La apropiación de esta calle por parte de los jueces de Comodoro Py ha dado lugar a una serie de desafíos logísticos para los estudiantes de una escuela primaria situada en las inmediaciones. Como se menciona, los jueces “cerraron la calle para tenerla como estacionamiento privado” y, consecuentemente, los alumnos ahora deben “caminar casi dos cuadras para llegar desde el micro o desde la entrada peatonal del colegio hasta el propio colegio”. Pero la cuestión no es solo la incomodidad de caminar largas distancias; el verdadero problema radica en los riesgos asociados.
La instalación de rejas y alambrados que protegen el área impide totalmente el ingreso rápido y efectivo de servicios de emergencia. “Los chicos y las chicas están en peligro porque tampoco puede entrar, por ejemplo, una ambulancia o una autobomba”, se recalca. La seguridad de los estudiantes se ve directamente comprometida por esta insensible decisión.
Este fenómeno de apropiación de espacios públicos no es un caso aislado en Buenos Aires. Existe otro ejemplo emblemático: el Grupo Clarín, que “cerró una cuadra de una calle” para expandir sus instalaciones corporativas, unificó dos manzanas bajo su control. “Clarín se apropió, se hizo un gran, gran, gran terreno”, se señala, recalcando el abuso de poder de las corporaciones en la ciudad.
Mientras tanto, Buenos Aires se prepara para otro importante evento. Está programada una “multitudinaria marcha” que reivindica no solo la recuperación de espacios públicos, sino también una serie de mejoras en la infraestructura y servicios de salud. Las demandas incluyen la “restitución de los presupuestos”, “aumentos de salario” y la “contratación de personal”, en un esfuerzo por corregir los déficits en los sistemas de salud que afectan a importantes establecimientos como el Hospital de Niños Garrahan, el hospital psiquiátrico Laura Bonaparte, el Hospital Durán, el Hospital Elizalde y el Hospital Oncológico Maricurí.
El Hospital Garrahan, que “está siendo también por el gobierno nacional”, concentra gran parte de este reclamo debido a su dependencia del presupuesto nacional en un 80% y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un 20%. Sin embargo, la precariedad sanitaria se extiende a otras instituciones críticas de la ciudad. “También hacen falta montones de insumos” en lugares como el Hospital Elizalde y “podríamos decir lo mismo del hospital oncológico Maricurí”.
El sistema de salud enfrenta una crisis notable gracias a las decisiones del gobierno libertario de Javier Milei de “dar de baja los presupuestos, las políticas”, exponiendo a críticas a la actual administración y a una oposición que parece “no se termina de organizar”. Las carencias y sacrificios en el sector salud ilustran un periodo que algunos observadores caracterizan como una fase de subversión institucional. “Todo se está subvirtiendo, toda institucionalidad se está subvirtiendo”, señalan, percibiendo una tendencia alarmante en cómo el poder se maneja y se distribuye desde el gobierno federal hacia instancias locales.
La situación que envuelve al urbanismo y la salud pública en Argentina no solo resalta las disparidades urbanas, sino que superpone la cuestión del uso y abuso del poder en la esfera pública. Con mandatos que pasan por encima del bienestar ciudadano y un sistema de justicia que, “como nunca”, parece inclinarse a intereses del poder, la necesidad de un periodismo vigilante y de una ciudadanía activa es cada vez más imperante.
Este es solo un ejemplo más de lo que se experimenta bajo un liderazgo que, al parecer, da prioridad a las élites políticas y corporativas sobre comunidades vulnerables y derechos cívicos. “El periodismo pendiente”, dedicado a arrojar luz sobre injusticias y desigualdades, se convierte en herramienta crucial para visibilizar esta problemática y abogar por cambios que aseguren espacios públicos equitativos y un sistema de salud accesible para todos.
