y apoyo a las comunidades afectadas.
En síntesis, la situación en Argentina sigue siendo motivo de preocupación, pero también refleja la determinación y la resistencia inquebrantable de aquellos que luchan por una sociedad más justa e igualitaria. Todo indica que este será un año lleno de desafíos, pero junto a ellos, también surgen oportunidades para reclamar derechos y resistir.
