Elisa Muñoz, una de las vecinas damnificadas, expresó la frustración y el desamparo que sienten ante la falta de respuesta tanto de la constructora responsable como del gobierno de la ciudad. Las palabras de Muñoz son un reflejo de la desilusión persistente de estas familias, que tras casi un año, siguen esperando soluciones concretas y efectivas para regresar a sus hogares.
“La realidad es que estamos a esta altura, con todo el tiempo que ha pasado, bastante preocupados, preocupadas por la inacción por parte de la institucionalidad y la dilación por parte de la constructora”, señaló Muñoz. Aunque algunas partes del edificio, como el pasillo y las conexiones de servicios, resultaron gravemente dañadas, la mayoría de las propiedades permanecieron estructuralmente intactas. A pesar de ello, las familias fueron desalojadas y hasta ahora no han podido regresar, ni siquiera para recuperar la totalidad de sus pertenencias.
Según Muñoz, “el gobierno de la ciudad nos estuvo acompañando hace un tiempo y arbitró las medidas necesarias para que nosotros pudiéramos entrar 4 veces”, la última de ellas en junio. Durante esas visitas, las familias pudieron recuperar solo lo más esencial: ropa, documentos y medicamentos. Sin embargo, el conjunto de sus pertenencias, que representa mucho más que objetos materiales, permanece atrapado en una suerte de limbo inalcanzable.
La falta de manutención ha agravado el estado de las viviendas, que ya se encontraban deterioradas por el abandono. “Las rejillas de la terraza ya en dos casas se taparon por las hojas. Como no había nadie para barrer, se inundaron las casas que estaban bien”. Los daños continúan multiplicándose por la falta de acción adecuada y oportuna.
El caso ha seguido su curso judicial con una causa penal abierta por las muertes en el derrumbe. Sin embargo, Muñoz indicó que esta línea de investigación “no tiene nada que ver con la reconstrucción” de los hogares. Mientras tanto, la promesa de la constructora de reconstruir la edificación ha quedado en palabras vacías, sin ningún avance tangible. “Ellos tenían la voluntad de… frenar ese daño que contra nosotros se está cometiendo día a día, arbitrando todo para la reconstrucción”, mencionó Muñoz, describiendo las promesas no cumplidas de la empresa.
La falta de voluntad política y de acción por parte del gobierno de la ciudad también es evidente. Aunque inicialmente hubo cierto acompañamiento por parte de las autoridades, este ha disminuido considerablemente. “Ellos nos habían planteado en un momento que esto era un asunto entre privados”, comentó Muñoz, destacando la postura del gobierno de desentenderse de una problemática originada por una constructora privada.
Ante la impotencia y la incertidumbre, las familias damnificadas buscan hacer oír su situación en medios de comunicación, con la esperanza de que la visibilización atraiga la atención necesaria para incitar al gobierno y a la constructora a cumplir con sus responsabilidades. Muñoz expresó su preocupación por la percepción pública de que la situación ya se había resuelto, algo que dista mucho de la verdad. “Poder visibilizarlo, y después obviamente nosotros vamos a tomar medidas judiciales”, afirmó, convencida de que la batalla legal es el camino que se deberá recorrer en ausencia de alternativas más inmediatas.
La realidad es desoladora para estas familias que, a raíz de un incidente completamente evitable, han visto sus vidas truncadas. Varios de ellos aún deambulan entre viviendas temporales, alquiladas por la empresa constructora, pero sin seguridad de continuidad. “Cada 6 meses estamos de nuevo en la incertidumbre, si se nos van a renovar los alquileres o quedamos en la calle de un día a otro”, relató Muñoz, quien resumió la experiencia como “nos destruyó la vida, esa es la realidad, y nos sigue destruyendo día a día”.
Mientras tanto, la empresa constructora sigue operando con normalidad, sin enfrentar consecuencias significativas por su responsabilidad en el derrumbe. “No han tenido ninguna consecuencia, o sea, ninguna. Ellos siguen con sus negocios como si nada hubiera pasado”, subrayó una indignada vecina.
Pero esta situación no es única. La falta de regulación y control por parte del gobierno ha redundado en una creciente cantidad de derrumbes en la ciudad, con incidentes ocurridos en otros barrios vecinos. Como destacó Muñoz, “no se puede hablar de un error cuando es algo tan sistemático, ¿no? Acá evidentemente hay algo estructural que está ocurriendo”.
La apelación final de Muñoz es para la comunidad de Buenos Aires: estar atentos y actuar con conciencia cívica ante una industria de la construcción que carece de supervisión efectiva. Ante un entorno que se asemeja a una “ruleta rusa”, con riesgos latentes en situaciones similares de construcción adyacente, la solidaridad y la exigencia de justicia son más necesarias que nunca.
