En un reciente operativo, la policía de la ciudad de Buenos Aires protagonizó un episodio de represión en el barrio de Villa Soldati, donde el uso de gas pimienta contra una niña de 12 años provocó un fuerte repudio social. Este incidente resalta una problemática recurrente en la capital argentina, donde los cartoneros y los sectores más vulnerables se enfrentan a operativos de desalojo y represión.
El evento tuvo lugar cuando Uma, una niña de 12 años, se encontraba junto a sus padres durante un operativo de las autoridades de Espacio Público. Al intentar quitarles el carro, herramienta esencial para su trabajo como cartoneros, la situación devino en violencia cuando, según testigos, la policía roció gas pimienta contra la familia. “La policía de la ciudad fue la que estuvo reprimiendo ahí en Soldati”, se relata, y se denuncia que este tipo de acciones no son aisladas.
El hecho ha suscitado indignación y se suma a una serie de eventos similares que han sido denunciados por organizaciones sociales y medios alternativos, como Urbana TV, que estuvo presente para documentar la represión que ocurrió alrededor de las 11 de la mañana. “Esta situación se suma a las múltiples violencias que vienen denunciando los cartoneros”, se advierte, destacando que en otros barrios, como la Villa 31, también se han registrado operativos de incautación de carros y el hostigamiento a trabajadores que buscan su sustento en la recolección de materiales reciclables.
Pero el problema no se circunscribe solo a los cartoneros. Vendedores ambulantes también han sido objeto de fuertes operativos en distintas zonas, como la famosa Avellaneda, donde la actividad comercial informal es un salvavidas para muchos en la crisis económica actual. En este contexto, se critica la lógica de reprimir a los pequeños trabajadores mientras grandes empresas continúan con privilegios sin ser debidamente auditadas.
El trasfondo político de esta situación no pasa desapercibido. Con un gobierno local en plena campaña electoral, se destaca la contradicción entre las promesas de obras públicas grandilocuentes y la cruda realidad que enfrentan los barrios más humildes. “El gobierno de la ciudad está de campaña ya, obviamente, todos lo sabemos”, se comenta, y se lamenta que, mientras se anuncian líneas de subte y nuevas escuelas que no se concretan, “los vecinos de los barrios más humildes de nuestra ciudad siguen sin tener cloacas, sin tener agua potable”.
Las promesas incumplidas en el ámbito del empleo y los salarios también son fuente de frustración para la población. Se recuerda que el presidente llegó al poder prometiendo sueldos en dólares decentes, pero “la realidad es que en Argentina se está ganando el sueldo más bajo de los últimos 20 años”. Este deterioro económico contribuye a aumentar la dependencia de los servicios de comedores comunitarios, que también enfrentan la falta de infraestructura básica, como el acceso al gas natural, obligándolos a recurrir a garrafas.
Dado este panorama, el papel de las fuerzas de seguridad como “el brazo armado de quienes imparten la ley” se ve con escepticismo e indignación, especialmente cuando su intervención se enfoca en los sectores más vulnerables. “La policía va y actúa, recibe órdenes y su trabajo es acatarlas a ciegas, acomode el lugar y hacer exactamente lo que le piden las autoridades”, se observa, señalando la ausencia de explicaciones o responsabilidades por parte de los altos funcionarios tras estos operativos.
Finalmente, se prevé una gran concentración de policías en la zona del Congreso en el marco de una nueva protesta, esta vez de jubilados, quienes luchan por sus derechos en medio de ajustes y recortes. “Mañana, dicho sea de paso, hay proyectado que haya 2000 policías en la zona del Congreso en el marco de la protesta de jubilados”, se menciona, con la advertencia de que este podría ser otro día de represión y violaciones a los derechos de aquellos que solo buscan justicia social.
Estos eventos subrayan la difícil situación que enfrentan los más vulnerables en la ciudad más rica de Argentina, donde la brecha entre promesas políticas y la realidad cotidiana continúa ensanchándose. Resulta esencial un escrutinio público y un compromiso mayor de las autoridades para abordar estas disparidades con acciones concretas y no con violencia y represión.
