La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra nuevamente en el ojo del huracán debido a las disputas que rodean el código urbanístico, una serie de normas que determinan cómo y dónde se pueden realizar construcciones en la ciudad. Según estas normativas, “uno puede construir un edificio de tantos pisos en tal manzana o de tantos otros en tal otra manzana”, dictaminando qué tipo de estructuras son adecuadas en cada terreno. Sin embargo, este código no solo se trata de planificación y construcción; se ha convertido en el núcleo de una creciente preocupación por parte de los ciudadanos sobre el imparable avance del asfalto sobre el verde urbano y las tradiciones barriales.
Cristina Sotile, columnista y activista, ha estado al frente de la resistencia vecinal, representando las voces de aquellos que temen los efectos de “la construcción desbocada en nuestra ciudad”. Según Sotile, este tema refleja un problema mayor que describe como “nada más ni nada menos que otra forma de extractivismo, que es el extractivismo urbano”, un término que alerta sobre la apropiación de espacios públicos a costa del bienestar de las comunidades locales.
El código urbanístico de 2018, dicen los críticos, ha traído consigo consecuencias devastadoras, como derrumbes y la proliferación de zonas problemáticas en barrios que alguna vez fueron de casas bajas. Un ejemplo es el barrio de Flores Norte, donde “en un barrio de casas bajas empiezan a proliferar los talleres, los depósitos, movimiento de camiones”, lo que genera grietas, ruidos y trastornos las 24 horas. Este fenómeno no es exclusivo de una sola área; afecta a diversos barrios, incluyendo Palermo, San Telmo y La Boca, donde poblaciones arraigadas se ven desplazadas por desarrollos comerciales.
En un panorama donde el mercado inmobiliario se erige como el gran beneficiado, la preocupación de los vecinos gira en torno a cómo se promueve “la vida individual y que todo el divertimento o todo el espacio de reunión sea propiciado desde el mercado, el mercado gastronómico en este caso”. Este modelo de desarrollo ha impulsado un aumento de espacios comerciales en detrimento de viviendas que favorecen la vida en comunidad, sugiriendo una transformación en el tejido social de la ciudad.
La reciente audiencia pública organizada en la legislatura representó la oportunidad para que vecinos y vecinas hicieran escuchar su voz en un contexto donde, según los detractores del código, “las presentaciones muy lindas y con muy lindos dibujitos hechos en escritorio” ignoran la realidad de los barrios. Aunque se inscribieron cerca de 2.000 ciudadanos para participar, la logística de las audiencias parece jugar en contra de una representación efectiva, ya que “coincidía con el horario de trabajo de muchas personas”.
El descontento de Sotile y de muchos ciudadanos reside en la falta de transparencia y en la imposición de normas que no consideran las peculiaridades de cada comunidad. Proyectos que proclaman disminuir “las desigualdades norte-sur” son vistos con escepticismo ya que, en lugar de solucionar problemas de infraestructura o servicios básicos, está orientado a dinamizar el mercado inmobiliario.
Esta resistencia ciudadana, como describe Sotile, está más organizada y visible que hace diez años. “Se está acercando el vecino común” a las audiencias, aquellos que perciben los “perjuicios que le trae sobre su vida, sobre su casa, sobre su economía”. Sin embargo, críticamente, una constante en el debate ha sido la elocuencia con la que se expone la falta de claridad sobre los cambios que introducirá el nuevo código. “Son los reyes del eufemismo”, explica Sotile al describir cómo las modificaciones propuestas carecen de explicaciones concretas sobre el “nuevo espíritu” del código.
La dinamización deseada del mercado inmobiliario en la zona sur de la ciudad choca con realidades sociales y culturales profundas. Según Sotile, “en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires hay más población estable”, donde las casas pasadas de generación en generación se resisten a ser reemplazadas por torres de lujo. La crítica se centra en que esta estabilidad es percibida como un obstáculo para el progreso, pero para muchos residentes, es más bien un testamento de comunidad y tradición.
Sotile concluye con un llamado a la participación ciudadana, enfatizando la importancia de fiscalizar las decisiones que afectan a la ciudad. En un contexto político que ha visto una falta de alternancia en el poder local “hace 17 años”, la demanda es clara: los vecinos quieren tener un rol activo en decidir el futuro de sus barrios. Esta participación no solo importa desde la perspectiva de la justicia urbana, sino como un ejercicio de derechos ciudadanos que podría, en última instancia, llevar a desafíos legales si las preocupaciones de los residentes continúan sin ser atendidas.
El futuro del código urbanístico de Buenos Aires parece ser todavía incierto. Mientras tanto, la voz de los ciudadanos sigue resonando, demandando un equilibrio entre desarrollo urbano y preservación del estilo de vida que ellos mismos eligieron. Un desafío que requiere más que presentaciones de dibujos de escritorio, demanda un entendimiento honesto y profundo de la vida comunitaria y las necesidades reales de Buenos Aires.
