Recientemente, el Auditor General de la Ciudad de Buenos Aires, Lisandro Teszkiewicz, ha puesto en el foco un inquietante informe sobre el estado de la educación especial en la ciudad, revelando que “hay un dinero que falta”. Se trata de una cifra nada despreciable de 527 millones de pesos, cuyo destino parece envuelto en el misterio y la falta de claridad administrativa. Este descubrimiento es apenas el iceberg de una serie de problemas más profundos que afectan al sector, que contemplan desde el cierre de escuelas hasta la precarización laboral de los docentes.
Una Alarma en las Finanzas de la Ciudad
Lisandro Teszkiewicz destacó una grave incongruencia en los balances del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación: “Cuando le pedimos el listado a la Dirección de Educación Especial de los docentes de educación especial, nos dan 204 personas menos”. Esto se traduce directamente en que hay pagos a docentes que no están siendo contabilizados oficialmente en sus puestos, lo que representa esos 527 millones de pesos en cuestión.
“Esas 204 personas que el Ministerio de Hacienda dice que paga su salario por ser docentes de educación especial y que el Ministerio de Educación no los tiene contabilizados”, reveló Teszkiewicz en relación a una duplicidad inexplicable en los registros.
Un Sistema al Borde del Colapso
El informe de Teszkiewicz no solo hace referencia al déficit económico, sino que también pone en evidencia el desmantelamiento sistemático de la educación especial. Esta tendencia es parte de una política de crueldad, un tema que no es nuevo en la administración de la ciudad. “El gobierno de la ciudad viene sistemáticamente desmantelando lo que es la educación especial en la Ciudad de Buenos Aires,” señaló Teszkiewicz, comparando esta situación con políticas nacionales que han sido duramente criticadas por su impacto negativo en la población con discapacidad.
Una de las problemáticas más serias es que “sólo el 30% de los docentes son titulares. Todo lo demás se cubre con interinos, interinos especiales, suplentes y transitorios,” una situación que deja al 70% de los educadores en una incómoda posición de precariedad laboral. Los docentes, que son la columna vertebral de cualquier sistema educativo, se enfrentan a condiciones laborales inestables, lo que reproduce una cadena de fragilidades en el sistema que impacta directamente en los estudiantes, especialmente en aquellos con necesidades especiales.
La Ilusión de la Inclusión
Una de las prácticas educativas promovidas a nivel internacional es la inclusión de estudiantes con necesidades especiales en escuelas comunes. Sin embargo, en Buenos Aires, esta estrategia parece un reflejo más de una política sin sustancia. “Nos genera en las escuelas comunes mucha queja de docentes que no están capacitados, que estos acompañamientos, estos apoyos, no aparecen nunca,” denunció Teszkiewicz sobre el fallido proceso de inclusión. La ausencia de recursos adicionales y el soporte necesario coloca en peligro tanto a los docentes como a los estudiantes, llevándolo a calificar este proceso como “falsa inclusión”.
El auditor también criticó el vacío en el seguimiento de los programas de inclusión: “Las mesas de trabajo para llevar adelante este proceso de inclusión e integración en la escuela normal no se reúnen, o al menos no están las actas”. Este desdén por los procedimientos recomendados no solo demuestra un descuido administrativo sino que refleja el abandono de un sector que necesita cuidados especiales y atención.
Modificaciones Presupuestarias Sin Control
Una parte significativa de este oscuro panorama recae sobre la falta de transparencia en el manejo de los recursos. Teszkiewicz reveló que “tenemos 17 modificaciones presupuestarias que no están publicadas en el boletín oficial”, lo que sugiere una alarmante desviación de fondos que debieron ser destinados a la educación especial. El informe de auditoría indica que a pesar de que el dinero parece seguir ejecutándose, no hay claridad sobre qué fines reales está cumpliendo.
Resiliencia en Tiempos de Adversidad
El desmantelamiento de las escuelas para niños con discapacidades y la reducción de la edad límite en la educación especial ponen en situación de vulnerabilidad a este grupo ya de por sí frágil. “Han tenido su trayectoria de formación en la sociedad, de sociabilización, su espectro de relaciones y de golpe, se les corta,” lamentó Teszkiewicz refiriéndose a la drástica decisión de reducir la edad tope para los estudiantes de educación especial a los 22 años.
Esta política, que extingue de un golpe las oportunidades de desarrollo personal y profesional para los jóvenes, es experimentada por la comunidad educativa como una crueldad sin sentido, dado que no hay alternativas adicionales proporcionadas a aquellos excluidos de estos programas.
Un Llamado a la Conciencia Colectiva
En una ciudad que maneja un presupuesto considerablemente alto -1700 euros por habitante, superior incluso al de Madrid- la situación de la educación especial es un reflejo de prioridades mal administradas. La pregunta que queda en el aire es cómo estos recursos no se traducen en un sistema educativo que pueda responder adecuadamente a las necesidades de todos sus ciudadanos.
Teszkiewicz instó a la ciudadanía a exigir responsabilidad y transparencia: “Nosotros deberíamos tener un sistema educativo, un sistema de salud pública, un sistema de transporte y un sistema de seguridad pública mejores que los de la Ciudad de Madrid”. Sin embargo, la realidad es un llamado de atención para todos aquellos comprometidos con una educación de calidad e inclusiva.
La actual situación en la Ciudad de Buenos Aires no solo subraya la necesidad urgente de cambios en la gestión pública, sino que, sobre todo, pide un enfoque más humano y responsable hacia los sectores más vulnerables de la sociedad. Las palabras de Teszkiewicz no solo denuncian una realidad alarmante; son, ante todo, un grito por un cambio inmediato y efectivo que debe resonar más allá del ámbito educativo, para abarcar toda la estructura de políticas públicas de una administración que parece haber fallado en su misión más fundamental: garantizar el bienestar de sus ciudadanos.
