En el corazón de la controversia está el anuncio de que no se asignarán nuevas vacantes para la residencia de trabajo social en el Garrahan, lo cual, según los especialistas, representa “un ataque a ciertas disciplinas” que son cruciales para la atención integral de la salud. Este cierre no solo afecta la continuidad laboral y formativa de los profesionales, sino que también repercute en la calidad y amplitud de los servicios ofrecidos a los pacientes.
El trabajo social en el ámbito hospitalario es fundamental, particularmente en un contexto tan especializado como el de pediatría que maneja el Garrahan. “Es una instancia formativa de la profesión”, destacaron representantes del hospital, subrayando la importancia de este programa como una rama esencial del abordaje en salud que quienes estudian estas carreras consideran vital.
Este no es un caso aislado. Meses atrás, el Hospital Bonaparte, especializado en adicciones y atención neuropsiquiátrica, también enfrentó el cese de renovaciones para los cupos de su residencia interdisciplinaria de salud mental. En ambos casos, se acusa al Ministerio de Salud, dirigido por Mario Lugones, de implementar una política que “apunta contra la interdisciplina y la atención integral” y que beneficia, por extensión, a la medicina privada al desinvertir en programas públicos.
Los profesionales y gremios del Garrahan no están solos en su lucha. Desde el Bonaparte y otros hospitales públicos han alzado la voz contra una serie de medidas que consideran como un detrimento al acceso universal y de calidad en salud pública. “Es evidente que se trata de una política muy consistente por parte del Ministerio”, afirman, indicando que esta situación no es un incidente aislado, sino parte de una estrategia más amplia que afecta a diversos centros de salud, como el Hospital Posadas.
En el caso del Garrahan, la situación es aún más compleja debido a la histórica disputa sobre el financiamiento compartido entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Nación. Aunque el cierre de estas vacantes ha sido adjudicado al gobierno nacional, no se exime de responsabilidad a la administración de la ciudad, tradicionalmente acusada de descuidar su contribución al presupuesto del hospital.
El cierre de la residencia es percibido por muchos como un intento de socavar y “desvalorizar la profesión y su incidencia en los procesos interdisciplinarios e intersectoriales de atención a la salud pública”. En efecto, al no permitir la continuidad de este programa, se pierden puestos de trabajo que ya no se volverán a crear, y con ellos, una parte crucial del engranaje necesario para mantener una atención médica que contemple todos los aspectos del bienestar del paciente.
En medio de esta preocupación creciente, se han difundido cartas desde el servicio social del hospital advirtiendo a la comunidad sobre la decisión adoptada por las autoridades. Aunque todavía no existen confirmaciones oficiales, la resonancia del mensaje ha generado inquietud en el ámbito sanitario y entre los defensores de la salud pública.
Además de la problemática en el Garrahan, otro frente de críticas ha surgido en la Ciudad de Buenos Aires, donde el gobernador Jorge Macri enfrenta denuncias por parte de diversas organizaciones que alertan sobre fallas en el pago de subsidios habitacionales. Esta situación amenaza con dejar a más de 10,000 familias, muchas de ellas viviendo en condiciones precarias, sin un techo bajo el cual resguardarse.
En un tiempo donde la salud pública debería ser un bastión inamovible de la política del país, las decisiones recientes tienen efectos colaterales que son motivo de profunda preocupación. La comunidad médica, los trabajadores de la salud y los defensores de los derechos públicos siguen alzando la voz, demandando explicaciones y, sobre todo, acciones que reafirmen el compromiso con la salud pública de calidad y accesible para todos.
La batalla sigue en pie y la historia que se escribe en el Garrahan podría ser solo el principio de un debate nacional mucho más amplio sobre el futuro que deseamos para nuestro sistema de salud. En momentos críticos como este, la participación activa y el compromiso continuo son imprescindibles para asegurar que las voces de todos los sectores implicados sean escuchadas y respetadas.
