Patricia Pines, referenta del colectivo Vacantes para Todos, proporciona una visión lúcida y crítica sobre este fenómeno en el contexto educativo porteño. “Efectivamente, en las últimas semanas se viene recrudeciendo esta política de vaciamiento que ya vienen aplicando desde hace tiempo”, comenta Pines. Las políticas, que iniciales se dirigieron al cierre de jornadas simples, ahora se extienden a un problema más profundo con la educación especial.
El impacto de estas decisiones es evidente. La erradicación de las jornadas simples, que comenzó con más fuerza en la pandemia, ha frustrado a numerosas familias que habían elegido este sistema para sus hijos. Pines comparte que muchos padres tienen razones específicas para elegir jornadas reducidas: sus hijos asisten a otras actividades extracurriculares en instituciones públicas. Esto se refiere a centros como el Conservatorio Manuel de Falla, los Centros Sensitivos de Idiomas, y varias otras instituciones artísticas y recreativas. “Tienen otro montón de actividades en otras instituciones que también peligran y que también son instituciones públicas”, explica Pines.
La comunidad educativa no solo enfrenta el cierre de jornadas simples sino un vaciamiento en la educación especial. Bajo un discurso de inclusión, el gobierno ha trasladado a estudiantes con necesidades especiales a las escuelas comunes sin invertir los recursos necesarios. “En las escuelas de educación especial había equipos interdisciplinarios… es muy alarmante porque obviamente eso deriva también en una gran explotación de la docencia”, resalta Pines, en alusión a la falta de recursos en las escuelas comunes para atender las diversas necesidades de estos estudiantes.
Otro problema señalado por Pines es lo que ella describe como una “dictadura” de la doble jornada, que permea ahora la educación pública de la ciudad. El estado ha obligado a numerosas escuelas a cambiar de jornadas simples a jornadas completas, una situación que Pines critica por no abordar los verdaderos problemas de fondo del entorno social en el cual viven estas familias. “La doble escolaridad en la escuela garantiza una vivienda digna, garantiza trabajo a esa familia?”, se pregunta Pines, cuestionando si estas medidas realmente solventan las verdaderas necesidades sociales.
La cuestión también afecta a las docentes, una profesión predominantemente femenina, con un 80% de maestras. “Era una de las pocas profesiones, creo yo, todavía más o menos compatibles con la maternidad”, lamenta Pines, describiendo cómo las maestras están siendo forzadas a expandir sus jornadas laborales, afectando sus derechos como madres y sus circunstancias personales.
El sentido de comunidad y la resistencia organizada son cruciales según Pines. “Las comunidades en el Distrito 14, que es el paternal, en el Distrito 7, en el Distrito 8, en el Distrito 15…”, menciona, destacando ejemplos de resistencia organizada que han logrado hacer retroceder algunas de estas políticas. Las comunidades educativas han comenzado a movilizarse, realizando abrazos a las escuelas, juntando firmas y haciendo campañas de fotos para viralizar en redes como parte de sus tácticas de resistencia.
Sin embargo, la lucha no es fácil y las familias saben que el gobierno puede intentar nuevamente en otro momento. Pines articula que la organización es clave: “Cuando se hace ruido, se sale a la calle, se convoca a los medios, empiezan a circular las setillas, ahí se calman y abandonan, como que no, esto da resultados”.
El llamado de Pines y de Vacantes para Todos es claro. Es necesario construir una red más fuerte entre las escuelas y las familias para resistir colectivamente, asegurando que las voces de todos sean escuchadas y que el gobierno no pueda avanzar con medidas que no solo alteran sino que potencialmente dañan la educación pública de Buenos Aires. Con un enfoque en fortalecer estas redes, Pines mantiene viva una chispa de esperanza en la lucha colectiva contra el vaciamiento educativo.
