Un negocio inmobiliario bajo la lupa
Gustavo Moreno, delegado gremial de ATE Contaduría del gobierno porteño, reveló detalles de esta situación y destacó que “nosotros lo prorrateamos y sacamos obviamente la cuenta que alrededor de 7 millones de pesos por día se paga por el alquiler de ese edificio. Parece que 7 millones de pesos por día es impactante, pero si lo proyectamos, tenemos 205 millones de pesos por mes de un alquiler”. Moreno puntualizó que en un semestre el gasto ascendería a 1230 millones de pesos, y en diez semestres de contrato, la erogación total sumaría 12.300 millones de pesos. La cifra asusta a los trabajadores que ni siquiera podrían imaginar ver semejante suma en sus vidas. “Esto solo en un alquiler”, subrayó el delegado.
Además, Moreno utiliza esta situación para reflexionar sobre el uso de los recursos inmobiliarios de la ciudad, señalando que con la cantidad de dinero invertido en este alquiler se podrían haber construido múltiples edificios en terrenos que antes eran propiedad del Estado. “Hay tantos otros terrenos, edificios, casas… y aún así, no parece ser suficiente”, lamentó. Esta situación exhibe no solo un posible caso de despilfarro de recursos públicos, sino también cuestionamientos sobre la gestión del patrimonio inmobiliario de la ciudad.
Relaciones y cuestionamientos sobre propiedad
A la intriga del costo del alquiler, se suma la incertidumbre acerca de la propiedad del edificio. Desde la presidencia de Mauricio Macri, el manejo de bienes raíces en la ciudad se ha visto frecuentemente salpicado de dudas y críticas, acusándose al exmandatario de favorecer a sus allegados. Sobre la propiedad de Canales, Moreno expuso: “Absolutamente todo lo que tiene que ver con este tipo de maniobra inmobiliaria, termina siendo para un grupo selecto de amigos del poder, o directamente, emprendimientos y empresas de la propia familia Macri”.
Aunque todavía falta confirmar de quién es el edificio, la sospecha de que podría pertenecer a personas cercanas a Macri es fuerte. Este tipo de negocios inmobiliarios han sido una constante en la gestión del ex presidente y sus aliados en la ciudad.
Consecuencias para los trabajadores
La denuncia no solo busca destacar el tema del alquiler, sino que también refleja las condiciones laborales adversas que enfrentan los trabajadores de las oficinas del gobierno de la ciudad, quienes podrían verse afectados por una mudanza al edificio Canales. Moreno comentó que el gobierno ha amenazado con mudarlos a este edificio, lo que no garantizaría mejoras laborales. “Lamentablemente las oficinas no cumplen con los requisitos necesarios de seguridad e higiene en el trabajo”, señaló.
Moreno explicó que “los pisos del edificio son pisos en donde cohabitan entre 300 y 500 personas” y agregó que las condiciones pueden hasta causar problemas auditivos por el ruido. Este tipo de condiciones no solo impacta negativamente en la calidad laboral, sino que podría considerarse un castigo por el activismo y las denuncias de los trabajadores.
Alternativas y gestión de recursos
El análisis gremial no se queda solo en la crítica, sino que propone una utilización más eficiente de los recursos de la ciudad. Con el edificio de Canales bajo arrendamiento tan costoso, Moreno argumenta que “se podría haber utilizado en otras cuestiones”. Resalta que una parte de esos 12.300 millones de pesos podría destinarse a servicios esenciales de la ciudad, como la educación y la salud, que han visto mermadas su calidad y atención por la insuficiente asignación presupuestaria.
Desde ATE Contaduría se comprometieron a continuar con la lucha contra una mudanza sin sentido y precisamente por luchar para conservar espacios propios del gobierno de la ciudad que han sido vendidos a precios irrisorios. Hasta el momento, la respuesta del gobierno frente a estas denuncias ha sido escasa, pero la presión generada podría eventualmente llevar a un debate más amplio sobre la gestión de los bienes y recursos públicos.
La situación abre un debate importante sobre cómo se gestionan y venden las propiedades públicas en Buenos Aires, y quiénes son los verdaderos beneficiarios de estos millonarios alquileres y ventas. En tanto, los trabajadores esperan no solo una respuesta por parte del gobierno local, sino también un giro en las políticas que priorice las necesidades básicas y brinde transparencia a los negocios que involucran dinero público.
