En el transcurso de estos días, Buenos Aires ha sido testigo de una serie de eventos que reflejan el estado crítico en el que se encuentra la nación bajo el gobierno de Javier Milei. Las decisiones gubernamentales, tanto a nivel nacional como local, están generando una ola de descontento entre los ciudadanos, quienes ven cómo los espacios públicos y las estructuras del bienestar social son desmanteladas sin miramientos.
Un evento reciente y particularmente perturbador ha sido la demolición de un centro de jubilados y su cancha de bochas en el Parque Saavedra. “Efectivos de la Policía de la Ciudad y operarios del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana del gobierno porteño, este martes, hoy, pero a la madrugada, entre la madrugada y la mañana, montaron un operativo en el Parque Saavedra para demoler un centro de jubilados y su cancha de bochas”, se describe en un informe que denuncia estas acciones insensibles hacia la comunidad. No es solo una demolición física; es una demolición del tejido social que provee apoyo y comunidad a personas de la tercera edad.
Esta acción se desencadena en un contexto donde las políticas del gobierno actual están provocando efectos devastadores en el empleo y la economía. Casi 60.000 puestos de trabajo se han perdido en un corto período; las pequeñas y medianas empresas cierran a un ritmo alarmante, mientras que la pobreza y la incertidumbre aumentan. Se menciona que “no contemos la cantidad de empresas, de pymes sobre todo, que se vienen perdiendo, comercios que cierran, gente que no llega a fin de mes, que usa la tarjeta de crédito, que se endeuda para comer”. Estos son los síntomas de una economía que lucha por sobrevivir bajo políticas que muchos consideran antiestatistas.
El gobierno de Javier Milei está acercándose al límite de su poder sin restricciones, comúnmente referido como “superpoderes”, lo que ha permitido una serie de decisiones unilaterales y, según se denuncia, perniciosas para el país. Se subraya que “el día de mañana se le vencen los superpoderes a nuestro presidente de la nación, Javier Milei”. Un recordatorio de que estas facultades pueden tener repercusiones a largo plazo difíciles de revertir una vez instauradas.
En paralelo, las políticas de desregulación han dejado un rastro de desmantelamiento de las instituciones y entidades estatales fundamentales para el país. Se comenta que “hoy salió un decreto del Ministerio de Desregulación a cargo del inefable, inolvidable, increíblemente nuevamente Ministro del Gobierno a la sazón, esta vez de desregulación del Estado. O sea, es como un Estado que se come a sí mismo, se destruye a sí mismo”. El impacto de estas políticas se siente no solo en las grandes instituciones sino también en pequeños rincones como el INTI y el INTA, donde trabajadores han tenido que salir a la calle a protestar por la preservación de sus empleos.
La situación no mejora con el aumento alarmante de personas en situación de calle. Según datos recientes, “la Nación acusa, ya te digo, más, no, redondo, 12.000 personas en situación de calle, 12.000, la Nación”. Esto solo en la Ciudad de Buenos Aires, y es un número que, según los residentes, está infravalorado.
En medio de esta turbulencia, los medios masivos de comunicación a menudo parecen desviar la atención de estos temas críticos. El discurso popular expresa que “estamos todos muy distraídos viendo TN, América, Infobae y La Nación Más… no sabemos lo que pasa debajo de nuestras narices”. La conexión entre el público y la realidad se difumina a medida que los intereses mediáticos moldean la narrativa pública.
Ante este desalentador panorama, la reflexión ciudadana emerge como una herramienta crucial para la concienciación y el cambio. Las acciones como la demolición del centro de jubilados no solo requieren indignación sino también una respuesta coordinada de la población. Se recalca que “nos están vendiendo el país, no vendiendo, porque si lo vendieran quizás tendríamos algún dividendo por ser socios. Digo, no, somos el pueblo de la Nación Argentina, somos socios en todo esto que se creó”.
El caso del Parque Saavedra es un símbolo de una fase crítica para la nación. No solo por la pérdida tangible de un espacio comunitario, sino por lo que representa en términos de políticas gubernamentales que afectan a la estructura social del país. Observamos cómo, detrás de cada ladrillo derribado, hay una historia de negligencia y un llamado a la acción colectiva.
Mientras Argentina se enfrenta a desafíos significativos, es esencial que los ciudadanos permanezcan alertas y comprometidos con exigir transparencia y responsabilidad a sus líderes. La demolición en Parque Saavedra es solo el comienzo de muchas discusiones que la nación deberá afrontar en los tiempos por venir.
