Los efectos nocivos del asbesto son bien conocidos y su uso ha sido prohibido en Argentina desde hace más de dos décadas. Sin embargo, como señala Claudio Dellecarbonara, este mineral “deberían haber retirado de nuestros lugares de trabajo y que también son los lugares de viaje para millones de usuarios”. La inacción en la gestión de esta amenaza tiene graves implicaciones para la salud pública. Actualmente, hay 115 trabajadores afectados que enfrentan la posibilidad de desarrollar cáncer en cualquier momento, y millones de usuarios que corren el riesgo de contaminación. “El asbesto está presente en las seis líneas y en el premetro, en instalaciones eléctricas, sanitarias, en techos, en paredes, en recubrimientos, en revestimientos y además en piezas de diferentes trenes que todavía siguen circulando”, detalla el dirigente.
La presencia del asbesto no se limita a las instalaciones. Al deteriorarse, sus fibras se vuelven volátiles y terminan en el aire respirado por trabajadores y usuarios, así como en las ropas, extendiendo así la contaminación al entorno familiar de cada individuo expuesto. “Vos entrás en contacto con el aire que está en la red de subterráneos, en los túneles, y ya existe la posibilidad de que haya una fibra, la respires, o te la lleves en la ropa”, explica Dellecarbonara. El dirigente gremial destaca que esta situación convierte al subte en “una bomba de tiempo”, donde además de una crisis sanitaria latente, el estado de los trenes y las condiciones laborales son deplorables. “Trenes que en algunos casos, como en la línea B, tienen 70 años de antigüedad”, comenta, resumiendo el deterioro de la infraestructura.
La respuesta de las autoridades y la empresa ha sido insuficiente. “Después de dos años logramos que reconocieran que existía asbesto, pero ahora lo que dicen es que hay poquito, que no afecta tanto”, señala Claudio en relación con la larga lucha de los trabajadores para obtener reconocimiento de esta grave situación. Aunque se han retirado toneladas de asbesto de las instalaciones, persisten cantidades significativas que continúan representando una amenaza para la salud. El dirigente destaca que “quedan tres, cuatro, cinco veces más de lo que se retiró”.
A pesar de los serios peligros reportados, los trabajadores enfrentan una batalla contra la inercia burocrática y empresarial. Dellecarbonaraadvierte sobre la “política criminal que tiene tanto la empresa concesionaria como el gobierno de la ciudad en este caso”. Las demandas de los trabajadores son claras: el retiro inmediato del asbesto, la sustitución de trenes contaminados, y la implementación de vigilancia médica para los empleados expuestos al mineral, una solicitud que, a pesar de su urgencia, aún no ha tenido eco en las instituciones responsables.
En cuanto a las acciones de protesta, los trabajadores del subte han enfrentado no sólo la indiferencia, sino también la represión. “Cuando nosotros hacemos acciones que no afectan el servicio, nos persiguen y nos intentan, digamos, callar”, denuncia Dellecarbonara, quien compartió un reciente episodio donde una apertura de molinetes para visibilizar la causa terminó con una causa penal en su contra. La táctica, sostiene, es silenciar cualquier disidencia: “Callate la boca, porque si no, te va a pasar esto. Callate la boca, no digas nada, porque te he hecho”.
El problema no se limita a los trabajadores. “Los usuarios, que son trabajadores igual que nosotros, son nuestra familia las que viajan ahí, están expuestas a esta posibilidad”, advierte el dirigente. Aunque se han confirmado casos de usuarios contaminados por asbesto, la mayoría de las personas no está alerta sobre estos peligros. Además, muchos evitan hacerse estudios médicos que puedan confirmar la exposición debido a la complejidad y el costo que estos implican.
El problema del asbesto en el subte es parte de una problemática más amplia sobre la gestión pública y las privatizaciones. El subte, como destaca Dellecarbonara, se ha privatizado de manera que beneficia a pocos y deja en riesgo a muchos. La concesión a manos privadas ha resultado en “enormes ganancias” para el grupo empresarial, mientras que las condiciones del servicio y la seguridad quedan relegadas. “El negocio siempre es para el privado. Nunca se piensa en función de la necesidad de los millones de trabajadores que necesitamos en transporte público”, concluye Claudio.
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro continúa su lucha, prometiendo seguir adelante con las demandas y la visibilización del problema. “La pelea continúa y no va a terminar hasta que no logremos el objetivo que todos necesitamos”, afirma Dellecarbonara, subrayando la importancia de que todos los ciudadanos comprendan la magnitud del riesgo y se unan a la causa, poniendo en perspectiva que “acá se trata de la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de los usuarios que utilizan la red cotidianamente, y de muchos vecinos que también están expuestos”.
Mientras tanto, las preguntas sobre el futuro del subte de Buenos Aires persisten. ¿Cuándo se tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios? La lucha no solo es por justicia para aquellos que han sido afectados, sino también para prevenir futuras tragedias en una de las redes de transporte más antiguas y críticas del mundo.
