Esta medida ha generado controversia y preocupación entre las comunidades afectadas y las organizaciones sociales de la ciudad. La razón principal que el gobierno esgrime para implementar este reempadronamiento es la necesidad de tener “un registro actualizado, y más claro, de las personas que reciben asistencia alimentaria en los espacios comunitarios”.
Desde la perspectiva oficial, este proceso busca “cruzar todos esos censos” realizados con anterioridad, tanto por las organizaciones sociales como por el mismo gobierno de la ciudad, para verificar y validar quiénes son realmente los beneficiarios de estas ayudas. Es una respuesta directa al aumento de la demanda en los comedores comunitarios, donde se argumenta que “la alimentación estaría limitada al plato de comida y a la merienda”, en un intento de optimizar y asegurar que la cantidad de asistencia proporcionada coincida con el número de personas oficialmente registradas.
Carmen Cirano, una reconocida activista y referenta del Movimiento Territorial Liberación (MTL) en Buenos Aires, comenta sobre esta iniciativa, sugiriendo que la medida del gobierno busca principalmente “limitar la situación de las problemáticas alimentarias de la ciudad a través de los comedores” y “limpiar de manera sustancial los comedores asistidos para intentar llegar al mínimo posible”. Sus palabras reflejan una inquietud extendida en las organizaciones sociales, que temen que estas acciones se traduzcan en un recorte significativo en la asistencia alimentaria que se ofrece a las poblaciones más vulnerables.
Uno de los aspectos más críticos del reempadronamiento es que se exige a los beneficiarios presentarse con su Documento Nacional de Identidad (DNI), tanto de ellos como de todos los integrantes de su grupo familiar. Si alguien no cuenta con el DNI, el gobierno ha dispuesto “equipos itinerantes para recorrer los barrios y sacarte el DNI”. Sin embargo, esta intención de regularidad y control administrativo ha sido interpretada por Cirano como un mecanismo que dificultará el acceso a aquellos realmente necesitados. Ella advierte que la nueva normativa podría desencadenar “la limpieza de la estafa alimentaria”, aunque sugiere que en realidad, se trata del “achique de la necesidad alimentaria”.
Cirano también señala que la política vigente juzga a las familias por multiplicar su consumo de alimentos mediante la asistencia de varios comedores comunitarios. Se ejemplifica cómo una familia que ocupa varios servicios de comedores comunitarios podría ser vista injustamente bajo el supuesto de duplicidad de raciones, lo cual aumenta su vulnerabilidad acreditando menos soporte del que verdaderamente necesita.
Con esta nueva normativa, los comedores y centros comunitarios tendrán que certificar quiénes son sus beneficiarios, lo que, según Cirano, se traducirá en una caída del número de raciones ofrecidas, sin oportunidad de inclinarse por los más necesitados debido al temor instaurado de ser expuesto o retirado de las listas de asistencia. “Por más acuerdos que vos tengas de un comedor que asiste a tres puntos más”, advierte, ahora será un problema cruzar esos listados. Se estima que esto pueda provocar que “la mayoría de los comedores van a tener bajas”.
El comentario general entre las organizaciones es que el recorte de asistencia está focalizado en una reducción innecesaria, disfrazándolo como un control y balance necesario. Esto ignora la realidad de las familias afectadas, “familias con total vulnerabilidad”, enfatiza Cirano, que sobreviven en su mayoría “sin trabajo, haciendo trabajo comunitario a través de un plan”. La llegada de la política de reducción del gobierno ha dejado a las familias sin estos recursos fundamentales.
Otra consecuencia preocupante detalla Cirano es que el proceso de reempadronamiento también intenta trazar una línea más clara entre población nacional y extranjera. En el contexto actual, parece tener un sesgo restrictivo respecto a la población migrante. La activista destaca cómo en estos días se ha intensificado la regulación migratoria, hasta llegar a exigir documentos específicos para visitas cortas, ejemplificando con un caso reciente que involucra a una familia peruana.
En la opinión de Cirano, estas acciones no son solo un ataque a los derechos individuales establecidos en la constitución, sino un preludio a política nacional que algunos creen se está preparando para ser implementada. Ella finaliza calificando la táctica del gobierno como “parte de los recortes de los derechos que teníamos y que vienen siendo abortados con una ilógica total por parte del Gobierno Nacional”, subrayando la presión que se está ejerciendo sobre los más vulnerables, a los cuales asistían organizaciones en un intento por mitigar los efectos de un sistema de bienestar social en constante deterioro.
La comunidad observa este proceso con atención e inquietud, consciente de que el impacto del reempadronamiento en los comedores de la Ciudad de Buenos Aires podría dejar a muchas familias aun más expuestas en su lucha diaria por el alimento y la seguridad alimentaria. La controversia generada por este reempadronamiento parece estar lejos de resolverse, y la medida corre el riesgo de dejar a muchas personas fuera del sistema de ayuda alimentaria, exacerbando así problemas ya graves de pobreza y desigualdad en la ciudad.
