En un clima de creciente tensión social y política, la represión de manifestaciones en Argentina ha suscitado alarmantes preocupaciones sobre la libertad de expresión y los derechos civiles. Recientemente, en la Plaza del Congreso, la intervención policial en una protesta antes de su horario programado evidenció el estado actual de la democracia en el país. Según Pablo Kleyman, “la represión venía porque había barrabrabas que iban a ir a la marcha, lo cual en principio […] siempre nos llevan a terrenos donde hay que explicar cosas absurdas”. Kleyman denuncia que estas acciones represivas representan un intento de infundir miedo en la población.
En el relato de Kleyman, se subraya que no existen pruebas visuales que justifiquen la cruda intervención policial: “no hay ninguna foto, no hay ninguna filmación en el que se vea algún incidente antes de que la propia policía reprima”. Esto plantea preocupaciones sobre el uso de la fuerza por parte del gobierno, según él, sin una justificación válida. La ausencia de medidas legales adecuadas para tales situaciones subraya la necesidad de mayor transparencia y responsabilidad en el manejo de la seguridad pública.
El análisis de Kleyman también resalta cómo el gobierno recurre a estrategias y leyes cuestionables para controlar las manifestaciones. Menciona que ante cualquier manifestación, se busca encuadrarla en el delito de sedición, pese a que, como explica detalladamente, “todo esto no se encuadra nunca en una protesta”. Este tipo de manipulaciones legales están diseñadas para servir como herramienta de intimidación.
Un aspecto alarmante de esta situación es el uso de discursos divisivos y amenazas por parte de funcionarios del gobierno. Kleyman resalta cómo “incluso el presidente tuitea ‘zurdos de mierda, tiemblen, van a correr’”. Estas expresiones no solo son provocativas, sino que promueven una atmósfera de odio e intolerancia hacia cualquier disidencia o crítica al gobierno.
La represión no solo busca silenciar a los manifestantes, sino que además, parece ser una táctica para desviar la atención de problemas económicos críticos. Al respecto, Kleyman advierte que estas acciones están ligadas a políticas económicas que benefician a unos pocos a costa de muchos. “En la matriz esta fascista del gobierno, lo que hay que ver y buscar es que en realidad es la implementación de un plan económico que beneficie a unos pocos, que perjudica a la mayoría, y que como toda política de hambre, la única forma que tiene de cerrar temporalmente es con represión.”
Kleyman también critica la falta de acción por parte del poder judicial y legislativo en frenar estos abusos. Subraya que “ni los fiscales ni los jueces abren investigación de oficio” y que el poder legislativo “no solo termina convalidando todo, sino que asistimos a un espectáculo lamentable en el cual legisladores que firman un proyecto de ley terminan votando en contra de su propio proyecto”. La pasividad de estos poderes no solo erosiona la confianza en las instituciones democráticas, sino que también implica una complicidad tácita con las tácticas intimidatorias del gobierno.
La entrevista da cuenta de un gobierno que, según Kleyman, busca consolidar un control absoluto al estilo autoritario. En sus palabras, “si el presidente pudiera gobernar con su hermana y su perro muerto, lo haría”. Esto revela una profunda preocupación sobre el futuro de la democracia y el respeto por la diversidad de opiniones en el marco del Estado de derecho.
La narrativa de Kleyman invita a una reflexión necesaria sobre el estado actual de las libertades en Argentina. En un contexto donde la represión se viste de legalidad y donde cualquier voz disonante es considerada como enemigo, el desafío es encontrar caminos hacia un diálogo auténtico y una democracia robusta.
Tal como Rodolfo Walsh lo expresó de manera tan elocuente hace décadas en su Carta a la Junta, que todavía resuena con verdad y urgencia: el verdadero crimen radica en la miseria planificada y la represión de los más vulnerables. La historia reciente en la Plaza del Congreso sirve como recordatorio de que el compromiso con la justicia social y los derechos humanos sigue siendo una batalla activa. En cada gas lacrimógeno lanzado y en cada arresto injusto, se manifiesta una lucha continuada por la dignidad y la equidad, que ningún gobierno debería ignorar ni minimizar.
Resulta imperativo que tanto las instituciones como la sociedad civil se enfrasquen en un debate sincero sobre el valor de la democracia y las formas de preservarla frente a las agresiones del poder autoritario. Como bien lo sentencia Kleyman, “pueden reprimir, pueden meternos presos, pueden intentar asesinarnos como están haciendo, pero va a ser temporal y no van a poder detener nunca a un pueblo”.
