En un momento crítico para la educación pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la proyección del cierre de al menos tres jardines de infantes ha generado preocupación y debate. El gobierno de la ciudad argumenta que no hay un crecimiento poblacional significativo que justifique la existencia de tantas instituciones educativas destinadas a los más pequeños. Sin embargo, para muchos, esta decisión refleja una política de largo plazo que busca transformar el sistema educativo tal como lo conocemos.
Josefina Ramos, profesora en prácticas y residencia en profesorados de la ciudad e investigadora en procesos de reforma educativa, sostiene que la supuesta necesidad de cerrar instituciones se basa en “algo que se denomina estadística proyectiva”. Este tipo de estadísticas, según Ramos, “justifica la fusión y el cierre de una cantidad de jardines de infantes”, aunque en realidad forma parte de un proceso de reestructuración que el sistema educativo de la ciudad ha venido experimentando desde 2007.
El argumento central del gobierno se centra en que “no están naciendo chicos nuevos en la ciudad” y que la población se mantiene estable. Un dato que apoyan con una baja tasa de natalidad que, según dicen, alcanza casi el 44%. Este dato, extraído de indicadores socioeducativos producidos por el mismo gobierno, actúa como respaldo de una política estatal que se proyecta hacia el futuro, donde “van a ir cerrando instituciones”.
Una opción alternativa que propone el gobierno son las “unidades educativas”, pero estas plantean un desafío a la estructura tradicional del sistema educativo. Según Ramos, estas nuevas instituciones no son equivalentes a los jardines maternales o infantes tradicionales que están “regulados por el Ministerio de Educación y por un diseño curricular” que fue diseñado con la participación de múltiples actores para definir los contenidos educativos de las infancias.
Estas unidades educativas representan un nuevo paradigma, que como señala Ramos, presenta una ruptura pedagógica y laboral, ya que no solo cambia la metodología educativa sino también el perfil laboral de quienes trabajan en estas instituciones. Las nuevas entidades no dependen directamente del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Desarrollo, lo que significa que cambiasen tanto los marcos legales de contratación como la regulación pedagógica.
La raíz de esta transformación está en el incremento sostenido de los Centros de Primera Infancia (CPI) desde el 2007. Cuando el gobierno de orientación política actual asumió, existían solo 20 de estas instituciones orientadas a niños de sectores vulnerados. Hoy, según afirma Ramos, hay más de 80, las cuales son capaces de recibir hasta “11.000 niños”. Pero esta expansión lleva a cuestionar “qué tipo de educación queremos, en qué tipo de institución, con qué tipo de profesionales están a cargo de las infancias”.
La diferencia principal entre los CPI y los jardines tradicionales es su gestión y enfoque. A diferencia de los jardines que cuentan con directores y una estructura docente agremiada y con titulaciones acreditadas, los centros de nueva generación utilizan educadoras o cuidadoras que pueden no tener formación docente, y quienes, además, no tienen derecho a agremiarse. “Son instituciones que ofrecen una carga horaria de ocho horas”, menciona Ramos, una oferta atractiva para muchas familias dadas las condiciones laborales actuales.
Además, Ramos expresa su preocupación por la vinculación de estos centros con fundaciones y ONG, señalando que estas entidades a menudo están conectadas con “multinacionales y el sector empresarial,” lo que puede influir en un paradigma educativo más orientado al “liderazgo educativo, el emprendedorismo, las capacidades y las habilidades emocionales.”
La repercusión de estos cambios se percibe también en la comprensión lectora de las nuevas generaciones. Ramos destaca que recientemente en el Nacional Buenos Aires, un 70% de los estudiantes no superaban las pruebas básicas de comprensión lectora. Este ejemplo es sintomático de un fenómeno más amplio en el sistema educativo, donde “la formación de los maestros y las profesoras de la secundaria” se ve condicionada por currículos que priorizan nuevos formatos y tecnologías en detrimento de la profundización lectora.
Mientras los cambios en la educación continúan desplegándose, algunos ven esperanzas en la acción comunitaria y la fuerza colectiva. Ramos recuerda un ejemplo inspirador en el barrio de Parque Patricio, donde un jardín de infantes fue recuperado por los vecinos en asamblea, reflejando un esfuerzo común para hacer frente a la carencia de instituciones educativas adecuadas.
En conclusión, el cierre de jardines de infantes públicos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pone en el centro del debate la calidad y el enfoque de la educación temprana. Mientras el gobierno defiende su postura basada en datos estadísticos proyectivos, otros, como Josefina Ramos, avisan sobre las consecuencias a largo plazo de esta reestructuración. En este contexto, el compromiso y la movilización comunitaria emergen como pilares fundamentales para preservar y mejorar la educación pública que permita dar respuesta a las necesidades educativas del presente y el futuro.
